Se ha convertido en el gran problema nacional. Algo en lo que coinciden derecha e izquierda: la vivienda se ha alzado al primer puesto en la lista de las preocupaciones de los españoles. La vivienda como drama humano. La vivienda como desafío a la convivencia. La vivienda como el problema que finalmente podría hacer caer al Gobierno Sánchez. La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, dijo la semana pasada que la escasez de oferta en el mercado inmobiliario español ha generado un déficit acumulado de 755.000 viviendas desde 2021, cifra que podría incrementarse en otras 300.000 entre los años 2026 y 2028, de modo que para ese 2028 haría falta un millón de casas para satisfacer la demanda. Un millón de hogares necesitados de cobijo. ¿Cómo arreglar tan fenomenal desajuste, en un mercado acostumbrado por las políticas de izquierda a actuar sobre la demanda y dar la espalda, cuando no cercenar, a la oferta? Tras la pesadilla vivida esta última semana y al margen de lo que mañana regurgite el delincuente que nos gobierna, un eventual Gobierno de coalición PP-Vox debería ir pensando en poner en marcha un gran Pacto Nacional por la Vivienda, un pacto capaz de aunar los mejores recursos de la nación. Un pacto para construir un millón de viviendas en 4/5 años, que reúna en un objetivo común los esfuerzos y recursos de empresas constructoras, promotores inmobiliarios, entidades financieras, grandes fortunas (los llamados family offices), y naturalmente la Administración. Que involucre incluso a personajes como Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, acostumbrado a comprar inmuebles en las esquinas más caras del planeta. Con recompensas fiscales para quienes arrimen el hombro, incluso con la garantía del Estado de una rentabilidad mínima, pongamos que la del bono del Tesoro norteamericano, en el bien entendido de que no se trata de hacer ningún negocio, sino de prestar un servicio al país en un momento clave de su historia.

El Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social, concretado en materia residencial en el llamado III Plan Nacional de la Vivienda, logró construir 1.350.000 pisos durante el periodo 1972-1976, a razón de 300.000 anuales. Una decidida política de subsidios, exenciones fiscales y créditos blandos logró transformar España de un país de inquilinos a otro de propietarios. El piso en propiedad como santo y seña de la familia tipo española. Ese éxito del denostado franquismo, que creó las bases de la clase media española, demostró que existe la capacidad para acometer ese futuro Pacto Nacional por la Vivienda. Los recursos existen. Falta de voluntad política. La determinación para acabar con el  maremagnum competencial que hace casi imposible la construcción de vivienda nueva. En efecto, el Estado establece las normas básicas del suelo; las CC. AA. concentran las competencias sobre la planificación urbanística, y los Ayuntamientos otorgan las licencias de obras e imponen mil requisitos burocráticos. Un galimatías que ha expulsado a muchas empresas de la construcción de viviendas, haciendo que las pocas que subsisten se dediquen a la vivienda de lujo, la vivienda cara que solo una minoría puede pagar. Porque al lío competencial se une el coste de construir, el suelo convertido en un bien escaso, la mano de obra cualificada que ha dejado de existir, y esa extraña moda que ha pretendido hacer de los españoles unos señoritos afectos a la domótica, la piscina, las pista de pádel y no se cuantos metros cuadrados de parque arbolado. ¿Resultado? El piso medio sale al mercado a unos precios imposibles para un treintañero que, con suerte, gana 1.800 euros limpios al mes.

Ahí es donde debería intervenir sin miramientos un nuevo Gobierno de centro derecha. Ese es el envite que un eventual futuro Ejecutivo de coalición PP-Vox debería abrazar sin complejos, decidido a cortar por lo sano con las trabas que lastran la construcción de vivienda en nuestro país (el español quiere seguir teniendo casa en propiedad), empezando por resolver ese embrollo competencial y metiendo el bisturí a fondo en cuestiones tales como la liberalización de suelo (responsable del 25% del precio final de un piso), la reducción de los trámites burocráticos, la concesión de las licencias en plazo, la rebaja de impuestos a la construcción, etc., etc.. En suma, un gran plan nacional de vivienda que ponga el acento en la oferta, que prime la seguridad jurídica y asegure la libre competencia. Un programa liberal que retrate las políticas comunistas de este Gobierno cutre basado en la escasez y el miedo. Toda una revolución liberal. Y, ¿qué podría hacer un nuevo Gobierno para aliviar de forma rápida la dramática situación del mercado de alquiler? Dos segmentos sobre los que actuar de forma inmediata y con efectos casi automáticos. El primero consistiría en poner en marcha el parque de vivienda ya existente que, en zonas urbanas de gran demanda, está vacía porque su propietario la ha retirado del mercado por miedo a perderla. Se estima que existen más de 300.000 de estas viviendas que sus dueños prefieren no alquilar ante el riesgo que ello conlleva. ¿Condición sine qua non? La introducción de las modificaciones pertinentes en la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, una liberalización del mercado que otorgue la adecuada seguridad jurídica al propietario. En otras palabras, introducir cambios en la LAU que permitan poner en la calle a quien no pague la renta o quien ocupe una vivienda sin legítimo título de propiedad. Sería el torniquete que detendría la sangría de la escasez de vivienda de alquiler, con un efecto contagio sobre el mercado casi instantáneo, traducido en la consiguiente bajada de precios.

