ABC 18/01/14
JON JUARISTI
· La aparición de Vox y el cisma del PSC son signos alarmantes de una crisis de los grandes partidos, producida por el desafío independentista
¿DE quién ha sido la idea de bautizar en latín el nuevo partido presidido por José Antonio Ortega Lara? Hay que admitir que, en estos tiempos de descrédito de las humanidades clásicas, constituye un gesto meritorio de resistencia, pero no deja de resultar un poco extravagante. Parece como si los padres y madres de la criatura se resignasen de antemano a una condición perpetuamente minoritaria. Me ha hecho recordar de inmediato el diccionario escolar que utilizábamos en el bachillerato elemental para traducir a César, Cicerón, Salustio o San Lucas, que te podían caer en la reválida: aquel Diccionario Vox que vino a sustituir al «de Miguel», es decir, al diccionario etimológico latinoespañol de don Raimundo de Miguel, catedrático del Instituto Madrileño de San Isidro, sobre el que se despistojaron ochenta y tantas promociones de bachilleres españoles desde el Sexenio Democrático al franquismo. El Vox te lo daba todo mamado. Traía traducciones de párrafos enteros de La Guerra de las Galias y contenía un cuadernillo con un prontuario gramatical, muy útil para fabricar chuletas.
A primera vista, se diría que Vox –no el diccionario, sino el partido– pretende atraerse el voto de la derecha más descontenta con el Gobierno, pero entre los principios que defienden sus fundadores solamente hay uno que marca una diferencia clara con el ideario del PP, del que algunos de ellos proceden: su rechazo del Estado de las Autonomías. Esto implica el riesgo de que la identidad de la nueva formación se desdibuje hasta el punto de verse reducida a la de una fuerza radicalmente centralista, cuyas iniciativas se estrellarían contra la letra de la Constitución en una medida no menor (si bien por motivos opuestos) a las de los independentistas catalanes. Como éstos, Vox podría encontrarse pronto fuera del sistema. Por eso su caso no es comparable al de UPyD o
Ciutadans, que, en lo que respecta al Capítulo Tercero de la Constitución, son, como mucho, reformistas. Impugnar la existencia de los parlamentos regionales no es lo mismo que defender la devolución de competencias concretas a la Administración central. Cuando UPyD insta al Gobierno a aplicar el artículo 155 a Cataluña, podrá estar haciendo una interpretación más o menos acertada del texto de dicho artículo con referencia a las circunstancias actuales, pero está claro que no se sale en lo más mínimo del marco constitucional.