La gran noticia sobre el juicio de las mascarillas es que ha quedado visto para sentencia. El periodismo se anota otra muesca en su catálogo de los horrores, poniendo de su parte la carga morbosa adicional con que se han venido aderezando las largas jornadas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

También los implicados han puesto lo suyo de su parte: que sea de lo Penal no ha impedido a Koldo confundirla con un karaoke trasnochado, a su inefable abogada con un colegio de monjas ursulinas y a varios testigos como esa zona franca en la que mentir sale gratis.

Hace más de dos años que la inercia informativa gira de forma contumaz en torno a la corrupción sanchista, reducida la mayor parte de las veces a una galería de indescriptibles personajes, en la presunción de un previsible interés público que, no obstante, parece ahora un tanto saturado.

No es cosa de evaluar si la traslación mediática de estos hechos ciertamente excepcionales está siendo la adecuada, si, en definitiva, el oficio ha tensado las costuras de su propia condición en paralelo a esa realidad lisérgica objeto de su escrutinio. Pero por mucha estridencia que se proyecte, la impresión es que los destinatarios de tanta escandalera parecen haber perdido ya toda capacidad de asombro. Y, por añadidura, el interés.

El juicio de las mascarillas ha puesto de relieve cómo Sánchez y sus terminales han logrado el objetivo de encapsular el relato de su propia podredumbre política en un estrecho círculo de presuntos delincuentes cuyo horizonte procesal será consecuente -porque hay que pensar en que nuestro Estado sigue siendo de derecho- con su laxo concepto del ejercicio público.

El exministro Ábalos, que será un putero, y lo que se quiera, pero con lecturas, zanjó su alegato final con la certeza de que cualquier esfuerzo es inútil: “Estoy cautivo y desarmado”, como el Ejército de la República el 1 de abril de 1939. El arquitecto del sanchismo ha mantenido durante este largo mes de juicio su teoría de la razón política para explicar su calvario.

En su colofón, recurrió también al jurista y político Alonso Martínez, que no es solo una estación de Metro, para trazar el envés de la épica del fiscal jefe Anticorrupción, en la que resulta difícil no advertir una cierta -y chocante- carga moralizante.

El exministro citó al también ministro decimonónico: “Resultan dos cosas, a cual más funestas al ciudadano: una, que al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal, pero que es contraria a la realidad de los hechos y subleva la conciencia del procesado; y otra, que cuando este, llegado al plenario, quiere defenderse, no hace más que forcejear inútilmente, porque entra en el palenque ya vencido o por lo menos desarmado. Hay, pues, que restablecer la igualdad de condiciones en esta contienda jurídica, hasta donde lo consientan los fines esenciales de la sociedad humana”. Amén.

Ábalos se sabe condenado, probablemente al amparo de una fundamentación jurídica inapelable. Pero nadie puede discutirle que la “verdad de artificio” se ha cernido sobre su figura como una sombra negra y pegajosa.

El exsecretario de Organización socialista ha invocado el cariz político de su causa. Y tiene razón: al fin y al cabo, partió de una denuncia del PP madrileño. Pero, al margen de ese detonante, la pieza a batir no era él, sino Sánchez. Lo llamativo es que conserve una extraña fidelidad a su partido después de que el PSOE lo dejara tirado en aquella ejecutiva del pasado junio en el que el secretario general, ya que tenía que echar a Santos Cerdán, certificó de paso la expulsión del valenciano endosándole no el baldón de corrupto, sino una reprobación moral. Esa fue la verdadera condena para Ábalos, 67 años, putero y lo que se quiera. Pero con lecturas.