Lourdes Pérez, DIARIO VASCO, 19/3/12
La voz crítica de los presos de Nanclares se ha erigido en contrapunto incómodo para la izquierda abertzale y sus tradicionales exigencias en materia penitenciaria
Puede existir un proceso de reinserción sin presos que lo acepten? Desde que ETA anunciara hace ahora cinco meses el cese definitivo de sus atentados y la situación penitenciaria de sus reclusos concentrara buena parte de la atención política en Euskadi, el debate se ha entrampado en los lugares comunes en que se ha movido la cuestión durante años. El más reiterado de todos ellos, el que resume todos los demás, es el de atribuir «inmovilismo» a los gobiernos de Rajoy y de Sarkozy y falta de compromiso y audacia al lehendakari López y al PNV por no responder al final de la violencia con una flexibilización de la situación de los reclusos. En la nebulosa de las palabras, eso implica adoptar iniciativas muy dispares, algunas con encaje legal -el acercamiento, la liberación de internos gravemente enfermos o la derogación de la doctrina Parot- y otras imposibles, como las medidas de gracia colectivas.
Sabedora de que la demanda de amnistía desemboca en un callejón sin salida, la izquierda abertzale ha ido diluyéndola en la más genérica y ambigua que pide el regreso a casa de todos los internos. Pero en el fondo, el esquema en que se desenvuelve la exBatasuna sigue anclado en la ortodoxia: ‘paz por presos’ o, lo que es lo mismo, la advertencia de que ETA no terminará de disolverse mientras los suyos estén encarcelados. En definitiva, que el fin del terror tiene que tener un precio último que permita justificar internamente la renuncia a las armas y salvaguarde, por poco que sea, la decisión personal de haberlas empuñado durante tanto tiempo y a costa de tanto sufrimiento.
El tópico que se deriva de este esquema -defendido por la izquierda abertzale pero no solo- es que el Estado está obligado a moverse, a replicar con gestos la decisión de ETA, para consolidar la paz. Y la conclusión a la que suele llevar es que no habrá solución al problema de los presos si el Gobierno y el resto de poderes institucionales concernidos no relajan su estrategia en línea con lo que reclama la izquierda abertzale, que sería tanto como aceptar la existencia de un ‘estado de excepción’ en la aplicación de la ley que habría que corregir. Pero que la legislación penitenciaria y su traducción práctica desagraden a la exBatasuna no significa que no exista una salida para los presos, una vía para su paulatina reincorporación a la vida lejos de la disciplina etarra. Se trata de un trayecto de vuelta a la civilidad que combina los requisitos para acceder a un pronóstico de reinserción social y, con ello, a la libertad condicional del artículo 90 del Código Penal y la capacidad para modular la clasificación individualizada de cada recluso prevista en el 100.2 del Reglamento Penitenciario. La base para emprender ese viaje interior está en la asunción del daño causado. Aquí, la petición de perdón no es solo un concepto moral: es también una exigencia jurídica que trata de certificar que no habrá marcha atrás en el delito ni en lo que eso supone para el conjunto de la sociedad.
El legislador y quienes aplican las leyes tienen margen para adaptar la norma a las circunstancias de cada caso y están obligados a enderezar aquellos trances injustos o los excesos que se aparten de la inspiración racional y humanitaria del Derecho. El Gobierno de Rajoy parece dispuesto a emplear el arropamiento obtenido de socialistas y PNV en el Congreso a fin de poder analizar con sosiego la situación de los presos de ETA enfermos e incentivar los beneficios penitenciarios para los internos que hagan revisión crítica de su pasado y estén dispuestos a acogerse a la reinserción tasada legalmente. Esta última opción, si se concretara, introduciría un cambio con respecto a lo que ha venido ocurriendo hasta la fecha con el núcleo de reclusos disidentes de Nanclares, cuya credibilidad se ha cimentado en la ausencia de una promesa de mejora en su situación personal.
Resulta elocuente que la antigua Batasuna se mantenga alérgica a la palabra reinserción, un tabú que sus bases siguen identificando como una concesión vergonzante al Estado. Como lo es el pulso, todavía subterráneo, que se ha entablado entre la oficialidad abertzale y los presos de Nanclares, determinados a no tolerar las acusaciones de ‘traición’ que escuchan del que un día fue su mismo mundo. Las consecuencias de esas tensiones han sido por ahora limitadas, dado que apenas son un puñado los internos que se han apartado públicamente del colectivo de reclusos etarras nucleado en torno al EPPK. Pero los galones que portaron en su día los hoy ‘expulsados’ de la organización terrorista y el efecto benéfico para la convivencia futura que puede tener su asunción del daño causado los erige en un contrapunto incómodo para la izquierda abertzale tradicional.
La voz crítica del grupo de Nanclares recuerda algo muy elemental: que matar ha estado mal y que lo menos que se puede hacer para reparar semejante tragedia es asumir la responsabilidad y tratar de resarcir a las víctimas. Nanclares representa, en último punto, la singularidad del viaje individual desde las tinieblas frente al monolitismo con que se sigue presentando al colectivo oficial de presos de ETA. La incógnita es hasta dónde alcanza ese monolitismo y si persistirá sin fisuras ante el contraste continuado con el principio de realidad. O por decirlo de otro modo: si la reinserción tal y como está concebida tendrá o no presos dispuestos a acogerse a ella, aceptando por tanto las consecuencias -el relato- de un pasado de violencia.
Lourdes Pérez, DIARIO VASCO, 19/3/12