Los titiriteros van ganando la batalla contra los CFSE

FRONTERA-D REVISTA DIGITAL – 10/02/16 – MIKEL ARTETA

· “Los que hoy son considerados terroristas, puede que mañana no lo sean. Depende de quién gane la batalla política”. Esto lo dijo el histórico dirigente de Batasuna, Pernando Barrena, en 2007.

El 13 de enero de 2016, mientras este país reía la gracia del niño de la Bescansa, el mismo Barrena (junto a otros 34 dirigentes) acababa de reconocer que todo (Erriko tabernas con las que se financiaban; sindicato LAB; alternativa KAS; colectivo de presos –“EPPK”–; colectivo de familiares de presos “Etxerat”; abogados –Gestoras, Herrirá–; o las sucesivas marcas de Herri Batasuna, de la cuáles él ha sido dirigente formal o en la sombra, hasta llegar a Sortu), fue efectivamente ETA. En realidad todo estaba probado judicialmente y bien documentado en sentencias con incontables documentos internos confiscados a la banda por la Guardia Civil y la Policía. (Que son quienes han acabado con ETA, no lo olvidemos).

Pero parece que al PP, con intención de convencer a la decadente opinión pública española, le pareció que sería una victoria política obtener la confesión de la cúpula de Batasuna. Igual creía que, para callar al ejército de cachondos papagayos que repiten incansables que para algunos fachas “todo es ETA”, esta confesión bien valía que la Fiscalía pactase con ellos que ninguno entrara en la cárcel.

Hoy podemos confirmar que ese Pacto de la vergüenza de la Fiscalía con Batasuna exigía a la banda dos contrapartidas: además de la confesión firmada, la disolución incondicional de ETA. En realidad esta segunda condición estaba clara, pues el mismo día, otro dirigente de Sortu les dijo a los miembros del colectivo de presos (EPPK) que se buscaran la vida para lograr individualmente beneficios penitenciarios (hasta ahora no accedían a ellos porque en lugar de acceder individualmente –como exige la ley– pretendían acceder colectivamente, es decir, reivindicándose como parte de ETA y, por tanto, afirmándose en sus crímenes), que ellos ya no podrían hacer nada por mejorar sus condiciones.

Puesto que la única carta que a ETA/Sortu podía quedarle para mantener la disciplina de los presos (y para lograr una última victoria simbólica frente al Estado) era la de entregar las armas y disolver formalmente la banda a cambio de beneficios penitenciarios, lo que estaba diciéndole ahora Sortu/ETA al colectivo de presos era evidente. Y, soltando ese lastre, salvaban de paso su culo y se aseguraban no ser procesados (no se puede procesar a alguien dos veces por el mismo delito) por el Tribunal Penal Internacional, que les investigaba por crímenes de lesa humanidad.

Parece difícil no atar cabos y colegir que el Gobierno ha perdonado la cárcel a los dirigentes de una organización que ha reconocido ser parte del entramado de ETA, simplemente por reconocerlo y entregar las armas. Si esto fuera así, habría impedido que sean juzgados por uno de los crímenes más grave que pueda cometerse: uno de lesa humanidad. Y la prensa habría pasado de puntillas sobre el asunto. Saque cada uno sus conclusiones.

Sin embargo, sería de una ingenuidad infinita por parte del Gobierno creer que con este pacto se iba a acabar la pretensión política anunciada por la cita inicial de Pernando Barrena. Ellos van a seguir luchando por ganar la batalla política y por que su organización y su proyecto queden desvinculados del terrorismo. Y, para ello, una de las claves ha sido siempre caracterizar a nuestro Estado como opresor, deslegitimarlo para justificar primero sus acciones terroristas pasadas (habría sido en defensa propia) y, segundo, el programa político que van a defender en adelante.

