Mas crea el germen de una agencia tributaria paralela a la del Estado

ABC 21/02/14

· Aunque nace casi sin competencias, la exhibe como un avance hacia la «soberanía fiscal».

Como gran parte de lo que sucede últimamente en Cataluña, mucha pompa y poco contenido. La Generalitat presentó ayer con el boato de quien cree que pasará a la historia el organismo Tributos de Cataluña, que pretende ser el embrión de una futura agencia tributaria catalana, un «proyecto de país» o, empleando la terminología habitual, una de las «estructuras de estado» con las que el gobierno catalán prepara el «día 0» de la independencia. El presidente Artur Mas lo explicó ayer con una definición que la Generalitat espera que haga fortuna: «Avanzamos hacia la soberanía fiscal. Una nueva administración para un nuevo país».

Lo ampuloso de las palabras no tapa lo que en realidad es, por ahora, únicamente un ajuste administrativo según el cual se unifica mediante «ventanilla única» la gestión de los impuestos que ahora recaudan los ayuntamientos, las cuatro diputaciones y la Generalitat. No obstante, Barcelona y otras grandes ciudades con red propia quedan al margen. La red de Tributos de Cataluña nace con 53 oficinas, aunque la previsión es llegar a las 152 y a los 1.399 empleados. Es en todo caso un arranque tímido, suficiente en todo caso para que Mas proclamase que su objetivo es superar la «pulsión centralista» del Estado que «ahoga financieramente» a Cataluña.

«Indecencia democrática»

Tributos de Cataluña se queda por ahora a «mitad de camino», asumió Mas, nada que ver con la previsión de 7.000 empleados y un coste mínimo de 400 millones que según calculó el Consejo de Transición Nacional le costaría a la Cataluña independiente recaudar todos los impuestos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda anunciaron a Ep que «estudian» los pasos dados por la Generalitat, mientras que el PPC adelantó su intención de acudir a los tribunales si el gobierno catalán va más alla de sus estrictas competencias. Para el PSC y C’s, se trata de «vender humo», además de una «indecencia democrática». CC.OO, por su parte, denunció que algunos empleados aún no han sido informados.