Lorenzo Silva-El Correo
No sería bueno que los generales candidatos identificaran al Ejército con la negación de la disidencia
Una de las razones por las que la Monarquía parlamentaria española hoy vigente resulta claramente preferible a la abortada república catalana -incluso para aquellos que nos sentimos de corazón y de cabeza republicanos- es que la Constitución que la regula no deja de amparar la expresión y la defensa por vías democráticas de las ideas que están en contra de la propia forma del Estado y de la unidad de la nación. Otra cosa pretendían los impulsores de esa república felizmente imaginaria, cuya ley de leyes, en su borrador conocido, ilegalizaba todos los partidos que la objetaran; o, lo que es lo mismo, el derecho de participación política de la mitad larga de los catalanes.
Viene la reflexión al caso de una de las últimas ocurrencias oídas en precampaña, debida a uno de los portavoces de Vox, que ha venido a sugerir que la Constitución de 1978 debería ser modificada en el sentido de contemplar, al modo de esa nonata norma fundamental catalana, la proscripción política del disidente ideológico cuando esa disidencia adopte, entre otras, la forma independentista. Es alarmante que quien se dice dentro del sistema constitucional aspire a degradarlo de manera que sea equiparable a los más burdos esbozos de sus enemigos. Y es tanto más preocupante que esto suceda en el momento en que se anuncia la incorporación a sus listas de varios generales, en la reserva, pero a la vez representativos, por su hoja de servicios y méritos en algún caso indudables, de lo que algunos podrían llegar a tomar por el sentir de las Fuerzas Armadas.
Lo de la incorporación de militares a la política -ya sean generales o sargentos- es algo que no se estilaba mucho entre nosotros, aunque ocurre con naturalidad en otras democracias. Puede interpretarse incluso como un signo de normalización democrática; y más cuando se trata de militares en la reserva y, por tanto, en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Por otra parte, y como es bien sabido, no ha sido Vox el primer partido en poner a un general en sus listas. Lo que pese a todo no puede olvidarse es que lo militar aún tiene para muchos más de una connotación problemática, entre otras la identificación con una dictadura ya superada; y quizá no sea la mejor noticia por cómo la explotarán quienes quieren echar abajo la casa común, que alguno de esos generales, ahora candidatos, suscribiera un manifiesto en defensa del autócrata que les negó las libertades a los españoles durante casi cuarenta años, además de bendecir la eliminación física de unos cuantos miles, incluidos, por cierto, algunos muy honorables compañeros de armas.
Los votos dirán. Pero ojalá nadie identifique a los ejércitos con la negación de un derecho a la disidencia que, como parte de la Constitución, tienen también el deber de defender.