Ignacio Camacho-ABC
- El mercado de la automoción se está parando porque la transición ecológica descarga sus costes sobre los ciudadanos
El sector de la automoción representa en España un 8,5 por ciento del PIB y hasta un 11 si se incluyen la distribución y la parte proporcional de los seguros y las financieras. Genera un 18 por ciento de las exportaciones y alrededor de dos millones de empleos entre actividades directas e indirectas. Pues bien: en el pasado mes de julio se desplomaron las ventas hasta ¡29 puntos! respecto al mismo mes de 2020 y 28 respecto al de 2019, último verano antes de la pandemia. Y ello a pesar de la rebaja del impuesto de matriculación y las ayudas parciales a la movilidad eléctrica. Tenemos un problema y en buena medida tiene que ver con una política que desincentiva la compra de vehículos y estigmatiza su uso como una agresión doméstica contra el equilibrio del planeta.
Los planes de peatonalización y estímulo de bicicletas y patinetes abarcan zonas cada vez más amplias de nuestras ciudades y hacen que el automóvil deje de ser una inversión rentable. Los trabajadores que están obligados a desplazarse recurren a menudo a coches baratos de segunda mano, el único segmento en tímido auge a pesar de su menor seguridad y de su claro efecto contaminante. La electrificación del parque móvil va muy lenta: es cara, poco versátil y ofrece graves inconvenientes de repostaje. El número de puntos de carga es ridículo, pese al triunfalismo de las autoridades, en un país donde 19 millones de vehículos carecen de enchufe en el ‘parking’ porque simplemente duermen cada noche en la calle. La transformación verde, la descarbonización, no sólo resulta imprescindible sino inevitable pero ha de acompasarse a las necesidades de la población para no dejar atrás a nadie, si es que ese eslogan constituye algo más que una frase. Asentado el consenso mayoritario sobre los objetivos medioambientales, el ritmo de la transición adquiere una importancia clave.
Sucede en cierto modo lo mismo que con el recibo de la luz, en cuya subida tienen los derechos de emisión de CO2 una responsabilidad decisiva que no sabe, no quiere o se atreve a explicar la dirigencia política. La carrera por la Agenda 2030 va demasiado deprisa y corre el riesgo de convertir a los ciudadanos en paradójicas víctimas. La industria puede reconvertirse con relativa facilidad pero la aceleración de la mudanza descarga sobre las familias o los automovilistas los costes sobrevenidos de la energía limpia. Y al final, el proceso repercute sobre las rentas y la actividad productiva. En el caso de los coches, afectados por la presión fiscal de los carburantes y excluidos en la práctica del entorno urbano, la incertidumbre sobre los cambios pincha las ruedas del mercado: los consumidores dejan de comprarlos y la fabricación se está empantanando. La demagogia de tinte ecoprogresista se le va a escapar al Gobierno de las manos. No es posible avanzar rápido hacia ninguna parte con un motor económico parado.