EL MUNDO 16/10/13
· El Gobierno se encontró 166 ‘embajadas’ autonómicas en 2011
· En los últimos cinco años, las autonomías hicieron 931 visitas internacionales y las Cortes, otras 491 desde 2006
Los políticos españoles realizaron en los últimos siete años un mínimo de 2.400 viajes al extranjero. Cada uno de ellos compuesto, al menos, por dos o tres personas. Y algunos con comitivas de más de 20 integrantes.
Los ministerios realizaron 718 viajes oficiales de 2008 a 2013. Los presidentes y consejeros de las 17 comunidades autónomas viajaron 931 veces al exterior en el mismo periodo y los alcaldes y concejales, 250 veces. Las Cortes –Congreso y Senado– organizaron ni más ni menos que 491 periplos entre 2006 y 2013.
Todos estos datos fueron expuestos ayer por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el Congreso para justificar la Ley de Acción Exterior que pondrá orden, según el Gobierno, en la política exterior de las administraciones.
El proyecto de Ley de Acción Exterior pasó ayer su primer examen en el Congreso, donde se enfrentó a las seis enmiendas a la totalidad presentadas por casi toda la oposición menos UPyD. Todas fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP. El ministro alegó que su ley –la primera de este tipo en democracia– pondrá orden en la acción exterior de todas las administraciones y pretende «encajar» la actividad internacional de las comunidades autónomas en la del Estado.
La norma, por ejemplo, contiene la invitación a los gobiernos regionales para que integren su representación en el exterior en las embajadas o consulados de España. Cuando Margallo tomó posesión, se encontró con 166 embajadas autonómicas en el exterior.
Como expuso el ministro, las comunidades ahorrarían una media de 65.180 euros al año por cada oficina que integren en la red exterior del Estado. Esa integración supondrá también ingresos para el Estado, que les cobrará un alquiler a bajo precio. Por cada oficina integrada, el Gobierno central prevé ingresar 8.813 euros al año.
La actividad internacional del conjunto de las comunidades –ahora más limitada por la crisis que hace año y medio– ha sido más intensa, al menos en número de viajes, que la del propio Gobierno entre 2008 y 2013. Los presidentes y consejeros de los diferentes ejecutivos regionales han hecho 931 viajes oficiales al extranjero, por encima de los 718 de los distintos ministerios.
En parte a raíz de esos viajes, los ejecutivos regionales españoles han firmado 277 memorandos de entendimiento –que suelen ser acuerdos de cooperación– con distintos estados o gobiernos regionales o provinciales.
De hecho, la ausencia de un marco legal que coordine la actividad de las distintas administraciones en el exterior ha provocado «un enorme desorden», en palabras de Margallo, que su norma pretende controlar.
La intención declarada de García-Margallo es «poner cierto orden para que esto suene como una orquesta afinada» y que la acción exterior «no sobrepase sus límites» invadiendo la política exterior española, competencia exclusiva del Estado. «Todo lo que la ley dice en materia de CCAA tiene un tono de mano tendida», insistió Margallo frente a las acusaciones de la oposición de tratar de «imponer», «controlar» o «impedir» la actividad internacional de las nacionalidades y regiones españolas.
El ministro defendió que las comunidades ejerzan su acción exterior en el ámbito de sus competencias, pero «sin entrar en el núcleo duro de política exterior del Estado». «Todo lo que dice la ley en relación a las comunidades tiene un tono de invitación y mano tendida», insistió.
El portavoz de Exteriores de CiU, Jordi Xuclà, acusó sin embargo a Margallo de tratar de imponer «una coordinación jerárquica» desde el Gobierno a las comunidades. Además, rechazó por «populistas» las acusaciones de que el dinero destinado por las CCAA a la acción exterior se deja de gastar en sanidad o educación.
El portavoz del Grupo Socialista, Àlex Sáez, del PSC, rechazó la norma por «centralista y excluyente» y por tener «un sesgo preconstitucional» y un carácter «de imposición». Gran parte de los portavoces de la oposición acusaron a Margallo de no haber buscado el consenso en una norma que marcará la acción exterior estatal durante muchos años.