EL MUNDO – 09/03/16
· El ex presidente asegura que no desobedeció al TC para pedir el archivo de la causa judicial.
El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, no ha dudado en rebajar la importancia del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 para intentar dejar de estar imputado en la causa judicial que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra él, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera y actual diputada Irene Rigau, por los presuntos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación. Los tres investigados pidieron por escrito al tribunal que archive este proceso judicial ya que consideran que no han cometido ningún delito. Para ello, Mas llegó a matizar algunas de sus afirmaciones sobre la importancia del 9-N, ya que admite en su petición que estas votaciones carecen de efectos jurídicos.
«El proceso de participación no pretendió sustituir la figura del referéndum, cuya convocatoria corresponde al Estado. Es así como el del 9-N no pretendió utilizar ni el procedimiento ni las garantías electorales, ni se dirigió al censo electoral y no pretendió obtener un mandato democrático a través de su realización», asegura el abogado del ex presidente, Javier Melero, en el escrito.
Siguiendo con los mismos argumentos que Mas lanzó en su declaración, la petición insiste en que el Govern impulsó las votaciones pero que el proceso participativo se fundamentó «en la colaboración voluntaria de los ciudadanos» y se dejó «en manos de miembros voluntarios de la sociedad civil: de ciudadanos libremente inscritos». También detalla que la Generalitat se limitó a facilitar «locales e infraestructura logística», informar de la «existencia del proceso participativo a través de los medios de comunicación» y «garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos llamados a participar».
Además, el escrito indica que «por mucho que el proceso participativo se hubiera dejado en manos de los ciudadanos» la Generalitat no abandonó «sus funciones estatutarias propias ni en responsabilidad por omisión, respecto a la seguridad y protección de los voluntarios y de los activos de titularidad pública ni iban a renunciar al mantenimiento del orden público, gestionara quien gestionara la convocatoria ni, por supuesto, iban a dejar de informar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, de un acontecimiento político de mayor transcendencia». También rechaza que Mas cometa prevaricación o malversación ya que sus decisiones sobre el 9-N no son «más que el producto de un impulso político articulado y fundamentado a través de las competencias constitucionales y estatutarias que objetivamente le eran propias».
Mas también insiste en que las votaciones del 9-N se pudieron realizar «ante la pasiva conformidad de todos los poderes del Estado» ya que nadie lo impidió pese a que se produjeron numerosas denuncias de asociaciones y particulares. El letrado de Joana Ortega, Rafael Entrena, también reclamó el archivo de la causa abierta contra ella al recordar que no existió desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre, ya que el proceso participativo quedó en manos de los voluntarios. Por su parte, el abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, aseguró en su escrito de petición de archivo que su cliente no recibió ninguna comunicación directa del Constitucional, por lo que no pudo desobedecer.
EL MUNDO – 09/03/16