El mismo día en que Pedro Sánchez acusaba al PP en el Parlamento de patrimonializar el Estado para beneficiar a sus familiares y amigos se conocía la imputación del hermano del presidente del Gobierno, la utilización por su esposa -también imputada- de medios públicos para actividades lucrativas privadas y se conocía la decapitación política del dirigente madrileño Juan Lobato, el único que dimite en este escándalo de filtraciones y utilización de la Fiscalía General del Estado, desde La Moncloa, para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lobato debería mirarse las normas aprobadas por la Unión Europea que protegen a los ‘whistleblowers’, los que alertan de la corrupción.

Naturalmente que nada de eso impide a Pedro Sánchez salir a la ofensiva; es decir, atribuir todos sus problemas a la conspiración, los bulos y el fango con la cantinela conocida de que Feijoó llegó a la presidencia del PP para tapar la corrupción de Ayuso -jamás ha habido ni el mínimo indicio ni acción judicial contra ella, mientras su hermano ha quedado libre de toda sospecha-. Este Sánchez campanudo y achulado -«tres años más… ¡y los que vienen!», dijo a los delegados de UGT- que tan pronto exhibe dudas existenciales de hombre enamorado y amaga con retirarse como se viene arriba por exigencias del guion y se propone como presidente casi perpetuo, es el mismo político producto de la impostación, carente de convicciones salvo la propia fe en su destino para el poder con el desahogo que le permite llenar su vacío moral con la permanente justificación de los medios por el fin.

Nada lleva a este PSOE a la reflexión. Vivir al día con el pegamento del poder es la única estrategia. Proponerse como la mejor opción para todas las minorías que se disputan trozos de Estado hasta rayar el hueso es la garantía de permanencia del socialismo. Lo que se ha propuesto en este congreso es un paso más en la acelerada pendiente de este partido hacia el cesarismo populista de Sánchez sustentado en un ejercicio colectivo de autojustificación de la sucesión de desmanes en términos democráticos que el Gobierno viene cometiendo: amnistía, Código Penal a medida de los sediciosos, ocupación de la radiotelevisión pública, manipulación de la Fiscalía General del Estado, ataque a jueces, cultivo esmerado de la polarización, crisis exteriores por razones de política interna (Israel, Argentina), neutralización del Parlamento, gobierno por decreto.

Unos dentro del PSOE asumen esta línea con naturalidad y se sienten confortados por lo heroico que resulta pactar con semejantes socios porque todo lo que lleve a impedir un Gobierno del PP queda automáticamente legitimado, ya sea el apoyo al pasado criminal de ETA o la intentona secesionista en Cataluña. El delincuente de ayer es el socio de hoy para un PSOE que no ha dudado en corroer el logro común de la Transición democrática mediante una política de supuesta memoria histórica utilizada para abonar el descrédito de aquel periodo como un proceso inauténtico de olvido, en vez de un esfuerzo de reconciliación sin precedente en nuestra historia.

Otros socialistas, sin embargo, no pueden asumir este descenso a la demagogia, el cesarismo y el vacío que solo llena la figura de Pedro Sánchez. Pero esos o están fuera o están callados. Y los que hablan se hacen trampas en el solitario. Esta misma semana, al conocerse la cesión de competencias en inmigración a Cataluña, Emiliano García-Page se lamentaba de que «a España le queda cada vez menos Estado». El lamento es tan sincero como tramposo. Porque es verdad, pero nada de eso ocurre como si fuera un fenómeno de la naturaleza el que lo causara, cuando es la izquierda liderada por el PSOE la que se encuentra comprometida con la mutación confederal del Estado o, lo que es lo mismo, el despiece de la estructura estatal que debe garantizar la igualdad, la solidaridad y un gobierno efectivo en la unidad en interés de todos los españoles.