En este marco hay que entender el alcance político y moral del episodio ya cansino de los titiriteros. Hay consenso sobre su derecho a ejercer su libertad de expresión y, por tanto, sobre el carácter legal del acto. (Por cierto que si alguien tiene responsabilidad por la denuncia que condujo a la encarcelación es la alcaldía madrileña de Podemos –no los fachas del PP–; y ellos tienen también la responsabilidad política por contratarlos; ellos se lo guisan y ellos se lo comen). Pero creo que aún no se ha explicado bien por qué resulta nauseabundo. Resulta nauseabundo porque el de los txacurras (perros), que así es como llamaban a los policías, guardias civiles o militares, fue el colectivo más perseguido y con más víctimas de ETA: ellos simbolizaban y simbolizan precisamente ese estado represor (fundante en su relato terrorista), y asesinarlos fue lo que más apoyos civiles les granjeó.

Una buena parte de la sociedad vasca hizo suyo el odio al txacurra, mediante omnipresentes pancartas colgadas en los balcones de Euskadi con el lema etnicista y sanguinario que ETA popularizó en los 80: “que se vayan” (aquí la letra de un grupo de rock vasco muy popular; por cierto que el subtítulo de la obra de los titiriteros –“a cada cerdo le llega su san Martín”–, podría hacer referencia a esta otra letra del mismo grupo, que tampoco tiene pérdida). Transcribo sólo dos muestras de los comunicados con que ETA despachaba la justificación de sus asesinatos:

—25 de marzo de 1982. Tras los asesinatos de los Policías Agustín Martínez Pérez y Alfonso Maside Bouzo así como de Cristina Mónica Illarramendi (a quien califica de “colaboracionista”): “Aconsejamos, tal y como lo hemos hecho a través de diversos comunicados difundidos en estos últimos años, que eviten para su propia seguridad acudir a lugares frecuentados por la txacurrada [Policía y Guardia Civil], rehusar su compañía, alejarse de los cuarteles, centros de reunión de la Policía, etc.”

—31 de marzo de 1982. Tras asesinar a Ramiro Carasa Pérez, le acusa de “fascista, anti-vasco y colaborador de la Guardia Civil y la Policía política española” y el 16 de abril, tras lanzar granadas contra el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo, “anuncia públicamente  al Gobierno español la concesión del plazo de un mes a contar desde eta fecha para proceder al desalojo de los miembros y familias de las fuerzas represivas”. En tanto las FCSE siguieron en Eukadi, ETA se consideró “libre de todo compromiso” para proseguir la actuación armada e hizo un llamamiento para “ahondar aún más el vacío y la marginación de estas fuerzas extranjeras, soslayando todo tipo de contacto personal o profesional de cara a lograr una situación de máximo aislamiento que facilite la conquista de la consigna popular QUE SE VAYAN”.

No tengo ninguna duda de que el espectáculo de los titiriteros entra dentro de lo que tolera la libertad de expresión. Pero tampoco tengo ninguna duda de que, con o sin intenciones anarquistas (lo de justificarlos como anarquistas es de guasa) han alimentado los postulados con los que ETA busca ganar la batalla política. Infinitamente más después de haberlos detenido; por el eco, claro.

Muy a pesar de las ingenuidades del gobierno, el reconocimiento de Batasuna de ser ETA, no ha acabado ni acabará con las hordas de mezquina ciudadanía que hacen befa de todo esto. Es decir, los han liberado a cambio de nada. Porque, para lograr algo que mejorase nuestra podrida sociedad, habría que hacer pedagogía y explicar en qué se sustentaban los asesinatos: en el odio y asco a lo español, por ser diferente a la esencia propia. Un sustrato que todavía está impregnado en el País Vasco, por más que PNV o Batasuna busquen dejar atrás las raíces étnicas.

Por eso hay que explicar políticamente que el nacionalismo siempre es un proyecto antiliberal, que depende tanto de presupuestos étnicos como de una construcción nacional que traiga dichos presupuestos a la realidad social. Que apela a lo predemocrático para romper la comunidad de justicia (de solidaridad en derechos y obligaciones) que es la democracia. Por eso el nacionalismo sólo puede renunciar al etnicismo de boquilla, a nada que se entienda su esencia antidemocrática.

