EDITORIAL ABC 09/03/14
· El caos conceptual que rodea la consulta separatista es el síntoma más manifiesto de que el nacionalismo ha asumido que es un fracaso y que busca excusas para mitigar sus efectos.
EL debate político sobre la consulta separatista que pretende celebrar la Generalitat de Cataluña ha entrado en una nueva fase después de que el Gobierno presentara en el Congreso de los Diputados un escrito fijando su posición sobre el reto independentista. Con este documento, el Ejecutivo da respuesta a la petición remitida por el Parlamento catalán de delegación de competencias para organizar un referendo manifiestamente ilegal.
La argumentación que expone el escrito del Gobierno desvela el absurdo del planteamiento de los nacionalistas catalanes. Si, como dice el Ejecutivo de Rajoy, solo se consulta aquello sobre lo que se puede decidir, toda la propaganda artificiosa del separatismo catalán se viene abajo. Como la consulta es ilegal, Artur Mas y sus socios juegan al despiste. Según el día, la convocatoria es consultiva; otras veces es vinculante; en ocasiones depende del Gobierno de Madrid; en otras depende solo de la Generalitat. A veces dicen los nacionalistas que es para saber si los catalanes quieren el «derecho a decidir», pero en otras anuncian que ya se va a decidir sobre el estado propio y la independencia.
El caos conceptual que rodea la consulta, o lo que sea, separatista es el síntoma más manifiesto de que el nacionalismo ha asumido que es un fracaso y que busca excusas para mitigar sus efectos. El Gobierno de Rajoy hace bien en no facilitar a Artur Mas la salida de su error, porque ahora es necesario que las instituciones, no las personas, se retraten ante esta crisis constitucional irresponsablemente desatada por el nacionalismo catalán. El Congreso ya ha declarado, en dos ocasiones, su rechazo al referendo separatista. Ahora tendrá que hacerlo de nuevo para tumbar la proposición de ley de delegación que pretende la Generalitat, lo que constituirá el más importante pronunciamiento político e institucional que, desde el Estado, se realice sobre la iniciativa separatista.
Las razones del Gobierno central son inapelables en su forma, clara, moderada y contundente, y en su fondo, compuesto por argumentos jurídico constitucionales que no admiten discusión. Si Cataluña no es titular del derecho a decidir, porque este corresponde al pueblo español en su conjunto, no se le puede consultar sobre lo que no existe; y si tampoco puede decidir sobre lo que no es suyo –la unidad de España– no es posible delegar la consulta. Lo democrático no es reconocer derechos imaginarios, ni derogar «a la carta» la Constitución, ni renunciar al todo –la Nación– por la parte –la Cataluña de lo que los nacionalistas se han apropiado–, sino defender el Estado de Derecho y la soberanía nacional de España, la única fuente de legitimación de nuestro Estado.