Ignacio Camacho-ABC

  • Esta ley es la fractura del pacto constitucionalista. No puede haber memoria común sin lealtades nacionales compartidas

La llamada Ley de Memoria Democrática podría hasta merecer el aplauso si permitiese que el PSOE se dedicara al fin a resolver problemas de Estado una vez consumada su afanosa victoria retroactiva contra el fantasma de Franco, obsesión de la que no ha logrado liberarse ni siquiera después de desenterrarlo. Pero no ocurrirá tal efecto porque, además de un trampantojo ocasional, un artificio propio de la política-simulacro, ese proyecto es la clave ideológica de este mandato: la liquidación del consenso constitucional y del espíritu de reconciliación, que con tanto acierto resumió en su defensa de la Ley de Amnistía Marcelino Camacho, para refundar el régimen del 78 sobre una hegemonía moral de la izquierda basada en la reescritura sesgada del pasado. Una nueva legitimidad que reniega del pacto de la Transición y propugna el retorno a la discordia civil, al enfrentamiento de bandos que produjo el fracaso de los ideales republicanos.

De ahí que la nueva norma no se conforme con la dignificación reparadora de las víctimas de la represión, ni con la anulación de sus sentencias, ni con el imperativo rescate de los restos que aún permanecen en las fosas de la infamia o criando jaramagos en las cunetas. Eso es una cuestión de decencia que hace tiempo debería haber quedado resuelta. Pero la voluntad de adoctrinamiento, de imponer en las escuelas un relato prejuicioso de la dictadura y de la guerra, a despecho de la abundante historiografía objetiva acumulada en las últimas décadas, revela el designio de establecer una verdad oficial que estigmatice solapadamente a la actual derecha como depositaria de un legado de ignominia, deshonor y vergüenza. Y esa memoria oblicua, unidireccional, la alienta un Gobierno que no siente escrúpulo en blanquear a los herederos de ETA y en olvidar o desdeñar la cohesión ética que la resistencia a la agresión terrorista ha proporcionado a nuestra democracia moderna.

Por eso ya tarda Pablo Casado en anunciar su compromiso programático de revertir todos los aspectos de esa ley que no tengan que ver con el justo desagravio a quienes sufrieron el atropello del período totalitario. Porque esto no se trata sólo de una táctica de distracción ante otras urgencias políticas sino de un intento liquidacionista de las bases morales y jurídicas sobre las que se levantó el vigente sistema de libertades individuales y de concordia colectiva. Es una especie de ajuste de cuentas contra el legado de normalidad que representa el modelo constitucionalista. Y, de paso, un truco oportunista para estimular pasiones reactivas que conviertan la escena pública en una diabólica reyerta de simplezas banderizas. El escenario en que la moderación, la inteligencia y la razón queden abolidas en beneficio de la siempre estéril confrontación retroactiva. No puede haber memoria común donde no existen lealtades nacionales compartidas.