Aunque la UE no reconoce al Gobierno talibán, el hecho de abrir una negociación con él en la crisis de los refugiados supone un ataque a los valores fundacionales de la Unión. Por mucho que el comisario europeo de Migraciones y promotor de la cita, el austriaco Magnus Brunner, defendiera la necesidad de «gestionar una realidad», no todo vale en nombre del pragmatismo. Y menos hacerlo a costa de traicionar unos principios en compañía de un dictadura fundamentalista que impone vetos inhumanos, sobre todo a las mujeres a las que niega su propia condición -les restringe la libertad para estudiar, trabajar, pasear por un parque, ser vistas o hablar en público-. A pesar de ese cruel recorte de derechos, la decisión de los representantes de la Comisión Europea y de quince Estados miembros de abrir una negociación sobre expulsiones con las autoridades de facto de Kabul revela un cambio de paradigma: la migración ya no se aborda prioritariamente como un fenómeno humanitario, demográfico o económico; comienza a ser tratada como una amenaza a la seguridad nacional.

El dilema está abierto. Negar cualquier problema no ayuda a resolver la crisis migratoria de Europa e, incluso, puede dar alas al extremismo que celebró en el Parlamento la nueva normativa sobre centros de deportación con muestras de xenofobia al grito de «echadlos». Sin embargo, los gobiernos europeos no deben pervertir el derecho internacional al asilo que la UE forjó tras la Segunda Guerra Mundial por temor electoral al auge ultra. Cualquier acercamiento a los talibanes será celebrado por ellos como un reconocimiento, un triunfo propagandístico que no merecen.