JAVIER ZARZALEJOS, EL CORREO 11/02/13
· La pretensión de determinados grupos de patrimonializar la indignación esconde con frecuencia una agenda política nada democrática.
Unos días atrás, una representante del movimiento ‘Stop desahucios’ que había sido llamada a informar a la comisión parlamentaria encargada de debatir la reforma de la ley hipotecaria, tachó de ‘criminal’ a un representante de la banca que haba intervenido con anterioridad, confesando que había estado a punto de tirarle un zapato y con ganas de hacerle cosas peores. Sólo la sede parlamentaria le disuadió de dar rienda suelta a su indignación contra alguien que, en todo caso, había cumplido con un deber ciudadano –comparecer en el Parlamento– y había expresado, parece que respetuosamente, sus opiniones que era lo que los diputados querían conocer. Naturalmente, la performance parlamentaria fue acogida con admiración y felicitaciones por esos sectores que han encontrado en la reivindicación indignada, los componentes de buena conciencia y espectáculo que atraen titulares y cabeceras de informativos. Un mal servicio a una buena causa –la reforma del sistema hipotecario– que otros han planteado en términos mucho más eficaces.
En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia ha archivado la denuncias contra las coacciones, las amenazas y la violencia piquetera del alcalde sindicalista andaluz Sanchez-Gordillo, cuyas acciones, que se pretenden reivindicativas, incluyen llevarse por la cara –o por la coacción– carros enteros con comida montando una farsa de ‘hurto famélico’ que ofende a tantas organizaciones y voluntarios que, esas sí de verdad, reparten comida, proporcionan alojamiento, acompañan y ayudan a sostener con generosidad y dignidad a quienes los necesitan. El Tribunal entiende que se han bordeado los límites pero que, en el fondo, Gordillo y su partida de la porra sólo estaban ‘afeando’ a los trabajadores del supermercado asaltado su resistencia a la coacción.
Los violentos de Gordillo también estaban indignados y la indignación en España no sólo se ha convertido en una categoría moral –cuanto más indignado está uno, mejor es– sino en una fuente de nuevos derechos. La indignación, que debería ser un estado de ofuscación pasajera, es un título que habilita para exigir que conductas objetivamente inaceptables tengan que ser soportadas o transformadas en actos meritorios y aun socialmente valiosos. Habilita para insultar; en su versión extrema pero frecuente, legitima para no reconocer las deudas; despoja de la presunción de inocencia a quien resulta ser el objeto elegido de la indignación y da derecho a llenar gratis el carro de la compra siempre que se organice el adecuado montaje tumultuario.
Una nueva categoría de ciudadanos se consolida. Los de a pie y ‘los indignados’, autoinvestidos como vanguardia de una regeneración que no avalan ni la trayectoria personal, ni el sesgo ideológico de estos heraldos, sobre el que apenas se discute. Es sorprendente la enorme tolerancia de la opinión pública ante personas que si llegaran a tener alguna responsabilidad pública más allá de las que puedan desempeñar en este momento, convertirían a nuestro país un régimen que por comparación haría de la Venezuela chavista una democracia ejemplar y de la economía corrupta y ruinosa del agonizante comandante caribeño un edén de prosperidad. Personajes como estos con su retórica de los desposeídos son meteoritos desprendidos del imaginario revolucionario de la Cuba castrista –esa sí– famélica, corrupta, arruinada, sucursales meridionales de apoyo al brazo político de ETA, abogados de la violencia en nombre de los derechos del pueblo cuya representación se arrogan sin ningún título.
Tal vez sean tiempos de indignación inevitable pero desde luego no deben ser tiempos de legitimación de la violencia y la coacción, verbal o física. No deben ser tiempos de doctrinas judiciales, políticas o mediáticas que den carta de naturaleza a niveles ‘tolerables’ de violencia en la sociedad. Los lamentos después, son siempre tardíos.
Si se entiende que Gordillo y sus acompañantes pueden ‘afear’ a quien se les ponga por delante el que no secunde sus rondas de asalto y confiscación de supermercados, habría que admitir entonces que algún día, alguien, decida ‘afear’ a Gordillo y compañía su mala educación al no pedir las cosas por favor. Y ni lo uno ni lo otro puede tolerarse. Que la huelga se encuentre asociada en su origen al enfrentamiento social violento no justifica la persistencia de la violencia una vez reconocida como derecho. La indignación no puede ser objeto de apropiación por quienes no pueden alegar ni más representatividad, ni más méritos, ni más credibilidad democrática que tantos otros actores sociales que trabajan por la regeneración y la solidaridad enfrentados a las peores consecuencias de la crisis. La pretensión de determinados grupos de patrimonializar la indignación esconde con frecuencia un agenda política nada democrática, busca objetivos sectarios y aspira a que la condición de indignados justicieros, alternativos, debeladores de todas la corrupciones les habilite para hacer y decir cosas por las que cualquiera de los ciudadanos tendría que responder.
Más paradójico es el enorme favor que hace a los verdaderos corruptos la propagación de la indignación ‘contra todos’. Porque para que haya malos, algún bueno tiene que haber y para poder hablar de corruptos, hay que reconocer que existen personas honradas también en la política. ¡Qué más quieren los auténticos corruptos que se diga aquello de que ‘todos son iguales’.
JAVIER ZARZALEJOS, EL CORREO 11/02/13