ABC 10/03/14
· El proyecto incluye un cuerpo de 300 inspectores y cuesta 700 millones de euros
· El presidente de la Generalitat y sus socios de ERC están volcados en la que consideran la principal estructura de Estado para una hipotética Cataluña independiente, la «Hisenda (Hacienda) Nacional Catalana».
· Pese a que el proyecto está abocado al fracaso sin la colaboración del Gobierno central, para el que este plan es impensable, los partidarios del soberanismo están sentando las bases sin escatimar en gastos.
El primer paso ya está dado. Se trata de la red «Tributs de Catalunya», un ensayo de la Hacienda Nacional que ya cuenta con 53 oficinas de atención al contribuyente, con la colaboración de las diputaciones provinciales de Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida. El siguiente paso en ampliar esa red a 152 oficinas y 1.400 empleados. Todo esto pese a que actualmente la Generalitat sólo se encarga del seis por ciento de los impuestos que se recaudan en Cataluña. A partir de ahí quedaría la gran meta: la conversión de Tributos de Cataluña en la «Hacienda Nacional Catalana». En este punto las cifras son de vértigo: Artur Mas necesitaría entre 7.000 y 8.000 funcionarios –entre ellos, alrededor de 300 inspectores– y una inversión inicial de más de 700 millones de euros. Si la gestión fuera muy eficiente, el coste anual de esta agencia ascendería a 400 millones de euros, según los cálculos del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN).
Esta apuesta soberanista pasaría por una cesión total por parte del Estado. Entre esos 8.000 funcionarios (se calculan 1.000 trabajadores por cada millón de habitantes) estarían los que actualmente trabajan en la delegación catalana de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que serían traspasados. Antes de esto, las ansias nacionalistas pasan por que el Gobierno central les dé acceso a los datos tributarios de los habitantes de Cataluña, para empezar a hacer cálculos.
El presidente del Consejo Asesor de la deriva soberanista de Artur Mas, Carles Viver Pi-Sunyer, aboga por la creación de un «consorcio Estado-Generalitat», previsto en el Estatuto catalán, para realizar los traspasos. De este modo, una hipotética Cataluña independiente tendría amarrados a todos sus contribuyentes, a los que exigiría el pago de los tributos a la «Hisenda Nacional».
Paralelamente, desde la Generalitat ya se trabaja en el diseño de nuevos impuestos para asumir los costes del nuevo estado. El principal asesor de Artur Mas es el inspector de Hacienda Joan Iglesias Capellas, fichado por el «president» hace casi año y con un sueldo de 103.000 euros como cargo de confianza (ver información adjunta). Pero habría más: la Hacienda Catalana necesitaría para su buen funcionamiento la creación de otras instituciones vinculadas, como serían un consejo fiscal, un instituto de estudios tributarios y una dirección general tributaria.
Al margen del modelo de Estado por el que optarían –independiente, federado o confederado–, los soberanistas necesitan plena independencia fiscal: recaudar en exclusiva hasta el último euro de los impuestos que se generan en Cataluña. En la presentación de «Tributs de Catalunya», el pasado 20 de febrero, Artur Mas dijo que ése fue el «paso intermedio para tener una hacienda propia que nos permita recaudar y gestionar todos los impuestos que se pagan en este país».
Rajoy ni se lo plantea
El propio Consejo Asesor para la Transición Nacional reconoce que para este objetivo necesitan la «colaboración» del Ejecutivo central y ése es el objetivo de Artur Mas: poner estos asuntos sobre la mesa de La Moncloa. Desde el Gobierno de Mariano Rajoy, la «Hisenda Catalana», obviamente, no figura ni siquiera en una agenda de debate, pues ya sólo la consulta soberanista va contra la Constitución. Aquí entra en escena la huida hacia delante que plantea ERC, el partido que sostiene a Mas al frente de la Generalitat. Desde las filas de Oriol Junqueras se insiste en que el Gobierno catalán tiene que desarrollar al máximo la Hacienda Nacional Catalana al margen del recorrido del plan soberanista. Es decir, hay que crear en una Hacienda propia aunque ésta no tenga impuestos que recaudar ni inspecciones por realizar, ya que carece de competencias.
Así, ERC ya ha exigido a Artur Mas en el Parlamento catalán que amplíe antes del verano el número de funcionarios del Cuerpo de Inspección Técnica Tributaria de la Generalitat. La «deseada» Hacienda catalana sin competencias y la prácticamente simbólica «Tributs de Cataluña» («un servicio de ventanilla única que supone un primer paso de un nuevo modelo de gestión tributaria», según su definición oficial) se solapan con la Consejería de Economía que dirige Andreu Mas-Colell, que, ésta sí, se encarga de recaudar los tributos transferidos. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los principales impuestos, como el IVA o el IRPF, corresponden al Gobierno central. En contraposición a los planes independentistas de CiU y ERC, Alemania, un estado federal, ha debatido un proceso a la inversa. En 2009, la II Comisión para la Reforma del Federalismo II presentó un estudio que mostraba que una administración tributaria centralizada a pleno rendimiento podría ahorrar más de 11.000 millones de euros al año. El proyecto no prosperó porque los «länder» (estados federados) se negaron a aprobarlo