ABC 02/12/15
· La Generalitat ve «discriminatorios» los requisitos para evitar el gasto soberanista
Ante la misma Justicia que no reconoce como legítima, ante los mismos tribunales que considera secuestrados políticamente, la Generalitat de Cataluña anunció ayer que pedirá amparo para denunciar lo que considera es una «discriminación». Ahogada financieramente, sin posibilidad de recurrir a los mercados, el Gobierno catalán anunció ayer que presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por el abuso «político» que a su criterio suponen las condiciones «diferenciadas» impuestas a Cataluña para poder recibir los fondos pendientes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
En una comparecencia no anunciada tras la reunión del Ejecutivo catalán, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, adoptó su tono más duro para –en castellano, «para que me entiendan»– interpelar directamente al Gobierno y exigir el pago de los 3.034 millones del FLA extraordinario de 2015, previsto para cubrir el déficit no autorizado generado en el ejercicio anterior.
«Votar como es debido»
La Generalitat denuncia que, a diferencia del resto de comunidades autónomas, el Gobierno prevé transferir esa cantidad en diez entregas, una forma de controlar que no se destinan a otros fines que los estipulados, lo que el consejero Mas-Colell calificó de medida «arbitraria e inadmisible». El consejero se preguntó si «los catalanes son ciudadanos de segunda porque no votan como es debido».
La rueda de prensa de Mas-Colell se producía después de que la Generalitat hubiese recibido una partida de 319,3 millones, tras comprobar el Gobierno que el Ejecutivo catalán ha cumplido con las exigencias especiales impuestas para ello. Al respecto, Mas-Colell apuntó que dicha transferencia es un «pago ordinario», lamentando que tanto el ministro Montoro como la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, lo usen «políticamente». Sea como fuere, y recurso ante el Supremo al margen, la Generalitat se ha acabado plegando a las exigencias de Hacienda, y esta semana remitirá al Ministerio las facturas correspondientes a diciembre, que suman 2.715 millones. Si los proveedores no cobran antes de fin de año «no habrá duda dónde reside la morosidad», sentenció Mas-Colell.
El contencioso administrativo ante el Supremo es el último ejemplo de doble lenguaje de la Generalitat, que litiga ante una Justicia a la que ni reconoce y directamente desobedece, como sucede por ejemplo en materia lingüística. En los últimos cinco años, la Generalitat ha recurrido ante el TC un mínimo de 47 normas estatales (19 decretos y 28 leyes) y, sin ir más lejos, el Parlamento catalán recurrió ante el mismo Tribunal al que dijo no reconocer la suspensión de la «declaración de ruptura» de la Cámara Catalana.