Así se comprende que este Gobierno esté contra la escuela concertada: para que los hijos pertenezcan al Estado. Ojalá hubiese un pin parental para que los padres catalanes puedan impedir el adoctrinamiento de sus hijos. La ministra de Igual da intervino para decir que los hijos de los padres homófobos tienen el mismo derecho que otros niños a que les expliquen la buena nueva del sexo ad libitum, que “el pin parental es una ruptura del pacto de violencia de género” y tuvo el arrojo de invocar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 26.3* dice. “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Textualmente.
Fue lo único en lo que se ciñó Irene Ceaucescu. En sus otras intervenciones se limitó a indicar que “cuando tenga respuesta y en otro ámbito que no es este ya se lo comunicaré”. La nueva portavoz estuvo más suelta incluso que su predecesora, aparte de exhibir su maestría de dejar caer todas las ‘d’ que había en su discurso en posición intervocálica.
En esto yo estoy con la ONU. Prefiero explicar yo a mis hijos las verdades verdaderas de la vida a que lo haga cualquiera de las tres gracias que ayer comparecieron en Moncloa. Irene ha nombrado directora general de Diversidad Sexual y LGTBI a Boti García Rodrigo. El vicepresidente Ceaucescu la entrevistó en La Tuerka en el mes de junio último y le invitó a contar que se lió con una alumna suya de 17 años. Ella lo confirmó gozosa, diciendo que la madre la perseguía con una plancha caliente. Es de suponer que a aquella madre le gustaría que en el instituto de su hija hubiera un pin parental en la creencia, sin duda errónea, de que su hija les pertenece más a Boti o a Isabel Celaá, que a ella misma. No hablo en esto por mí mismo; mis dos hijos son varones y nunca han sido personas de riesgo para depredadoras como Boti García.
En la Comunidad balear se ha destapado este mes de enero un caso escalofriante: en un centro tutelado por el Consell Mallorquín de Asuntos Sociales se prostituye a niñas tuteladas de 13 y 14 años que se fugaban del centro. Salidas no autorizadas en el lenguaje paliativo de la institución. Cinco educadores sociales ha sido despedidos por acosar sexualmente a menores internos, aunque la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, llamaba a la calma porque “en ningún caso se dieron relaciones sexuales completas”. Hace tiempo que esto pasa, la presidenta Armengol admite conocerlo desde antiguo. El PSOE, Podemos y Mès per Mallorca son los socios del Gobierno autonómico a quienes compete la responsabilidad in vigilando. Pero Irene tiene banquillo. Dirigentes de Unidas-Podemos de Castilla y León (2), Badajoz y Canarias han sido denunciados por abusos a menores. Estamos en manos de enfermos.
* La Constitución, en su artículo 27.3 se muestra coincidente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. La señora Ceaucescu, (al igual que su macho alfalfa) no es partidaria y solo citaba la Declaración Universal de Derechos Humanos.