No hay protesta ciudadana que esté libre de la colonización política. Es lo que ocurre en todas las democracias y también en la española. Esta fagocitación de las protestas callejeras la practican todos los partidos, incluido el PP. La izquierda ha secundado a una parte importante de la profesión sanitaria y a decenas de miles de personas en la exitosa concentración de Cibeles del pasado domingo para reivindicar mejoras sustanciales en la Sanidad pública extrahospitalaria en la comunidad de Madrid. Otras manifestaciones similares se han celebrado en distintas ciudades como Santiago de Compostela o Pamplona y en prácticamente todas las comunidades autónomas se registra un fuerte malestar por las insuficiencias del servicio público de salud. 

La pandemia ha dejado una atención primaria devastada, a unos profesionales desbordados y, en general, a la profesión sanitaria estresada y exhausta por la reducción de personal médico que, en buena parte, ha migrado a la privada o se ha ido, en goteo, a otros países. Esta situación ha repercutido en un servicio insuficiente y menos eficiente a los ciudadanos y determinadas medidas implementadas por la comunidad de Madrid no han dado resultados para solventar el problema. Médicos de familia y pediatras llevan meses en huelga en la comunidad madrileña y no se atisba todavía un horizonte de acuerdo entre la administración autonómica y los profesionales.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha despachado la manifestación del pasado domingo y los problemas de la sanidad en la comunidad por el expeditivo procedimiento de la descalificación: se trataría, según ella, de una manipulación estrictamente política. O, en otras palabras, no respondería semejante protesta a las deficiencias reales de la atención primaria en Madrid. La respuesta es de un simplismo apabullante y, desde luego, irritante. Habrá que separar el grano de la paja, pero la reacción de Díaz Ayuso es inadecuada y frustra a unos profesionales que son un colectivo apreciado y respetado por los pacientes. 

Si la presidenta madrileña no quiere entender que la situación de la sanidad pública madrileña es uno de los déficits de la gestión de su gobierno, estará entregando —ella, no los médicos de familia, ni los pediatras, ni los pacientes— un banderín de enganche electoral a la izquierda. Hoy por hoy, su punto débil ante las decisivas elecciones del 28 de mayo es la sanidad en la comunidad. Se trata de una cuestión muy sensible. La sanidad es la prestación más definitoria, junto con la educación, del Estado de bienestar y no hay liberalismo que valga a la hora de presupuestar los servicios que requiere. En todo caso, no es respuesta admisible colgar la protesta y la huelga en el perchero de la instigación política. Entre otras muchas razones, porque los partidos de la oposición en este tema van en la retaguardia de los ciudadanos y de los profesionales. 

La respuesta —en Madrid y en toda España— a las deficiencias de la sanidad pública es especialmente urgente. La gestión de los servicios y las dotaciones presupuestarias corresponden a las comunidades autónomas. La falta de mecanismos de cohesión para que esa prestación sea igual para todos los ciudadanos exigiría acuerdos vinculantes para todas las autonomías y una intervención del Gobierno que se desentiende irresponsablemente. Ya no es cierto que el Ministerio de Sanidad sea «un cascarón vacío». En octubre de 2021 su estructura orgánica se reformuló por completo, creándose una secretaría de Estado de Sanidad, de la que dependen dos subsecretarías, la dirección general de Salud Pública y otras dos más que terminan por configurar un departamento de mayor envergadura. 

Desde la perspectiva electoral, si Díaz Ayuso se mantiene en el simplismo, le pasará factura 

A la secretaría de Estado de Sanidad se le encomiendan «la coordinación interterritorial, alta inspección, planificación sanitaria, elaboración y actualización de la cartera común de servicios del sistema nacional de salud y la ordenación de las profesiones sanitarias» entre otras competencias. De modo tal que al ministerio de Sanidad también hay que exigirle responsabilidades en la materia sin que sea de recibo que se parapete en que la gestión está transferida a las comunidades autónomas, aunque, ciertamente, son estas las que deben asumir el peso político, gestor y presupuestario de la sanidad pública. En torno a todos estos argumentos, la presidenta de Madrid podría articular un discurso más constructivo que el elemental de la descalificación que parece mantenerla ajena y tranquila ante unas protestas multitudinarias. 

Desde la perspectiva electoral, si Díaz Ayuso se mantiene en el simplismo, este asunto le pasará factura. No debiera olvidarse de que los comicios de mayo próximo no son iguales a los anteriores de 2021 porque habrá dos papeletas, una para el municipio y otra para la comunidad. Esa variable introduce un factor importante para Díaz Ayuso porque los municipios deprimidos en los que ganó el 4 de mayo de 2021 son lo que padecen más las insuficiencias del servicio sanitario en la atención primaria. Las economías domésticas de muchas ciudades de la no regulada por ley autonómica área metropolitana de Madrid no registran número significativo de seguros médicos privados que en la comunidad alcanzan al 38% de sus habitantes residentes en las zonas más acomodadas de la capital y en determinados municipios con renta per cápita alta.

De ahí que despachar con una revolera verbal asunto de entidad como este sea por parte de Díaz Ayuso el peor de los errores que pueda cometer. Entre otras razones, porque con esa actitud suya y de algunos de sus colaboradores más cercanos demuestran un pecado político cada vez más evidente en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol: la soberbia. Precisamente estos comportamientos altivos son los que la dirección del PP quiere desterrar de su muestrario, estimulando la empatía, la capacidad para llegar a entendimientos y la liberalidad como signos de moderación que, si sirven en Andalucía con Moreno Bonilla, sirven también en Madrid y en cualquier otra comunidad española. Se trata, en definitiva, de un entendimiento del ejercicio del poder más permeable y flexible hasta componer un nuevo estilo.