El segundo espacio de actuación, menos inmediato pero igualmente rápido, debería centrarse en los edificios ya construidos pero cuyo destino original no fue el habitacional, aunque podrían fácilmente convertirse en viviendas con poca necesidad de capital y algún retoque de la normativa  urbanística (el PGOU del municipio), caso de las plantas bajas concebidos en origen como locales comerciales a pie de calle, los edificios de oficinas en desuso, fácilmente convertibles en lofts o pisos, y los antiguos almacenes y naves industriales, construcciones todas adaptables para vivienda con una pequeña obra interior. El mercado estima que existen entre 300.000 y 400.000 potenciales casas que podrían ponerse en el mercado en este segmento. Entre los dos módulos, cerca de 700.000 pisos dispuestos a aliviar de forma más o menos rápida la tensionada situación de la vivienda de alquiler, con pocas urgencias de capital y unos cambios legislativos mínimos tendentes a otorgar al propietario la protección jurídica que necesita para animarle a poner su vivienda en el mercado. Hacer lo que no ha hecho en 8 años el Gobierno Sánchez, que ha sido nada, y acometer justo lo contrario de lo que ha pretendido el bellaco en esta última semana. Lo explicó muy bien el viernes Carlos Quero (Vox) en el Congreso: “Si prohibes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables. El proceso siempre es el mismo: inseguridad jurídica, castings inmobiliarios, selección de candidatos por renta, expulsión de aquellos con menos ingresos o menor estabilidad laboral, retirada significativa de oferta y al final del todo, subida de precios”. Puro sentido común, ese que no cabe en la cabeza de la extrema izquierda comunista.

Una de las cosas más curiosas del Sindicato de Inquilinas de Madrid que esta semana ha ocupado la Puerta del Sol con la vivienda por bandera es que no son de Madrid, sino de Barcelona, un invento urdido en las zahurdas de Catalunya en Comú (los Comuns de Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona) y su Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas de Cataluña), en realidad una red de agitadores profesionales, gente liberada (es decir, con sueldo fijo) dispuesta a jugar a la revolución, a menudo procedente de familias bien, dedicados a “proyectos de investigación social” a quienes la vivienda y su problemática encaja como un guante. Son parte de la “industria del activismo” que maneja la extrema izquierda, movida por profesionales del ramo y financiada con fondos públicos que reparten Ayuntamientos, Comunidades y sobre todo el Gobierno de la nación, todo con la opacidad que en el manejo del dinero del contribuyente distingue a la izquierda. Es la materialización de aquella reflexión made in Errejón según la cual el zurderío patrio tenía la obligación de regar de dinero el mapa asociativo para poder contar con cuarteles de invierno a los que retirarse en caso de pérdida del poder y desde los cuales seguir “haciendo la revolución”. La mayoría de las “portavoces” de ese dizque Sindicato son chicas con poca idea de la compleja problemática de la vivienda y con nula de economía, pero con una implacable verborrea revolucionaria (“Derrotemos el poder de los rentistas con una huelga general”), proceden de ese entorno de los Comuns y su Sindicat de Llogateres. Ellas venían desde hace tiempo monitorizando a Maricarmen, dispuestas a montar el pollo en el momento del desahucio de la señora. Son Maricarmen y sus muñecas, generosamente financiadas, entre otros, por el Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), la Secretaria d’Habitatge de la Generalidad, el Programa Ciudadanía Activa (EEA Grants) y, naturalmente, la Open Society de George Soros, uno de los tipos más malignos que ha producido el mundo en mucho tiempo.

Un «sindicato» con 3.000 supuestos afiliados, dirigido por un grupito de burgueses con cursos en universidades extranjeras a los que nadie ha votado, sin ninguna carta de representación legal, pretende imponer una legislación soviética, que entre otras cosas niega el derecho a la propiedad privada (base civilizatoria del mundo que vivimos), sobre la vivienda a un país de 50 millones de habitantes, usando como palanca a 500 chavales, digamos que 1.000, venga, que sean 2.000, lo mejor de cada casa, que ni han trabajado ni cotizado nunca y en su mayoría adscritos a la condición de perroflautas sin oficio ni beneficio. Son 500 o 2.000 pero parecen dos millones, porque de eso se encargan unos medios en gran medida responsables del desbarajuste español, en particular unas televisiones controladas en su mayoría por la izquierda. El espectáculo de la radiotelevisión pública es algo capaz de dejar sin aliento al espectador más curtido. El sectarismo de La 1 de TVE es tan obsceno que raya en lo delictivo. Un ejercicio de manipulación izquierdista inimaginable en cualquier cadena europea, pública o privada. Una televisión a lo Pol Pot, televisión maoísta, las banderas rojas de la Puerta del Sol siempre en pantalla y por sus laterales desfilando una serie de personajes (la “revolución de los necios” que decía Umberto Eco) a quienes el Cintora de turno va tendiendo alfombra roja para que despotriquen contra la mitad al menos de los españoles. Parafraseando a Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, cabría decir que solo hay dos lugares en el mundo donde no han perdido la fe en el comunismo: Corea del Norte y TVE. La deriva de la televisión pública es una de las manifestaciones más evidentes del deterioro institucional que ha sufrido España, un reflejo claro de la gravedad de la crisis española ocho años después de que una organización criminal se encaramara a la gobernación del país.

