EL MUNDO 20/05/15
· Constatan que Garzón y la Fiscalia rechazaban en 2007 la cárcel esgrimiendo que su actividad era política
Los condenados del caso Batasuna añoraban ayer en el Tribunal Supremo (TS) la manga ancha de que disfrutaron durante el proceso de paz de 2007. En la vista por los recursos de casación interpuestos por los 20 condenados por colaborar o pertenecer a ETA, su defensa sacó a relucir los comprensivos autos del ex juez Baltasar Garzón y los escritos de la entonces menos beligerante Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El abogado Iñigo Iruin recordó al Alto Tribunal que tanto el instructor como el Ministerio Público rechazaron en 2007 dictar prisiones preventivas al estimar que los imputados en el sumario de las herriko tabernas hacían política y estaban trabajando a favor del proceso de paz. Esos mismos hechos, por contra, se usaron en 2014 para dictar condena, una «extralimitación» que piden al Supremo que corrija.
La defensa también solicitó al Alto Tribunal que aplique la última reforma del Código Penal, que a su juicio implica una rebaja sustancial de las penas. Se trata de una rebaja que puede aplicarse «cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido». Su aplicación supondría dejar en la mitad o menos las ya reducidas penas que aplicó la Audiencia: entre los 15 meses y los tres años como máximo por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Entre los condenados estaban dirigentes como Joseba Permach y Rufino Etxeberria.
Tanto la Fiscalía como la AVT y Dignidad y Justicia se oponen a la solicitud. Según el fiscal Álvaro Redondo, la rebaja no está pensada para casos como éste y no debería aplicarse aunque los condenados no usaran directamente la violencia. «Aprovecharon instituciones culturales de gran raigambre para favorecer de forma grave el terrorismo», mantuvo el fiscal.
La defensa también ha pedido que se aplique la máxima rebaja posible por dilaciones a todos los condenados, ya que cinco de ellos sólo se beneficiaron parcialmente. Eso afectaría a Permach, el único al que de confirmarse la pena le quedaría por cumplir varios meses de prisión.
La defensa planteó finalmente una tercera vía para reducir las condenas de inhabilitación. A su juicio, la suspensión de actividades de Batasuna redujo los derechos de participación política de los condenados. Por ese motivo, debería rebajarse el tiempo de inhabilitación que les queda por cumplir, del mismo modo que el TS resta días de prisión para compensar algunas medidas cautelares aplicadas durante la instrucción.
En todo caso, las peticiones de rebaja de condenas son subsidiarias de la exigencia principal: la absolución de todos los condenados en la primera macrocausa abierta contra el entorno de ETA.