ARNALDO OTEGI ha defendido públicamente al diputado de EH Bildu, Julen Arzuaga, tras sus insultos de odio vertidos en la tribuna del Parlamento Vasco contra los representantes allí presentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, cuerpos a cuyos miembros ETA persiguió y asesinó durante largos años. «Montaron una provocación y yo voy a defender lo que hizo Julen Arzuaga. Cuando ves a gente así en el Parlamento, cuando sabes que es gente armada y que es gente que en este país ha hecho muchas cosas, puede ser normal tener un calentón».
Otegi siempre es así. Siempre fue así.
Un hecho que conozco bien. Al día siguiente del asesinato de Joxeba Pagazaurtundúa, Arnaldo Otegi también defendió lo que hizo el alcalde de Herri Batasuna en Andoain. Era el jefe de Joxeba y no condenó el asesinato. Su amiga y persona de confianza, la teniente de alcalde de la localidad, Ainhoa Ozaeta, ya actuaba a tiempo completo como terrorista. Otegi les defendió utilizando palabras casi idénticas. Dijo entonces: «No permitiré el linchamiento de mis alcaldes y concejales. La condena de un atentado no sirve para nada». También indicó la gran responsabilidad de la clase política que «pretende ocultar –sic– las raíces del conflicto». En las pintadas añadían el chantaje, para domesticar, indicando que PP y PSOE eran los culpables de cada asesinato de ETA. Era el mantra que repetían todas las personas hipnotizadas por el entorno.
En los medios de comunicación va pasando desapercibido que Otegi y los suyos no aceptan nada que cite a ETA y condene los asesinatos por los que no se han disculpado, la gran mayoría. Han tenido cómodas oportunidades durante los últimos meses en el Ayuntamiento de Zarautz, o en el Parlamento Vasco, o en Andoain, sin ir más lejos. No lo hacen porque está en la estrategia de blanqueo progresivo y de impunidad histórica, así como de destrucción del régimen constitucional. Ésta es la cuestión central que debemos observar.
Otegi indicó hace no mucho tiempo que «la violencia fue una estrategia acertada en su momento, pero ahora es mejor ser legales» y que los líderes políticos que le precedieron construyeron una estrategia eficaz, porque había un análisis certero sobre lo que significaba la Transición. Él, cocinero antes que fraile, se unió a ETA en 1977, para ayudar, según se ve, a la estrategia.
La propaganda y las narraciones de la mentira acompañaron siempre al terror. Ahora mismo, la manipulación es su gran herramienta para reescribir la Historia junto a los antiguos contrincantes y enemigos, como indicó en el alabado discurso de Anoeta: «Hacer la paz significa además buscar la alianza de nuestros adversarios y llegar al final a encontrar la complicidad de nuestros enemigos».
No sé si los aludidos le entendieron bien. Lo que estaba diciendo es que les iba a colocar un juego de trile a largo plazo y que, entretanto, lo llamasen hombre de paz. Las fotos que le interesan sí las hace, y las que no, no. Y, con ese capital, tacita a tacita, cuando se tercie, busca derribar el régimen constitucional.
Lo dicho; las fotos cortando el bacalao, junto a alborozados líderes de los antiguos perseguidos, son una pantalla aprovechable. Y presentar listas junto a imputados por otros delitos muy graves contra las leyes y las instituciones democráticas en la lista de ERC tiene un potencial electoral en el futuro inmediato. Si el presidente de Sortu, Hasier Arraiz –ese chico tan amable–, indicó que la decisión de que ETA siguiera matando tras la Constitución fue acertada, tampoco hay que sospechar que exista una estrategia de largo alcance.
Empieza a haber nuevos tabúes. No queda bien llamar a las cosas por su nombre. Lo fino ahora es poner azúcar sobre la responsabilidad política. Vuelve la niebla para que idealicemos como en un mal sueño el miedo que provocaron, la persecución para debilitar el tejido social de los no nacionalistas vascos, la instauración de tabúes ideológicos, el silencio impuesto y autoimpuesto, la tupida red de chivatos, los discursos del odio, las manifestaciones pidiendo nuestro asesinato, los delitos ligados al terrorismo que, la mayor parte de las veces, no se llegaron a probar. Hay cientos de asesinatos sin resolver.
