EL MUNDO – 15/11/15
· Dignidad y Justicia exige a la Audiencia Nacional que esté vigilante para que cumplan la pena.
· Las víctimas del terrorismo no están dispuestas a bajar la guardia. Quieren apurar todos los caminos judiciales para obtener Justicia. Por eso, siguen presionando para que los tribunales resuelvan los más de 300 crímenes de ETA pendientes.
Por eso, presionan para que los jefes etarras tengan que cumplir condenas por los asesinatos que ordenaron. Y por eso, ahora, reclaman a la Justicia que esté vigilante sobre las penas de inhabilitación para los condenados de la trama política de ETA.
La asociación Dignidad y Justicia, dirigida por Daniel Portero, ha remitido sendos escritos al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, y al fiscal jefe de esta misma sede judicial, Javier Zaragoza. Cifra en 47 los integrantes de estas tramas con penas de inhabilitación pendientes de cumplir.
Las víctimas entienden que se han producido situaciones, cuando menos, de falta control sobre la ejecución de las penas de inhabilitación sobre estos condenados. Y reclaman al jefe de los jueces y al de los fiscales que traten de depurar esta situación. Recuerdan cómo fue esta misma asociación la que tuvo que advertir a la Justicia de que la pena de inhabilitación del parlamentario vasco Iker Casanova estaba siendo incumplida. Y es que había un defecto: no estaba determinado para qué cargos debería estar inhabilitado. Un fallo judicial, del tribunal sentenciador, que la Fiscalía no detectó entonces.
En su escrito, Dignidad y Justicia pormenoriza cada uno de los casos «vivos», con penas aún pendientes, de los que eran los políticos de ETA en esta situación. Según los datos que ha facilitado la asociación a Grande-Marlaska y a Zaragoza, hay 47 integrantes de las diferentes tramas de apoyo a la organización terrorista.
Alerta en sus escritos de un posible «fallo generalizado por parte de las diferentes instancias judiciales intervinientes en los procedimientos seguidos contra la organización terrorista ETA en cuando a la solicitud, imposición y ejecución de las penas de inhabilitación especial, como pena principal, impuestas a todos aquellos sujetos por su integración en organización criminal».
Así, la abogada Vanessa de Santiago desgrana que ha revisado todas las sentencias de los casos Ekin, Gestoras pro Amnistía/Askatasuna y Bateragune.
«En atención a dichas sentencias y, concretamente, las dictadas por el Tribunal Supremo, salvo error u omisión de esta asociación, hay un total de 47 condenados por su pertenencia a la organización terrorista ETA a diferentes penas de prisión así como de inhabilitación especial para empleo o cargo público como penas principales, y que a día de hoy la pena de derechos impuesta a cada uno de ellos no estaría extinguida», apunta el escrito.
El documento recoge en un anexo la relación de estos condenados, en la que se detalla la pena de prisión y la de inhabilitación especial. «Es fácilmente verificable cómo ninguna de las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuestas a todos los condenados está extinguida a día de hoy». Dignidad y Justicia reclama a Grande-Marlaska y a Zaragoza que estudien la denuncia y eviten «que dicha pena quede vacía de contenido y [piden] que los sujetos condenados cumplan íntegramente la condena impuesta y, en concreto, la pena de inhabilitación especial, teniendo en cuenta que muchos de ellos lo han sido por su función dentro del ‘aparato político’ de ETA».
En el listado aparecen los nombres más relevantes de la izquierda abertzale durante las últimas décadas: Arnaldo Otegi, Xabier Alegria, Rafael Díez Usabiaga, Iker Beristain, José Luis García Mijangos, José María Matanzas, Iker Casanova, Elena Beloki, Ana Lizarralde, José María Olano, Julen Celarais, Gorka Zulaiza, Jesús Mirena Beaumont o Iñaki Loizaga son algunos de los nombres que integran esta relación.
EL MUNDO – 15/11/15