En su libro ‘El manual del dictador’, el politólogo Bruce Bueno de Mesquita expone que todo líder político mantiene el control del Estado a través de tres grupos sociales: los selectores nominales, los selectores reales y la coalición ganadora. Los selectores nominales son todos aquellos que formalmente poseen algún tipo de competencia a la hora de seleccionar al líder político: por ejemplo, en nuestras democracias, serían el conjunto de los votantes. Los selectores reales son aquellos que verdaderamente cuentan con poder para seleccionar al líder político: por ejemplo, en nuestras democracias, serían los diputados del Congreso (en representación de los selectores nominales). Y, por último, la coalición ganadora sería el subconjunto de selectores reales que terminan escogiendo a un determinado líder político: por ejemplo, en nuestras democracias, serían aquellos diputados que, por mayoría absoluta, eligen al presidente del Gobierno.

De acuerdo con Bueno de Mesquita, dos de las reglas que ha de seguir todo dictador para perpetuarse en el poder son, por un lado, minimizar el tamaño de la coalición ganadora y, por otra, maximizar el tamaño de los selectores nominales. Al minimizar el tamaño de la coalición ganadora, el ‘dictador’ se asegura de que su permanencia en el poder puede lograrse comprando muy pocas voluntades; al maximizar el tamaño de los selectores nominales, el dictador evita que aparezcan nuevos selectores reales que alteren la coalición ganadora. En definitiva, los buenos dictadores concentran el poder efectivo en muy pocas manos y diluyen el poder nominal entre muchísimas manos (nótese que esta misma estrategia puede emplearse en el seno de una sociedad anónima para otorgar todo el poder al CEO: diluir el poder nominal entre muchísimos pequeños accionistas para que el poder efectivo recaiga en unos pocos accionistas de control afines al CEO).

No es complicado trazar un paralelismo entre las técnicas que Bueno de Mesquita considera que deben ser aplicadas por los buenos dictadores y la reforma de los criterios de elección del Consejo General del Poder Judicial que pretenden promover el PSOE y Unidas Podemos. Hasta el momento, 12 de los 20 vocales que componen el CGPJ se escogían por mayoría cualificada de 3/5 partes de los diputados. No era una fórmula ideal, pues ya suponía una politización inaceptable de la Justicia —en lugar de que sean los jueces quienes escojan su propio gobierno, son los políticos quienes seleccionan a los gobernantes de los jueces para controlarlos desde esta instancia presuntamente independiente—, pero al menos era una politización transversal: al requerir 3/5 del Congreso, se aseguraba un cierto consenso entre las fuerzas políticas a la hora de escoger a los vocales. O dicho de otro modo, los vocales no eran escogidos únicamente por la coalición parlamentaria que sostenía al Gobierno sino también, en parte, por la oposición.

Con la reforma de PSOE y Podemos, sin embargo, la mayoría política que sostiene al poder ejecutivo será suficiente para seleccionar a esos 12 vocales, de modo que la oposición podrá ser radicalmente excluida de configurar el gobierno de los jueces (remarquemos que ningún político debería tener nada que decir en esta configuración, pero si interfieren en esos nombramientos, mejor que lo hagan a través de mayorías cualificadas). Lo que buscan PSOE y Podemos, por consiguiente, es reducir el tamaño de la coalición ganadora a la hora de determinar la composición del CGPJ y, por tanto, a la hora de controlar la Justicia por la puerta de atrás. A su vez, y mientras tanto, también alimentan la ficción de que, con su reforma, se estará respetando el mandato constitucional —como emanación de la voluntad popular— de renovar el CGPJ: es decir, generan la ficción de que la totalidad de los españoles somos los selectores nominales del gobierno de los jueces cuando, en realidad, serán solo una camarilla de 178 políticos coaligados en el Congreso para asaltar el poder judicial.

En definitiva, están demoliendo la separación de poderes —una de las principales garantías de que el Estado no tendrá vía libre para cercenar los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos— delante de nuestras narices y, con ello, el mismo Estado de derecho está siendo socavado. Al eliminar pesos y contrapesos, cada vez más poder se va concentrando en menos manos. Ese es el terrorífico objetivo último de todo buen dictador.