EL MUNDO 16/10/13
La Generalitat cuantifica la «deslealtad del Estado» con agravios que van desde las inversiones del ‘Estatut’ a las becas y los anticonceptivos
La Generalitat agrupó ayer todos los agravios que ha denunciado en los últimos años causados por el Gobierno central, los recogió en un informe de 50 páginas y los resumió en una cifra, 9.375,7 millones. En un contexto de enfrentamiento abierto entre los Ejecutivos español y catalán por el plan independentista de Artur Mas, el Govern plasmó en ese número la «deslealtad del Estado».
La Generalitat, que había anunciado hace días la publicación del informe, echó mano de esa supuesta «deuda» para achacar al Gobierno el «sufrimiento» que los recortes sociales provocan en «un país entero», Cataluña. Es una constante desde que ERC sostiene a CiU en el Govern: los republicanos pusieron como condición de ese pacto que se culpara a Madrid de todos los ajustes sociales.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, acabó admitiendo que más de la mitad de la deuda que reclama al Gobierno corresponde a las inversiones previstas en la disposición adicional tercera del Estatut, pactada por Mas y José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y que el Tribunal Constitucional (TC) declaró no vinculante para el Estado.
La Generalitat consignó al respecto de ese punto del Estatut, que establece que la inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña debe ser anualmente equivalente al peso de la comunidad en el PIB nacional, 5.748 millones de euros.
Homs reconoció que esas inversiones no son de obligado cumplimiento tras el fallo del TC, pero añadió: «Hubo un acuerdo político [el de Zapatero y Mas] ratificado en un referéndum. Hay una sentencia que sí, les permite hacer una trampita, pero si nos ponemos formales nos ponemos para todo, también para las sentencias que no les dan la razón».
Y en este sentido se refirió a varios casos en los que, en su opinión, el Gobierno «ha pasado olímpicamente» de decisiones judiciales que no le eran favorables. Con un tono teatral que va en aumento en sus últimas apariciones públicas, el portavoz de la Generalitat hizo referencia por ejemplo a la aplicación de la Ley de la Dependencia –la Generalitat reclama que el Gobierno asuma más porcentaje en el gasto que supone– o las becas.
«El caso de las becas es clamoroso», explicó Homs, que destacó que desde el año 2001, cuando el TC dio la razón a Cataluña, ambos gobiernos están litigando y el traspaso de las competencias todavía no se ha producido. «Desde ese año hasta ahora, [los catalanes] han dejado de recibir 120.000 becas», añadió. La actuación del Gobierno es, según el portavoz, responsable del crecimiento de las «desigualdades sociales» en Cataluña.
Otro «incumplimiento» del Estado que detecta la Generalitat es la falta de respeto al principio de ordinalidad –que las comunidades que más aportan a la caja común no pierdan posiciones en la clasificación de lo que se recibe una vez aplicada la nivelación– en la financiación autonómica, y precisamente ese punto era uno de los pilares del modelo propuesto por la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que recibió las críticas de varios barones territoriales populares.
El propio Homs vinculó el documento presentado ayer al desafío independentista que encabeza Mas cuando dijo, en referencia a la negativa del Gobierno español a permitir una consulta: «¿Ellos no dicen cada día que la ley está para cumplirse, y que sólo puede haber diálogo con respeto a la ley? Pues que la cumplan».
En otras áreas, las reclamaciones de la Generalitat ascienden a 672,6 millones en «reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado»; 1.715,2 millones de «medidas estatales que suponen incremento de gasto»; y 1.239,9 millones de «medidas estatales que suponen una disminución de ingresos».
En estos dos últimos apartados la Generalitat incluye partidas tan curiosas como 70 millones de euros de «anticonceptivos de última generación» que el Gobierno decidió subvencionar a costa, según el informe, de las comunidades.
El estudio también denuncia decisiones del Estado orientadas a «menospreciar» la lengua catalana –como la imposibilidad de usarla en el Congreso o en organismos internacionales–, el sistema educativo –la Lomce– o la cultura, con una caída en un 46% de la inversión. Además, entre los agravios se incluye el rechazo de Mariano Rajoy al pacto fiscal o la decisión del Gobierno de recurrir la declaración de soberanía del Parlament.
Homs anunció que la Generalitat hará llegar al Gobierno el informe, y retó al Ejecutivo español a que rebata las cifras.