Por eso, lo más triste es que, al desentendernos del discurso político con el que deberíamos confrontar las pretensiones de Pernando Barrena (un discurso que debe ser esencialmente antinacionalista, por democrático) se está produciendo, mediante actuaciones como las de los titiriteros (y de quienes aplauden sus gracias en lugar de defender con solemne dignidad su –dan ganas de decir que inmerecida– libertad de expresión), aquella doble muerte que, según Benjamin, hay detrás de todo crimen: la física y la hermenéutica. Pues resulta que quien comete un crimen arrastra ese crimen con él, a menos que, como pretende Batasuna y nosotros parecemos aceptar, consiga eliminar su rastro. De ahí que los vencedores y, muchas veces, los espectadores (¡e incluso los propios vencidos!) entiendan, incorrectamente, la justicia como una forma de pasar página en aras del futuro y la convivencia.

Por supuesto, hay muchas formas de pasar página: la preferida por la mayoría es disolver la violencia de ETA en un magma genérico y confuso de violencias, incluida la violencia del Estado, que cristalizaría en las actuaciones indignas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De este modo ETA no sería culpable porque todos lo son. Incluso porque su violencia sólo sería reactiva; y, por tanto, si no justificable, sí explicable. Este es el nivel.

Tras HB, o el PNV el último en utilizar dicha táctica ha sido Podemos, tal y como constaba en su documento “Sistema penal y construcción de la paz en Euskadi tras el fin del terrorismo: la postura de Podemos desde la defensa radical de los derechos humanos”, que misteriosamente han quitado de su web (quizás porque lo denuncié en la anterior entrada, a saber). Ahí acusaban a las  “instituciones del Estado” de haber “cometido directa o indirectamente vulneraciones –asesinatos, torturas, detenciones, etc– de derechos humanos en el ámbito policial y también judicial y penitenciario: los autores de todas las violencias ejercidas –más allá de su equivalencia– son responsables del daño injusto causado y de las vulneraciones de derechos humanos cometidas”.

Pero quien más ha conseguido enfangar el asunto en esa línea, por el poder político efectivo que atesora en las instituciones, ha sido el PNV. En el “informe base de vulneración de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)”, redactado por nuestra querida Manuela Carmena (junto a Jon Mirena Landa, Ramón Mújica y Juan Mª Uriarte) a petición del PNV (es curioso como… ellos se juntan), asistimos a este esperpéntico totum revolutum:

“el padecimiento de cada miembro de la familia de alguien que se ha visto amenazado, extorsionado o difamado por ETA. El padecimiento añadido de las familias de los presos, o el de cada una de las familias de los 40.000 personas detenidas, de las que, según el Ministerio de Interior menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA. Pero, sobre todo, téngase en cuenta que 277 personas más han perdido la vida de muy diversas maneras en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia: suicidios, enfrentamientos, manipulando su propio armamento, por disparos fortuitos entre cuerpos policiales… Aunque todo ello no puede considerarse en sentido estricto vulneración de derechos humanos, forma parte de la memoria de lo sucedido.”

Pero sigamos. En dicho informe (que está viciado de abyección desde el título –puesto que, por fechas, solapa a las víctimas de una dictadura con las víctimas del terrorismo etarra en democracia–), encargado por el gobierno vasco, además de pedir que “se clarifiquen los atentados de ETA no esclarecidos”, se investigue “la realidad y extorsión económica” y se indague el “número de personas que abandonaron el País Vasco por la violencia de persecución”, también pedía que se investigaran “las violaciones de los derechos humanos no clarificadas y cometidas por las fuerzas del orden público, o por grupos violentos”, así como que se realizara un “estudio sobre la fiabilidad de las denuncias de torturas con base en criterios de tipo psicológico-forense según el denominado protocolo de Estambul”. A partir de ahí, el gobierno vasco, priorizando lo segundo sobre lo primero, procedió al estudio administrativo (no judicial) de torturas policiales de la primera fase (1960-1978) para acometer su “reconocimiento, reparación y prevención” de cara a 2015.

