Ignacio Camacho-ABC
- La declaración de «utilidad pública» confiere a los líderes separatistasla impunidad y el rango debienes de Estado
Salieron los presos y, como era de esperar, nada más pisar la calle prometieron volver a hacerlo. Eso sí, ninguno rechazó el perdón que desdeñan de boquilla ni fue lo bastante coherente para quedarse dentro. Pero a lo que en absoluto se pareció aquello es al clima de reencuentro y buena voluntad que dice perseguir el Gobierno; cuando los excarcelados hablan de «comenzar de nuevo» se refieren al proceso de autodeterminación por las bravas que los llevó ante el Supremo. Se sienten fuertes porque Sánchez los ha declarado «de utilidad pública», lo que equivale a conferirles el rango de bienes de Estado, intocables para la justicia y situados en un pedestal de privilegio inaccesible para el resto de los ciudadanos.
Y no les falta razón porque sólo ellos tienen la llave de esta legislatura y pueden hacer que los dos próximos años se conviertan para el presidente en un verdadero calvario.
Según el argumentario oficial construido en el laboratorio de Moncloa, todo eso no es más que retórica, una forma de disimular ante la grey independentista la clamorosa evidencia de una derrota. Y quien piense lo contrario, que a tenor de las encuestas es la mayoría de la población española, está equivocado o se trata de una mala persona insensible a la generosidad, el diálogo, la paz civil y la concordia. En esa categoría debe de estar incluido también Rufián, que en la sesión del Congreso, paralela a la puesta en libertad de los reos, no sólo no parecía agradecido ni contento sino que trató a Sánchez con una displicencia de perdonavidas chulesco. El jefe del Ejecutivo habrá comprado -alquilado más bien- tiempo pero el favor no le va a granjear entre el separatismo una pizca de aprecio. Y esa actitud hostil es bastante más profunda que la escenificación de un falso distanciamiento «para consumo interno», por mucha consigna que los trompeteros del sanchismo repitan mañana, tarde y noche en los medios. Se asemeja más bien a la altivez del chantajista, a la convicción de impunidad legal y política de unos tipos que acaban de beneficiarse de una decisión ilegítima sin necesidad de aportar ninguna contrapartida.
Es probable que por su propia conveniencia no vuelvan a echarse al monte durante este mandato. Pueden obtener mejores resultados con el simple amago implícito o expreso de intentarlo. Con su impostada clemencia, el Gobierno les ha regalado una posición de ventaja que van a exprimir mediante la estudiada dosificación de la amenaza. El indulto -y la posterior reforma penal del delito de sedición- deja al Estado sin armas ante una eventual repetición de la asonada y a los secesionistas con las manos libres para elegir su táctica. Ahora les interesa acumular prebendas para asentar su hegemonía y reorganizar fuerzas. Será entonces cuando sonará la siguiente llamada a la independencia. Y no les importará si en el poder está la izquierda o la derecha.