El Correo-DIEGO CARCEDO

Que los negociadores del PSOE y ERC que intentan lograr un acuerdo que permita la investidura del Gobierno están trabajando con dedicación, buena voluntad y seguramente alguna esperanza de que el diálogo entablado acabe dando resultados, no hay duda. Pero la realidad es que el empeño parece difícil y a poco que se profundice en los detalles, casi imposible (aunque ya se sabe que en política esta palabra no existe). Es una negociación que parte de posiciones inamovibles y superarlas ofrece el riesgo añadido de que deje en el ambiente una sospecha de algo inconfesable.

La mayor parte de los españoles están hartos de esta situación, que consideran un fraude a la voluntad expresada en las urnas. Si algo han dejado claro las votaciones repetidas es el deseo de los ciudadanos de que se forme un Gobierno estable y fiable y que empiece a resolver los problemas existentes. Que eso dependa, aunque sea tangencialmente, de un partido que niega la mayor –la realidad de un Estado indivisible y una Constitución hecha para todos– inquieta de manera especial.

El problema básico no está en programas ni planes de gestión. Los socialistas y su candidato, Pedro Sánchez, tienen claro y lo repiten a menudo que hay unos límites que no se pueden traspasar en el tira y afloja de la negociación. Son justamente los que los republicanos plantean como exigencias: derecho a la independencia, proclamación de la República, referéndum de autodeterminación y amnistía para los políticos condenados por intentar imponerlo con argucias y conatos de violencia.

Para ERC es una oportunidad excelente que el bloqueo le ha proporcionado: si consigue alguna concesión o avance de esta naturaleza lo celebrará como un triunfo y si no lo consigue se beneficiaría ante los suyos de haberlo defendido y de haber complicado la normalidad pública de cuantos no comparten sus exigencias. El PSOE, mientras tanto, siempre saldrá perdiendo: tanto si consigue la investidura como si no la consigue se quedará con el estigma de la duda de haber negociado asuntos intocables.

Con tantos partidos representados en el Congreso, choca que el árbitro sea sólo uno, minoritario, que contempla el problema como ajeno y actúa en función de deseos inconstitucionales. Y eso dice muy poco de la sensatez de la clase política que tenemos. En su conjunto ya hace tiempo que viene dando muestras de la propensión de sus líderes a actuar más en función de sus intereses que del futuro del país y sus habitantes. ¿No hay entre todos cabezas pensantes susceptibles de reaccionar ante el mal que crea en el ambiente lo que está pasando?

La política española está llena de incongruencias y escasa de hombres y mujeres con mentalidad de Estado. Este mareo de la perdiz en que nos tienen sumidos unos y otros dice muy poco de la mayoría de edad de la democracia y de quienes la están gestionando. Es necesario un Gobierno limpio de sospechas y sin rémoras. Y eso, si facilita a otros la oposición, nos empaña el bienestar de todos.