La reforma del reglamento que permitirá a los independentistas votar la ruptura con España en pocas horas y sin debate previo ya tiene luz verde en el Parlament. Pero Junts pel Sí y la CUP se han quedado solos: ningún partido de la oposición participará en la ponencia para cambiar las reglas de la Cámara y ayer denunciaron la vulneración de sus derechos.
Un día después de que Artur Mas fuera inhabilitado durante dos años para ejercer cargos públicos como consecuencia de su participación en la consulta del 9-N de 2014, la Mesa del Parlament decidió acelerar el mecanismo para aprobar la «ley de desconexión» por la vía rápida. Mañana mismo se nombrará la ponencia redactora, pero Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y el PP ya han anunciado que no participarán en esos trabajos. Además, C’s y los populares estudian presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo.
Cuando se apruebe la reforma, ya no será necesario el acuerdo de todos los grupos de la Cámara para tramitar proposiciones de ley por la vía de urgencia, evitando los cauces de debate habituales. Los independentistas buscan evitar suspensiones e inhabilitaciones dictadas por el Tribunal Constitucional y ya han descartado por el mismo motivo el camino más lógico: que fuera el Govern quien presentara el proyecto.
Junts pel Sí prevé que la ley de transitoriedad jurídica, que también dará cobijo a la convocatoria del referéndum de independencia, sirva para cambiar la legalidad española por una específica catalana en un solo día. El grupo que da apoyo al Govern y la CUP ya tienen pactado el contenido de esa norma, pero lo esconden, también por miedo a la intervención del TC. Sólo se conoce el primer artículo: «Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social».
La oposición subrayó ayer su oposición a la reforma con el anuncio de que no legitimará la ponencia con su presencia. «No participaremos porque, básicamente, no es una ponencia conjunta. En el nombre está la trampa y nos quieren tomar el pelo», afirmó el portavoz de C’s en la Cámara, Fernando de Páramo.
El portavoz adjunto del PSC, Ferran Pedret, dijo que harán lo mismo para «no avalar la estrategia política» de los dos grupos independentistas. «Se intenta blanquear una decisión adoptada por el bloque mayoritario del Parlament que menosprecia los derechos del resto de grupos parlamentarios», afirmó.
El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, dijo que su grupo «no participará en la degradación de la vida parlamentaria» con su presencia en la ponencia conjunta. Insistió en que la reforma responde a una «estrategia partidista» de Junts pel Sí con la que intenta «engañar» al Estado, pero que al final supone una «estafa» a la ciudadanía porque suprime el debate parlamentario.
El portavoz del PP catalán, Alejandro Fernández, avanzó que hablará con el resto de grupos de la «oposición democrática» para «hacer un frente común contra el cómo nos quieren imponer esta ponencia conjunta» y consensuar una «estrategia común» para defender sus derechos, que podría pasar por el recurso de amparo.
RIGAU NO PIENSA DEJAR SU ESCAÑO EN EL PARLAMENT
Irene Rigau, la única de los tres condenados por desobedecer al TC al organizar la consulta del 9-N que es diputada, recibió ayer en el Parlament la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Lo hizo arropada por cerca de 30 diputados de Junts pel Sí, sus socios de la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot. Tanto ella como el portavoz adjunto de Junts pel Sí, Roger Torrent, aseguraron que no tiene previsto dejar el escaño en la Cámara. Y la portavoz del Govern, Neus Munté, expresó su «apoyo absoluto a la estrategia» que mantenga la condenada. El Parlament también decidió ayer que otro de los inhabilitados, Artur Mas, comparezca el 29 de marzo en la Cámara, en esta ocasión para explicar, por petición de todos los grupos, las acusaciones que Fèlix Millet, los Montull y varios empresarios han hecho en relación a la financiación irregular de Convergència en el juicio del ‘caso Palau’.