Pongámonos en antecedentes. Aunque el 9 de abril de 2002, el relator especial de la ONU para la torturas, el holandés Theo van Boven, se hizo eco de un total de 58 denuncias presentadas en España, lo cierto es que siempre ha resultado muy difícil saber cuánto hay de verdad en éstas. Las cifras en absoluto resultan fiables pues los presos han tenido la consigna de denunciar torturas por sistema y la prensa afín a ETA, como el diario Gara, llena sus páginas con imágenes manipuladas y noticias probadamente falsas de torturas. Baste con aclarar, por ejemplo, que el denominado Observatorio vasco de Derechos Humanos (BEHATOKIA) es una iniciativa impulsada, entre otras asociaciones, por ETXERAT (Asociación de familiares de represaliad@s polític@s vasc@s), el colectivo de presos vascos que siempre ha permanecido bajo la férula de ETA. Lo mismo sucede con las Gestoras Pro Amnistía, que forman parte de los entes que circundan a ETA y que se someten al liderazgo de la banda: su misión era denunciar sistemáticamente las torturas.

De hecho, muchos casos sonados de supuestas torturas, como el de Unai Romano, han terminado por desmontarse, revelándonos que todo formaba parte de una estrategia. Éste era un supuesto colaborador de ETA que, dos días después de haber sido detenido por la Guardia Civil, presentó unas fotos con collarín y la cara hinchada y llena de moratones y magulladuras. Bien, aunque las fotos acabaron siendo carteles que empapelaron todo el País Vasco denunciando torturas policiales, tanto la juez del caso como la médico de la Guardia Civil negaron cualquier tipo de maltrato y lo atribuyeron a autolesiones. Al final, y ante la evidencia de los informes forenses, tuvo que reconocer, al menos, que se autolesionó mordiéndose en las muñecas. Lo demás cualquiera puede imaginarlo.

En el propio informe encargado por el gobierno vasco sobre vulneraciones de Derechos humanos de 2013 se aclaraba que, sobre esto, “las posiciones son dispares, yendo desde su negación hasta quienes contabilizan 10.000 casos. Existe la constatación de 5.500 denuncias públicas (sumando las judiciales y extrajudiciales en los dos periodos). Según organismos internacionales de derechos humanos, su práctica, habitual hasta los años ochenta, es todavía “más que esporádica””. Y luego cuentan, de 1979 a 2013, 124 personas hospitalizadas tras pasar por comisaría, y 19 sentencias (que afectan a 31 personas torturadas) contra 62 agentes, 27 de los cuales fueron indultados.

A la luz de esto, no parecería prudente negar tajantemente que no haya podido haber algunas denuncias verdaderas; y, desgraciadamente, parte de la duda razonable se asienta, más que en pruebas, en dos cuestiones delicadas: por una parte, en el ruido ensordecedor infundido por el lobby etarra, cuyas directrices siempre fueron las de denunciar torturas policiales para desacreditar al Estado como opresor; por otra parte, en la dificultad de fiscalizar el asunto en tanto, como Amnistía Internacional ha denunciado, en España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros 5 sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez.

Respecto a lo primero, tratándose de derechos fundamentales, el Estado debe velar por el estado de derecho e investigar lo que proceda. Respecto a lo segundo, no tengo claro (pura ignorancia) si, como denuncia Amnistía Internacional, dicha incomunicación viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (porque –alega AI–, los 5 días de reclusión son 2 más de lo que prevé la Constitución en el régimen normal). Me explico: puesto que se trata de delitos de terrorismo (crimen que atenta contra la propia organización política –contra la condición de posibilidad del resto de derechos de todos los ciudadanos–) se presume mayor gravedad, mayor riesgo contra el bien jurídico “seguridad del Estado”, que en cualquier otro delito. Que una correcta ponderación tuviera por razonable la reclusión durante 5 días tampoco debería extrañar.

En cualquier caso, volvamos al informe sobre vulneraciones de Derechos Humanos en Euskadi. De acuerdo con la opaca investigación que el gobierno vasco está llevando a cabo sobre la primera fase (1960-1978), se han resuelto 68 expedientes de 230 existentes: las 68 personas, sin excepción, han sido reconocidas como víctimas de la violencia y han recibido o recibirán ayudas. Pero el TSJPV les tiene que dar todavía viabilidad legal. ¿Qué podríamos esperar de una segunda fase (1978-2013)?

