EL MUNDO 28/08/13
El Govern mantiene intacta su voluntad de dotarse de las ambicionadas estructuras de Estado por si el proceso soberanista llegara, en algún momento, a culminar en la independencia de Cataluña. Con ese espíritu el gabinete de Artur Mas aprobó ayer el proyecto de ley de Acción Exterior, que se ha diseñado «con visión de futuro» para «un país que quiere ser libre» y que, entre otros aspectos, coordinará todas las actividades que afecten a la imagen de Cataluña en el resto del mundo.
La normativa, que será llevada al Parlament de Catalunya para ser debatida en los próximos meses, supone la «piedra angular» de la segunda legislatura de Mas, tal y como la definió ayer en rueda de prensa el portavoz del Govern, Francesc Homs, y reforzará la senda soberanista con la mirada puesta en el referéndum previsto para 2014 para actuar en el exterior «como un país que quiere ser libre», según sus palabras.
El también máximo responsable de la política exterior catalana, sin embargo, rebajó ayer el tono soberanista que podría revestir la futura ley al asegurar que ésta se ha diseñado «con los pies en el suelo» para evitar un choque con el Gobierno, manteniendo en todo momento «el principio de lealtad institucional mutua con el Estado español y otras administraciones». Es decir, que el Govern ha dibujado su contenido ciñéndolo a las competencias que tiene en la actualidad la Generalitat en materia exterior y que están recogidas en el Estatut y la Constitución –relaciones administrativas sí, pero no en el caso de tratados con otros estados y convenios con organismos internacionales, por ejemplo– sin invadir el terreno en el que el único competente actual es el Gobierno central. Además, pese a que se tratará de un instrumento para guiar las «relaciones bilaterales con otros gobiernos» para «defender de forma prioritaria sus intereses [de Cataluña] de forma directa», el Govern también tendrá en cuenta su relación con «los mecanismos de participación» que comparte con el Estado.
Pese a que la creación de la ley de Acción Exterior ya fue avanzada en marzo por el Govern, su aprobación supone un refuerzo tácito a la política internacional de la Generalitat justo cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy busca la manera de atar en corto las actividades en el exterior de los gobiernos autonómicos. Para conseguirlo, el Gobierno está trabajando actualmente en el anteproyecto de la Ley de Tratados que, entre otros aspectos, sometería a control previo cualquier propuesta administrativa de ámbito internacional que planteen las comunidades.
El objetivo del Ejecutivo del PP es evitar que gobiernos especialmente activos en el ámbito internacional como el de Cataluña puedan llegar a invadir en algún momento sus competencias. Así, se prevé que la futura ley permita a los ministerios de Hacienda y Exteriores someter a examen todo proyecto internacional que puedan llevar a cabo los gobiernos autonómicos –incluidos los que están bajo sus competencias–, y si lo consideraran necesario llegar a vetarlos y frenarlos definitivamente. De esta forma el Ejecutivo central se aseguraría tener no sólo la última decisión en cualquier tipo de iniciativa internacional, sino también acudir ante el Tribunal Constitucional (TC) con un recurso cada vez que crea vulneradas sus competencias.
La posibilidad del examen previo y el veto a las iniciativas internacionales con sello catalán, sin embargo, fue ayer rechazada de lleno por la Generalitat. Según argumentó Homs, si el Gobierno «quiere realizar un control previo en un ámbito que es competencia de la Generalitat lo que debería hacer antes es reformar la Constitución». Según recordó, la única institución que puede realizar este tipo de controles es el Tribunal Constitucional.