Afortunadamente. De no ser porque, gracias a llamar su atención, Europa corrige algunos excesos con iniciativas tan sutiles como expeditivas, a uno le entraría cierta vergüenza –o alipori– de pensar que otros se dan cuenta de qué clase de espectáculo ofrece la política española.

Finalmente ha sido aprobada la ‘ley trans’, lo será la de bienestar animal y se ha dado luz verde a la rebaja de la sedición y la malversación a petición de los socios delincuentes de Sánchez. Paralelamente, el Gobierno y sus terminales van dando manotazos para acogotar al TC y al poder judicial en la esperanza de controlar el alto tribunal cara a lo que aún les queda por ceder: el referéndum que, antes o después, le exigirán los mismos delincuentes a los que ha indultado. Es noticia, claro, que el mismísimo Sánchez declarase su intención de acatar la decisión del TC de corregir el procedimiento –no el fondo de las enmiendas– y pidiera serenidad a todos. No se crean nada: en este sujeto todo es impostado, todo es mentira. Acata porque no tiene otro remedio: no hacerlo –como proponía Podemos– sería un delito.

Ni Sánchez ni su banda creían que la UE llegara a ser tan diligente y que les señalara sin lugar a dudas sus defectos procesales y sus vicios parlamentarios: es el gobierno que más ha abusado de los reales decretos y el que utiliza vías inadecuadas, como evitar los proyectos de ley con tal de ignorar debates e informes varios. Todo está construido desde la prisa para poder cerrar el año con los trabajos sucios completados al fin de tener despejado el calendario y poder dedicarse al riego por manteo del dinero que ha recaudado de más. No le ha permitido la felonía completa el TC mientras Europa, felizmente, no miró para otro lado y se puso de parte de los que quieren que el Gobierno esté sometido a un mínimo de control por parte del Parlamento. La estrategia jurídica diseñada por Gracita Bolaños ha sido un desastre y, afortunadamente, ha sido denunciada aunque solo fuera procedimentalmente por el Alto Tribunal, que ha defendido la soberanía constitucional sin un solo apoyo, hay que recordarlo, por los magistrados sanchistas.

El populismo, del que Sánchez es uno de sus más altos practicantes, considera que las mayorías gubernamentales, solo por el hecho de contar más escaños, tienen derecho a controlar todos los poderes, incluido por supuesto el judicial. Europa, que fue también rotunda cuando el gobierno maniobró para maniatar el poder judicial, lo ha sido ahora para evitar un desafío a las normas constitucionales. Ese era el atropello de Sánchez, amén de cambiar el Código Penal para beneficiar a una serie de individuos que, conviene insistir, son delincuentes. Y aún se cree –como aquella bobada de la ministra Llop– que la gente anda indignada por metro y autobús por no haberle permitido hacer lo que le de la gana. Ya veremos cómo resulta el informe de julio de la Comisión Europea, pero a este chulángano ya lo ha calado todo el mundo.