José Antonio Zarzalejos-El Confidencial

  • Sánchez se apoyará en los votos del PNV y Bildu como alternativa a la pérdida de los 13 de ERC y a la hostilidad de todos los grupos secesionistas. Y cuando pueda, en el PP

Pedro Sánchez tiene el propósito de acabar la legislatura. Como sabe que perderá las elecciones generales, tanto por la merma de escaños del PSOE como de las fuerzas a su izquierda, es normal que trate de apurar al máximo su estancia en el poder. El problema es que su socio prioritario, ERC, con 13 escaños, no es posible que digiera las informaciones de ‘La Vanguardia’ sobre el alcance de las escuchas en el caso Pegasus

Poco hay que conocer la idiosincrasia de los independentistas catalanes para comprender que esos titulares y esas crónicas del diario barcelonés no las redimen la decapitación de Paz Esteban, ni una comparecencia de Sánchez en el Congreso ni, probablemente, una entrevista entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, también controlado por la intervención de las comunicaciones del Centro Nacional de Inteligencia. Todo ello, en cumplimiento de la Directiva de Inteligencia aprobada por el Gobierno, de naturaleza secreta.

Para los secesionistas, el hecho de que esas intervenciones telefónicas estuvieran motivadas y autorizadas por el magistrado del Supremo, Pablo Lucas, a instancia de la directora de los servicios de Inteligencia, carece de la más mínima importancia. La legalidad les importa un comino. Por eso, no es imprudente afirmar que Pedro Sánchez ha perdido la colaboración pactada con los republicanos al inicio de la legislatura, que no prosperará la excéntrica ‘mesa de diálogo’ (en la que quieren plantear la autodeterminación y la amnistía) y que, en fin, los de Rufián y Junqueras no van a aportar su voto ni a la ley de memoria democrática, ni a la de seguridad ciudadana y ni a la de vivienda, entre otras importantes en el programa legislativo del Gobierno. 

Pero existe una alternativa para, renqueando, continuar con la vida parlamentaria, ya reducida a mínimos: los votos ‘aberzales’ del PNV, que tiene seis escaños en el Congreso, más los cinco de EH Bildu. Once. Si existen dirigentes políticos a los que importe poco o nada haber sido escuchados por el CNI es a los que aglutina Otegi. Lo dan por supuesto porque, algunos de ellos, fueron terrorista de pistola al cinto y pasamontañas ‘borroka’. Están en distinta onda a la catalana y su prioridad es excarcelar al mayor número de presos de ETA.

No es solo que Arnaldo Otegi dijera en octubre del pasado año que con tal de sacar a los presos etarras votarían los presupuestos y lo que hiciera falta. Es que la presidenta de la ejecutiva del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, en entrevista en ‘El Correo’ el pasado primero de mayo, ratificaba que “Bildu ha decidido apoyar a Sánchez de forma incondicional por la cuestión de los presos”. Entre aquellas declaraciones de la dirigente del PNV vizcaíno y el día de hoy, ha mediado la llamada ‘doctrina Atristain’, establecida por el Tribunal de Estrasburgo y según la cual carecieron de garantías los procedimientos penales contra miembros de ETA que fueron incomunicados sin motivación individualizada para adoptar esa medida y no pudieron designar abogados de su confianza, sino que fueron asistidos por los de oficio. 

Aunque hay dudas sobre si estamos ante una sentencia con un efecto similar a la de la ‘doctrina Parot’, que propició la excarcelación de 70 delincuentes al tumbar el Tribunal de Derechos Humanos el cálculo del cumplimiento de la pena impuesta, EH Bildu se empodera en su discurso a favor de la excarcelación de los miembros de la banda que cumplen condena. Y el Gobierno será plenamente receptivo a esta pretensión, y medios para esa comprensión no le faltan. De modo que demos los cinco votos de EH Bildu como seguros para sacar de cualquier aprieto al Gobierno en el Congreso. Ya lo demostraron en la convalidación del decreto ley anticrisis.

Sánchez sabe que el rechazo a los de Otegi es general fuera del País Vasco —y aun allí también se produce en amplios sectores—, pero no le queda otra si logra que en la suma estén siempre los seis escaños del PNV. No los echará de menos si atiende a sus demandas. Los peneuvistas aprovecharán la visceralidad de los secesionistas catalanes para extraer cuantas ventajas puedan. El PNV es un partido pragmático, que ha espiado (*) y que ha sido espiado. No se van a poner estupendos. El PNV se asemeja a una gestoría. Siempre está con el Gobierno central por la sencilla razón de que el sistema de financiación concertado solo es posible si el Ejecutivo central le brinda su apoyo. 

Hasta que no sea el momento de emprender la ciaboga —recuerden: olieron la debilidad de Rajoy en junio de 2018, le traicionaron después de haber obtenido lo que querían y votaron su censura—, los nacionalistas estarán al lado de Sánchez hasta que sea obviamente perdedor. ¿No lo es ya? En la interpretación de los nacionalistas vascos, todavía se puede exprimir más zumo al limón socialista. Y luego, se pone en juego a Aitor Esteban con cuatro obviedades para salir del trance y romper.

Así, con la ‘geometría variable’ —derivada más del oportunismo que de la estrategia—, Sánchez cree que esto aguanta. Es posible que tenga razón y que dos acontecimientos internacionales le pongan en la peana: la cumbre de la OTAN (junio de este año) y la presidencia rotatoria española de la UE (segundo semestre de 2023), aunque de por medio el calendario señale dos graves riesgos: las elecciones andaluzas (19 de junio) y las autonómicas y locales (mayo de 2023). De cualquier manera, agarrarse al clavo ardiendo de los ‘abertzales’ después de haberse caído con todo el equipo con los secesionistas catalanes implica una subsidiariedad política que no esconde el fracaso. La cuenta atrás del secretario general del PSOE ha comenzado. Ayer, el PSOE, ante la eventualidad de una derrota parlamentaria a manos de sus socios, retiró de la ley del ‘solo sí es sí’ de Irene Montero el endurecimiento de la prostitución. Lo abandonaron todos sus supuestos aliados. 

(*) El Tribunal Supremo ratificó en 1992 las condenas penales a dos miembros de la Ertzaintza por escuchas ilegales a Carlos Garaikoetxea en 1986, cuando se produjo la escisión del PNV y la creación de EA. José María Retolaza era entonces consejero de Interior del Gobierno vasco.