SANTIAGO GONZÁLEZ-El Mundo

La Junta Electoral Central había dado un ultimátum de 48 horas a Quim Torra para que retirase de los edificios públicos los símbolos independentistas, tales como los lazos amarillos y las banderas estrelladas por considerar que las citadas simbologías no son compatibles con el principio de neutralidad exigible a las instituciones públicas. Esto fue la semana pasada, no sé si me siguen. Torra hizo saber que no pensaba retirar los lazos, que iba a agotar el plazo y su capacidad de recurrir.

Nada hay tan elástico en la vida como un ultimátum dado por la Ley a unos gobernantes fake con la intención de hacerles volver a mandamiento, vale decir al cumplimiento de la ley. La Junta había estimado una queja más que razonable de Ciudadanos por la exhibición de símbolos partidistas en contra de lo dispuesto en el artículo 50 de la LOREG. Así fueron pasando las horas y los días hasta el lunes, en que la JEC anunció a Torra que le daba 24 horas más para cumplir sus instrucciones. El presidente de la Generalidad se escurrió, alegando que su obligación era la defensa de la libertad de expresión, patatín y patatán, ignorando que la Junta Electoral Central había dejado claro este asunto: la libertad de expresión no es un derecho al que se puedan acoger los gobernantes, que deben mantener una actitud de neutralidad en periodo electoral. Los empleados públicos tampoco pueden invocar ese derecho para utilizar los edificios y lugares públicos de forma partidista.

Nadie habría apostado un euro por la posibilidad de que Torra acatase la orden de la Junta en el plazo señalado. Bueno, pues le dieron 24 horas más, poco más o menos como en la película de Walter Hill que protagonizaron Eddie Murphy y Nick Nolte, dilatando la cuenta atrás más allá de lo tolerable por un sistema nervioso normalmente constituido. Claro que la Junta no se ha conformado con eso, pues buena es cuando se pone a adoptar medidas para restablecer el orden. Además de lo dicho, ha requerido a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, para que informe a la JEC de si se ha cumplido su orden en el plazo fijado. Encomendar a la zorra el cuidado de las gallinas, se llama la figura, sin ánimo de extender mácula alguna sobre la honorabilidad de la virreina de Sánchez en Cataluña. Qué buenos tiempos los de Enric Millo y qué prueba tan palmaria de que todo puede empeorar.

Contra la orden de la Junta el guarda de Puigdemont en Cataluña ha invocado al Sindic de Greuges, pero estos tíos son así. Cuando cada uno de los juzgados por el Supremo sea condenado recurrirá en amparo a la autoridad del portero de su casa. Estas moratorias del Estado de Derecho son una variable tan perfectamente previsible por los golpistas y los suyos que el independentismo las tiene descontadas, salvo quizá el juicio que dirige con pulso firme en el Supremo el juez Marchena.

Por lo demás, este es el material con que se construyen los ataques al juez instructor del procés (Llarena, fil de puta) y los asaltos a las sedes del PP y de Ciudadanos. A esta chusma nadie le ha explicado con algún detalle aquella máxima de Rubalcaba: «El que echa un pulso al Estado lo pierde». Así están las cosas y peor que se pondrán.