Hace más de dos meses, el 9 de septiembre, concluía yo mi Contrapunto con una constatación y un augurio: «Han convertido la Fiscalía General del Estado y ahora el TC en cómplices de su estrategia, a través de un mismo personaje, Cándido Conde-Pumpido, e igual hasta recurren de nuevo a la fundación Henry Dunant para mediar entre el Gobierno y Puigdemont, tal como ha exigido el prófugo a quien rinden pleitesía por mediación de Yolanda Díaz». No me equivoqué en nada. Los hechos van confirmando inexorablemente la lógica de un proceso que arrancó el 11 de marzo de 2004 y conduce a la voladura del régimen que nos dimos con la Constitución de 1978, fundamentada en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Una nación de ciudadanos libres e iguales, sujetos al imperio de la ley defendida hoy en primera línea con extraordinaria valentía por la mayoría de los jueces. Una patria que resiste desde hace décadas las embestidas del separatismo empecinado en quebrarla, con la inestimable ayuda de un Pedro Sánchez que se ha sumado a la causa a cambio de su poltrona.

La aceptación de la fundación Henry Dunant como mediador entre el Gobierno de España y un partido que aboga por la independencia de Cataluña, cuyo máximo dirigente se encuentra huido de la justicia después de protagonizar una intentona sediciosa, no es ni legítima, ni democrática, ni ética, ni casual. Supone, en primer lugar, el reconocimiento de Junts y Puigdemont (léase también Junqueras y ERC) como interlocutores del Estado, representado por el poder ejecutivo, en un plano de igualdad. Lo cual es tanto como aceptar que esas fuerzas políticas no forman parte del normal juego democrático, con un peso proporcional al de su representación parlamentaria, sino que se sitúan en un plano superior, homologable al de la coalición que gobierna. Supone, en segundo lugar, ceder a la vieja exigencia de dichos grupos, que siempre han pretendido «internacionalizar el conflicto» en aras de obtener visibilidad fuera de nuestras fronteras y, con suerte, lograr el reconocimiento de sus presuntas naciones por parte de algún incauto o de alguien deseoso de hacernos daño. (Confiemos en que Israel no ceda a la tentación de confundir a España con Sánchez). Y supone, en tercer lugar, darnos la razón a quienes llevamos años advirtiendo de que el mal llamado «proceso de paz» con ETA sí tenía un altísimo precio político, a pesar del empeño que pusieron en negarlo tanto Zapatero como el PSOE. Fue la Henry Dunant la que pastoreo esas negociaciones, cuyas actas secretas se conservan en sus archivos, y es la misma Henry Dunant la escogida por los sediciosos para mediar ahora. Dado el éxito obtenido por la banda, Otegi debió de recomendar sus servicios. Primero los presos (en Cataluña, la amnistía), después el referéndum. Mismo proceso, idéntica infamia.