Las visiones enfrentadas de los partidos ponen contra las cuerdas el plan de paz

El Gobierno vasco se concederá un mes de plazo para escuchar a los partidos y dar el que será el último empujón al plan de paz. El lehendakari, Iñigo Urkullu, que asumió en persona la presentación del borrador, y su equipo –encabezado por el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández– tienen por delante una misión si no imposible, casi: lograr que su proyecto concite el apoyo, por mínimo que éste sea, de las cuatro grandes fuerzas políticas.
La Secretaría de Paz y Convivencia, formada por Mónica Hernando, Jonan Fernández y Txema Urkijo, durante la presentación del plan a la red de
Los grupos con representación en el Parlamento vasco tuvieron hasta el pasado viernes para presentar sus aportaciones al plan. Las ‘enmiendas’ dadas a conocer públicamente –el PP hará lo propio a mediados de esta semana– reflejan unas visiones del proyecto que, cuanto menos, se sitúan en esferas distantes. Si PSE y UPyD consideran que el borrador es «complaciente» con las tesis defendidas por la izquierda abertzale y no exige como debiera la disolución de ETA –los populares se sitúan en esta misma línea–, EH Bildu lamenta que el texto no aborde con la contundencia esperada la situación de los presos y los huidos de la banda terrorista, ni tampoco otras vulneraciones de derechos humanos.
El lehendakari tendrá que hacer un verdadero encaje de bolillos si quiere lograr un consenso sin precedentes en torno a esta materia. Ni siquiera la ponencia parlamentaria, en la que se esperaba pudiesen debatirse las materias que figuran en el plan de paz, ha conseguido este objetivo –el PNV confía en que el grupo de trabajo pueda reactivarse en un futuro–. La negativa de la coalición abertzale a hacer autocrítica y condenar los atentados de ETA ha llevado a este foro a situarse en una vía muerta tras el abandono de los socialistas. El PP y UPyD se autoexcluyeron del mismo desde un inicio.
En el Gobierno vasco son conscientes de la dificultad que entraña alcanzar un amplio acuerdo en un proyecto de estas características sin que la banda haya dado un paso definitivo que permita de algún modo allanar el camino –se espera algún gesto en este sentido en otoño–. Todo apunta a que ninguno de los partidos se moverá de sus posiciones, lo que hace que cobre enteros la posibilidad de que el Ejecutivo se vea finalmente obligado a seguir adelante con el plan de paz sin ningún apoyo, más allá del que le brinda el partido que lo sustenta, el PNV. Este hecho se traduciría en una iniciativa de parte carente de la solidez que requiere la construcción de la convivencia en Euskadi. Y es que, tras las declaraciones opuestas de nacionalistas y no nacionalistas, no se descarta que en un intento del Gobierno por atraer a las cuatro grandes fuerzas, el tiro le acabe saliendo por la culata. Pero en Lehendakaritza
no están dispuesto a dar un paso atrás. Ya han advertido que el plan verá la luz en noviembre, con o sin el consenso deseado.
El pacto alcanzado entre PNV y PSE en materia fiscal nada tiene que ver con la distancia que separa a ambas fuerzas en materia de pacificación. Al menos, ésa es la sensación que subyace tras ojear las aportaciones de los socialistas al proyecto de Urkullu. Cabe recordar que el PNV fue la formación más crítica con el plan de paz que abanderó el Gobierno del PSE en la pasada legislatura.
Hace una semana, los socialistas, de la mano de Rodolfo Ares, anunciaron haber remitido al Ejecutivo vasco una batería de 25 enmiendas al borrador. En ellas advierten a Urkullu de que «no podemos desandar el camino recorrido por todas las fuerzas políticas para que EH Bildu se sienta cómodo». Desde el PSE ahondan en la necesidad de no caer en «eufemismos» que trasladen una «visión distorsionada» de la realidad. Como «ejemplo paradigmático», censuran que se prefiera hablar de «‘violencia’ en vez de hacerlo de actos terroristas o de ‘muertes’, en lugar de asesinatos». Tampoco ven con buenos ojos que se «mezclen» las actividades de ETA, los GAL o del Batallón Vasco Español «con el franquismo u otras vulneraciones de derechos humanos». «Es una terrible equivocación», sostienen en su documento de aportaciones. Además, consideran que hay que «desterrar la idea de que ha sido un conflicto político sin resolver lo que justifica» de la violencia de ETA.

«Error sangrante»
La formación que lidera Patxi López tiene claro que «el objetivo principal del plan debe ser conseguir desde la firmeza que ETA –censuran que se «evite» la mención de la banda– se disuelva sin ninguna contraprestación», y exigir a la izquierda abertzale, y «no a la Ertzaintza», que dé pasos «para alejarse definitivamente de la violencia». El proyecto incluye un apartado para «formar» a la Policía autónoma en derechos humanos, que en el PSE ven como un «error sangrante».
En la línea con la postura de los socialistas se sitúa la opinión del PP y de UPyD. No así, como es de esperar, la de EH Bildu. Los populares ya han trasladado en privado, y desde el primer momento, al Ejecutivo de Vitoria cuál era su opinión a cerca de lo que debería ser el plan de paz. Una visión que, tal y como volvió a escenificar el pasado viernes su portavoz, Borja Sémper, poco tiene que ver con el proyecto redactado por la secretaría de Jonan Fernández. «Le trasladaremos nuestro punto de vista por escrito porque así nos lo han pedido, pero…», llegó a reconocer Sémper. En las filas del PP consideran que el borrador del plan está «profundamente equivocado» incluso en los pilares que lo sustentan. «Aquí no todos hemos tenido la responsabilidad de lo ocurrido», remarcó el dirigente popular, que reveló que su formación no entrará «al detalle de las enmiendas», sino que se quedará en una valoración global. Visto lo visto, nada positiva. Está previsto que sea el propio Sémper el que dé a conocer en una rueda de prensa –se baraja que sea el jueves o el viernes– cuál es, de manera más extensa, la postura que su partido ha trasladado al Ejecutivo de Urkullu.
Diametralmente opuesta a las consideraciones de PSE, PP y UPyD se situaría EH Bildu. No deja de llamar la atención que mientras que los tres primeros subrayan la necesidad de centrar el plan en la disolución de ETA y reprochan que el borrador se escora hacia el lado de la coalición abertzale para lograr «contentarla», esta última opina todo lo contrario. Mientras unos lamentan que «se evite» mencionar a la banda terrorista en el borrador elaborado por el equipo de Jonan Fernández, desde la marca independentista reprochan al Gobierno vasco que se atribuya a ETA «todas las violencias» o que se coloque a la banda en «el principio y en el final de la tragedia». Reclaman medidas –piden un diálogo constante con Madrid– para favorecer el regreso a Euskadi de los presos y los huidos de la organización terrorista.
Dos posturas contrarias, sin duda, a las que tendrá que hacer frente el Ejecutivo de Urkullu. ¿Será capaz el Gobierno vasco de, respetando al máximo las líneas rojas de cada partido, atraer a las cuatro grandes fuerzas hacia su proyecto? Todo apunta a que se trata, dado el escenario actual y visto lo ocurrido con la ponencia parlamentaria, de una misión imposible. Pero como ha reconocido en más de una ocasión el lehendakari: «Nadie dijo que fuera fácil».