El esperpento de la ley del ‘sí es sí’ se ha convertido en un sensacional espectáculo donde este Gobierno se está sacando el más fiel de sus autorretratos, el que mejor define su mezcla de rasgos arrogantes, incompetentes y sectarios. Lo más escalofriante del caso es que por cada media verdad que aflora en la polémica interna (sería mucho optimismo esperar verdades completas) quedan de manifiesto las mentiras con que hasta antier trataron de encubrir la evidencia de unos defectos que conocían cuando se pusieron a legislar a despecho de las consecuencias. Era mentira que las minervas redactoras del texto no fuesen conscientes de que la reforma penal provocaría rebajas de condenas. Era mentira que el Ministerio de Justicia –cuyo titular está ahora en el Tribunal Constitucional– no lo revisara para acabar dando el visto bueno a sus deficiencias técnicas. Y era mentira que el presidente no lo supiera. En cambio, era verdad que las dos partes ahora enfrentadas, Podemos y el PSOE, siguieron adelante sin tener en cuenta las seguras secuelas de una letal combinación de soberbia y torpeza. Con la prepotencia moral y la obcecación ideológica propia de la izquierda se empeñaron en demostrar que una normativa depurada por décadas de Derecho positivo estaba mal hecha y que sólo su adanismo redentor podía reorientarla en la dirección correcta. Visto el fracaso, ahora pretenden hacer creer que la solución la van a traer los que han creado el problema.

Una cosa sí es cierta en el relato parcial de Podemos: la responsabilidad del destrozo atañe a todo el Gobierno. Por eso –entre otras cosas– Sánchez sabe que carece de autoridad para destituir a Irene Montero. La ley parida en Igualdad pasó por varios departamentos y en todos fueron desoídas las advertencias y desdeñados los argumentos de los expertos que veían el riesgo de acabar beneficiando a decenas de reos. Hubo roces, reproches mutuos, cruces de críticas, incluso algún vituperio, y el jefe se desentendió primero y luego otorgó el refrendo. No sólo eso: dio orden al fiscal del Estado de defender su criterio cuando los tribunales comenzaron a revisar sentencias a la luz del nuevo ordenamiento. El que ahora quiere corregir con un retorcido eufemismo –el de la «agresión sin violencia», un oxímoron– que retrotrae al antiguo marco jurídico. El que hace cuatro meses avaló con el pulgar hacia arriba para evitarse conflictos. El que lo tiene intranquilo por la repercusión electoral de una alarma ciudadana que se ha extendido en la opinión pública como un devastador incendio político. Después de indultar y despenalizar una sedición, atenuar la malversación o conceder beneficios penitenciarios a presos por terrorismo, alguna vez le tenía que volver al Ejecutivo el ‘boomerang’ de su hibristofilia, su tolerancia con el delito. El Código Penal es una pieza demasiado delicada para manosearla a capricho.