Acaba de decir estos días en el acto de defensa de su diputado que «a los demás se nos pide que admitamos todo, pero ellos no lo admiten y tiene que aceptar que han hecho muchas cosas en este país y en contra de este país». Otegi considera que «a los demás» se les pide que admitan todo, cosa que no hacen, pero ellos no. En esta sencilla frase está la clave de la legitimación del régimen de terror social en el que vivimos durante décadas en el País Vasco y Navarra, aunque asesinaran en toda España.
Pues bien, el orden de factores altera el producto en lo que se refiere al post-terrorismo. La generosidad de los socialistas en la consideración de la convivencia es aprovechada por los trileros nacionalistas.
La nueva Ley de abusos policiales se debatía en el Parlamento Vasco, fue aprobada por el PNV y los socialistas. La abstención de EH Bildu tiene que ver con la aspiración con la que han calentado la cabeza a algunos socialistas desde hace muchos, muchos años.
Y aquí conviene detenerse en dos cuestiones:
La ley de abusos policiales consagra una comisión de valoración que se encargará de determinar quién tendrá derecho a ser considerado víctima de las Fuerzas de Seguridad. Entre los miembros de la comisión destaca la presencia de Jon Mirena Landa, el autor de un informe polémico en 2008 (criticado entonces duramente por los socialistas) que cifró en más de 4.100 las personas que fueron torturadas en el País Vasco por los distintos cuerpos policiales tras el nacimiento de ETA.
Se incluyeronmuertos por infartos –uno de ellos, por ejemplo, en México–, suicidios, tiroteos fortuitos en fuego cruzado entre etarras y fuerzas policiales y cuestiones que no tenían que ver con la actuación policial ordinaria. Los etarras, en su protocolo, debían denunciar ser torturados, por lo que, por esta vía, cientos de terroristas serán declarados víctimas, pese a mentir. La cuestión de fondo es, sin embargo, más grave, es la estrategia política de Otegi para deslegitimar al Estado democrático y para limpiar la responsabilidad del conglomerado ETA-Batasuna –con la sigla que sea–.
TRAS LA LEYde Vulneración de DDHH que ya aprobó el Parlamento Vasco en 2016, también bajo la brújula del informe de Landa, éste indicó que era una estación intermedia. El catedrático considera que se pueden investigar hechos criminales al margen de los jueces y que el acto de homenaje a 200 víctimas de abusos policiales en 2016 sólo era en su opinión el primer paso a un gran acto que soñaba en el futuro con 5.000 víctimas del Estado.
En otro orden de cosas, consideró que quitar los lazos amarillos es envenenar el espacio del ejercicio de los Derechos Humanos.
La mejor estrategia frente a la de Otegi, Junqueras y otros es conocerla y actuar con responsabilidad. La defensa de la ley y la igualdad ideológica de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles no ha terminado.
El PSOE tendrá siempre en su haber la entrega de hombres y mujeres que defendieron a las instituciones y a la España democrática en años muy difíciles, pero está poniendo en peligro el espíritu de la Transición, y eso es imperdonable. Con tristeza lo digo.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha publicado una y otra vez que la solidaridad no es entre territorios, sino entre ciudadanos y ciudadanas, porque en otro caso el nexo no es entre españoles. También asegura que el Estado no puede definirse por despojos, y creo que tiene toda la razón. Un falso federalismo, un confederalismo cantonalista, las identidades por bandera en lugar de los derechos y deberes que la ciudadanía confiere es como jugar a la ruleta rusa de la explosión del país, un día, por cualquier chispa. Y la no España tendría un coste económico y humano irrecuperable. Evitarlo es responsabilidad colectiva.
Maite Pagazaurtundúa es europarlamentaria.