El Correo-ANDONI PÉREZ AYALA
No parece que la convocatoria de elecciones sea la solución. El mapa resultante de esos comicios podría plantear los mismos problemas para lograr una mayoría suficiente y cohesionada
Cuando ha transcurrido poco más de la mitad de la actual legislatura, su continuidad a día de hoy no deja de ser incierta; sobre todo, después de que las formaciones soberanistas catalanas –PDeCAT y ERC– hayan anunciado recientemente su negativa a votar favorablemente los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. En realidad, esta incertidumbre sobre la continuidad de la legislatura, alentada ayer por el propio presidente Pedro Sánchez, no puede decirse que sea ninguna sorpresa ya que en ningún momento, ni con el anterior Gobierno ni con éste, ha existido una mayoría parlamentaria, ni tampoco una minoría mayoritaria, suficientes; que es, no se olvide, el factor principal para poder garantizar esa continuidad, especialmente en la forma de Gobierno como es nuestro caso.
Dado el mapa político resultante de las últimas elecciones (y también de las anteriores de 2015), no resulta nada fácil conformar esas mayorías, o en su caso las minorías mayoritarias, suficientes para poder asegurar el respaldo parlamentario al Ejecutivoy y, en consecuencia, la continuidad de la legislatura. La cosa se complica más aún si se da la interferencia de un factor ajeno a la propia dinámica parlamentaria como es el desarrollo del ‘procés’ y las mayorías parlamentarias dependen de las formaciones políticas que protagonizan ese movimiento en Cataluña. En estas condiciones, que son las que se dan realmente en el momento actual, el mantenimiento del mandato socialista es algo que escapa en buena medida al control no solo del Gabinete de Pedro Sánchez, sino también de las propias formaciones políticas parlamentarias (al menos, si éstas son incapaces de lograr acuerdos de mayoría).
La moción de censura fue una buena oportunidad para poder conformar esa mayoría parlamentaria sobre la base de un acuerdo programático entre las formaciones políticas que la suscribieron; lo que, además, es una exigencia de la configuración constructiva que la propia moción tiene en nuestra Constitución. No obstante, la forma y los términos en los que se planteó y se llevó a cabo se limitaron al desalojo del anterior Gobierno, sin garantizar una mayoría parlamentaria cohesionada en torno a un acuerdo programático en el que basar la acción del nuevo Ejecutivo. Consecuencia de todo ello es que ahora, a la hora de afrontar la primera medida de envergadura que debe asumir el Gabinete socialista, como es la aprobación anual de los Presupuestos, no es posible hacerlo porque se carece del apoyo necesario para ello.
Independientemente de que los motivos para no votar favorablemente las Cuentas por parte de las formaciones soberanistas catalanas, necesarias para alcanzar la mayoría, no tengan nada que ver con razones de orden presupuestario sino exclusivamente con el accidentado desarrollo del ‘procés’, lo cierto es que la imposibilidad de su aprobación compromete seriamente el desarrollo de la legislatura cuando falta aún casi la mitad del tiempo para su conclusión (verano de 2020). Siempre cabe el recurso al aplazamiento de la tramitación y votación final (como, por otra parte, se ha venido haciendo en los últimos años) o, incluso, la prórroga de los Presupuestos, lo que tampoco sería ninguna novedad; pero, en cualquier caso, ello no sería sino el reflejo de la precariedad política del Gobierno y de los respaldos parlamentarios de que dispone.
Combinar la prórroga con la adopción, mediante decreto-ley, de medidas correctoras (salario mínimo, actualización de pensiones, dependencia…) como ha anunciado el Ejecutivo para hacer frente al actual impasse presupuestario, aparte de los problemas de constitucionalidad que pueden plantear en algunos casos, sería solo tomar decisiones de carácter transitorio que distan de ser la solución al problema. De todas formas, y a falta de expectativas más favorables, como sin duda sería la consecución de un acuerdo político programático (en este sentido, el reciente pacto PSOE/Podemos de octubre no deja de ser un paso muy importante) que pueda aglutinar en torno a él a una mayoría parlamentaria clara, quizá la única vía factible en esta situación de impasse presupuestario sea la de ir haciendo efectivas las medidas anunciadas. No parece que la convocatoria de elecciones inmediatas, como demandan no solo los partidos de la oposición sino también algunos sectores de los aliados actuales del Gobierno, sea la solución para despejar la actual situación; entre otras razones porque el mapa resultante de estos comicios podría plantear los mismos o similares problemas para conformar una mayoría parlamentaria suficiente y cohesionada; que es, no se olvide, la cuestión principal que es preciso resolver y que no se ha resuelto en esta legislatura (ni en la anterior). Menos razonable aún sería optar por la acumulación de elecciones, sumando a las ya previstas municipales y europeas en mayo las generales en las mismas fechas, como ayer apuntaron responsables del Ejecutivo, entre ellos el presidente. Eso solo serviría para mezclar en una misma contienda electoral cuestiones de naturaleza distinta como las locales, las europeas y las estatales.
Aunque la previsible no aprobación de los Presupuestos nos coloque, de facto, en una situación de prórroga de la actual legislatura, no hay que olvidar que en esas prórrogas también se pueden ganar (y se pueden perder) los partidos. Todo depende de cómo se juegue en el tiempo de prolongación y de si se sabe aprovechar el margen que nos proporciona, incluidos los minutos de descuento, que pueden ser decisivos. En este sentido, no estaría de más que en esta prórroga en la que ya estamos seamos capaces de centrar la atención en las cuestiones realmente determinantes, muy especialmente en materia social, que es (o, al menos, debería de ser) nuestro terreno de juego prioritario, por encima de cualquier otro. Y, sobre todo y para finalizar, que el barullo existente no nos despiste y nos haga perder en ese tiempo añadido.