Huelga decir que sería bueno para nuestro sistema democrático que se investigasen las  torturas. Pero, desde luego, no es ni el Gobierno vasco ni historiadores mercenarios los que deben hacer esa investigación: porque la investigación histórica seria es deudora de categorías políticas, morales e incluso semánticas; y el Gobierno vasco está dispuesto a pasar por encima de todas ellas para que impere un relato mentiroso. Lo entenderán enseguida con los siguientes ejemplos. Resulta que el mencionado “informe base de vulneración de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)” ha dado lugar a los “Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco (1960-2010)”. Y en estos retratos, junto con los asesinatos terroristas (cometidos en nombre de un proyecto totalitario étnico, repetimos) no sólo se mezclan los asesinatos de policías en abuso de sus funciones, sino casos que no pasarían de las páginas de sucesos en la prensa:

· Primer ejemplo:

Justo López de Zubiria

Fecha: 25/08/1979.

Edad: 43 años.

Vecino de: Vitoria-Gasteiz.

Hijas/hijos: Dos hijos.

Profesión/cargo/otros: Propietario del bar Las Vegas de la capital alavesa.

Autoría: Un policía de paisano, al parecer embriagado.

Lugar: En el interior del establecimiento Las Vegas de Vitoria-Gasteiz.

Procedimiento: Disparos con arma de fuego.

Más datos: El agresor también mató a un cliente del bar Félix Mingueta Sanz. Se dictó una sentencia condenatoria contra el policía en un juicio celebrado el 06/11/1980. El uso indebido de armas por parte de policías causó la muerte de 13 personas hasta 1981, muchas de ellas tuvieron como escenario los establecimientos hosteleros. El caso consta en el Informe Víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la violencia de motivación política de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco (2008).


· Segundo ejemplo:

Luis Quintana Monasterio

Fecha: 06/09/1980.

Edad: 46 años.

Vecino de: Barakaldo (Bizkaia).

Profesión/cargo/otros: Trabajador de Babcock Wilcox. Militante del PSE-PSOE. Afiliado al sindicato

UGT. Había sido jugador de fútbol del equipo Barakaldo.

Autoría: Un policía de paisano.

Lugar: En la calle La Laguna del barrio de Las Cortes de Bilbao, hacia La Cantera.

Procedimiento: Disparos con arma de fuego en el contexto de una discusión en la calle.

Más datos: En los mismos hechos resultaron heridas otras tres personas por los disparos del policía.

 

· Tercer ejemplo:

Manuel Luciano Pérez Gómez

Fecha: 30/06/1980.

Natural de: Labastida/Bastida (Rioja alavesa).

Autoría: Un guardia civil de paisano.

Lugar: De un tiro en el corazón en la discoteca La Masía de Haro.

Procedimiento: Disparo con arma de fuego.

Más datos: Manuel Luciano se encontraba con su hermano y dos amigos en el momento de los hechos. La familia no fue avisada del juicio que se celebró el 23/10/1982 por la jurisdicción militar, siendo condenado el agente a seis años de prisión. Este caso se recoge en el informe Víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la violencia de motivación política de la Dirección de DDHH del Gobierno vasco (junio 2008, pp. 452 y 453).

Por eso, antes de saber el resultado de una investigación sobre víctimas de abusos policiales (que ya anticipamos que estará absolutamente sesgada), convendrá recordar que las denuncias de torturas fueron sistemáticamente promovidas como directriz de la banda; y que fueron casi siempre desmontadas (p. 46) y refutadas por informes forenses. Y, por supuesto, para que algunos afinen sátira y humor, convendrá recordar que la Guardia Civil es el colectivo con mayor número de asesinados por ETA, con 230. Le siguen la Policía Nacional, con 183 miembros muertos por acciones terroristas, y la Policía Municipal, con 30. Además, ETA ha asesinado a 103 militares.

Conviene recordarlo de tanto en tanto, aunque no se nos escuche, porque al fin y al cabo son los titiriteros quienes van ganando la batalla política. Por incomparecencia. Lo demuestra la poca gente que ha saltado en defensa del honor de los CFSE, que siempre y en todos los sentidos han sido los más sacrificados. Por suerte hay excepciones: hoy, en El Mundo, un gran homenaje a uno de ellos.