A ese tren que la extrema izquierda monta en Sol en un intento por recuperar cierto pulso ante el final de época que se avecina, se sube en marcha el presidente del Gobierno, dispuesto a ponerse a la cabeza de la manifestación para tratar de ocultar la pesada carga de sus desdichas, la corrupción que le atenaza y la escandalosa situación de una ciudad española ocupada por un ejército invasor a quien su Gobierno es incapaz de expulsar porque no puede o no le deja el promotor de la invasión. Un ejercicio de precalentamiento para la inminente campaña electoral y un preaviso de lo que sería la oposición a un eventual Gobierno de la derecha. Y tras siete años de brazos cruzados en materia de vivienda, pretende en 48 horas solventar el drama con dos Decretos “contra” la vivienda que son dos torpedos en la línea de flotación del Estado de derecho, dos bombas incendiarias sobre el mercado habitacional, dos textos mal escritos, con una técnica jurídica penosa, llenos de incongruencias y en esencia diseñados para, en el Congreso, entre loas y aplausos al sátrapa, promover una votación capaz de poner a la oposición contra la pared haciéndole cargar con la culpa de los desahucios. Las derechas como verdugo de los vulnerables. Pero Junts, que al revés que los meapilas del PNV no podía tragar ese sapo ante sus votantes, rompió la baraja con el resultado conocido.

Dicen que el gachó que se ha retirado este fin de semana a reflexionar y ha deslizado a sus escribidores de cámara que posiblemente nos sorprenda mañana lunes con la disolución de las Cámaras. La realidad es que el mismo viernes encargó una encuesta express de cuyos resultados dependerá la decisión que tome. No lo hará, aunque no cabe descartar que mañana a primera hora viaje a La Zarzuela para confundir al Rey. No se irá porque el viernes se le pinchó la burbuja. No le salió bien la “performance” del Congreso. Y porque a primera hora de la tarde de dicho viernes se difundió una foto aérea sobre la Carrera de San Jerónimo que permitió ver lo que casi todos sospechábamos: que las tropas que pretendían asaltar el palacio de invierno eras apenas cuatro gatos, quizá 200 manifestantes, no llegaban a 500, una patética demostración del peor perroflautismo, y esa fotografía recorrió el país de punta a cabo demostrando que la calle española no es de la revolución comunista en miniatura que han pretendido ensayar esta semana, y porque, en el fondo, volvemos a lo mismo: a este aventurero de la política solo le importa él mismo. Y tiene miedo: miedo de ir a dar con sus huesos en la cárcel, que es el único destino que merece y le espera, de modo que se trata de alargar la agonía hasta donde sea posible, aunque lo que le viene encima (su mujer, la imputación del partido y la suya propia como secretario general, entre otras cosas), sea de aúpa.

Pero España no puede seguir soportando este desgaste. Inmersa en un proceso de degradación institucional acelerado, el país necesita elecciones generales cuanto antes para que la ciudadanía, esta sí soberana, exprese libremente y sin trampas, sin nietos añadidos, lo que quiere para su futuro. Y si alguien con mando en plaza en el entorno del PSOE quedara con vida democrática, debería alzarse hoy mismo exigiendo esa convocatoria. Nos hallamos en situación límite. No es que hayamos perdido una legislatura entera (como perdimos la última de Felipe González entre 1993 y 1996), es que hemos dilapidado ya 22 años (los últimos desde 2004), sin reformas estructurales de ninguna clase, con las instituciones podridas por una corrupción atroz, con las infraestructuras hechas unos zorros, con España convertida en un paria irrelevante a merced de cualquier sultán dispuesto a asaltar nuestras fronteras cuando tiene problemas en las suyas, con una inmigración descontrolada, con una deuda pública galopante, con la sociedad enfrentada en dos bloques en apariencia irreconciliables, sin proyecto claro alguno de país. Y cada vez más pobres. Es que la violencia verbal escuchada esta semana y propalada desde el vergonzoso altavoz de TVE (el lenguaje guerracivilista del 36 en todo su esplendor) no augura nada bueno. Sánchez ha plantado la semilla de un enfrentamiento violento entre compatriotas. Acorralado, el autócrata podría verse tentado al órdago final, al colapso, a la estrategia de tierra quemada. Urge defender la democracia, esta pobre y mancillada democracia nuestra, sí, porque eso significa hoy tanto como defender nuestra libertad. ¡Elecciones ya!