Todos los años por estas fechas tiene lugar la discusión en las Cámaras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, en este marco, el debate de totalidad en el Congreso sobre el proyecto presentado por el Gobierno. Este trámite parlamentario marca el momento clave del proceso de aprobación de las Cuentas, ya que en él las formaciones políticas fijan sus posiciones sobre el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo y plantean sus objeciones, que pueden ser parciales, mediante enmiendas que serán discutidas posteriormente en comisión, o a la totalidad, objeto de discusión en el pleno del Congreso, con exposición pública de los motivos que fundamentan su oposición.

Si bien los Presupuestos se aprueban mediante ley, que al igual que en todos los países de nuestro entorno es objeto de discusión parlamentaria en estas fechas otoñales, no debe pasar desapercibido que se trata de una norma que presenta características muy especiales. Prueba de ello es que la Constitución le dedica una disposición específica (artículo 134), que establece el marco al que debe ajustarse, lo que no hace con las demás leyes; y el Reglamento del Congreso (y asimismo el del Senado) prevé un procedimiento especial para su tramitación y aprobación, lo que da cuenta de la especificidad de la ley presupuestaria.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso sobre el debate de totalidad de la ley de PGE, este tiene como objeto la determinación de «las cuantías globales de los estados de los Presupuestos» (artículo 134.1 RCD). Ello no impide que pueda hablarse también de otras cosas, siempre que tengan relación con las Cuentas y las cuantías de los gastos que en ellas se contemplan, que es lo que hay que dilucidar en este inicial trámite parlamentario. Lo que no tiene cabida en un debate presupuestario, y menos aún si éste es ‘de totalidad’ como expresamente se prevé en la norma que lo regula, es que en vez de centrar la atención en las cuestiones presupuestarias, este gire en torno a asuntos extrapresupuestarios.

Es lo que viene ocurriendo hasta ahora, al menos lo que se transmite a través de los medios, en relación con la tramitación en curso del proyecto de ley para el próximo año. No es ninguna novedad; todos los años se repite la misma cantinela, y más concretamente en torno a la discusión de totalidad. Podría decirse que estas prácticas, cuyo efecto no es otro que el de escamotear el debate propiamente presupuestario, han entrado a formar parte ya de nuestra particular cultura parlamentaria.

En las tres semanas transcurridas desde que el Gobierno aprobó el proyecto de ley de Presupuestos (4 de octubre) hasta el momento actual, en el que tiene lugar el debate de totalidad, los medios de comunicación nos han venido proporcionando abundante información sobre la posición adoptada por las distintas formaciones políticas ante los PGE y, en particular, sobre los motivos para su respaldo o rechazo. Pues bien, la mayoría de las veces, sobre todo en el caso de las posiciones que optan por el rechazo, los motivos para justificar la posición contraria a los Presupuestos se basan en consideraciones de carácter extrapresupuestario que poco o nada tienen que ver con la «determinación de las cuantías globales de los estados de los Presupuestos», que es sobre lo que, de acuerdo con la ley, hay que decidir en el debate de totalidad.

No han faltado a lo largo de todos estos días -o, al menos, es lo que más proyección ha tenido en los medios- las declaraciones de rechazo al proyecto de Presupuestos por provenir de un Gobierno que tiene su sostén en separatistas, golpistas, herederos de los terroristas, etcétera. No faltan tampoco las alusiones a asuntos cuya relación con los PGE es bastante discutible, como el trato a los presos de ETA, el abandono de las víctimas o la actitud ante el ‘procès’ (en este caso, por partida doble; por una parte quienes denuncian el entreguismo del Gobierno y, por otra, quienes le reprochan su inmovilismo). A lo que habría que añadir, ahora que el tema está de actualidad, las referencias a la agobiante presión fiscal para que el Gobierno pueda mantener un gasto público insostenible como el que prevén los Presupuestos.

Tras el debate de totalidad en el pleno del Congreso, se abre la fase de la discusión de las enmiendas parciales en comisión, que aunque suele tener menor proyección mediática no por ello deja de ofrecer interés. Entre otras razones porque si bien es difícil que se produzcan cambios sustanciales en las cuantías y en la distribución finales de los gastos, al menos pueden proporcionar una buena oportunidad a las distintas formaciones políticas para que lo que no ha sido posible en el debate de totalidad pueda serlo, a partir de ahora, en la discusión en comisión de las cuestiones propiamente presupuestarias.