Un resultado así no debería ser enarbolado como un triunfo por nadie. Estos números no dan la razón a los que sostienen que el ‘lawfare’ existe. Lo único que indica es que hay una percepción social de desconfianza hacia la judicatura. Pero eso, por sí solo, no certifica el declive de esta ni su inoperancia. Para que fuera así, para que se diese por válido que existe un ‘lawfare’ endémico en España, debería sustentarse tal afirmación en hechos concretos y demostrados, no en la particular visión que tiene de ello un fulano que un día, después de una siesta, contestó algunas preguntas ‘online’ porque tenía un rato que perder. Así que, por ahí, poco que celebrar.

Debería, eso sí, preocupar a quien ostenta el poder. Aun en el caso de que pueda parecerle, a primera vista, que esta encuesta le insufla el aire necesario para convencer (o convencerse) de que lo que la ciudadanía percibe es que son víctimas de una persecución judicial. Pobres. Que todos los casos que les cercan, ya innumerables, han sido fabricados con el fin de perjudicarles. Puede que dos o tres despistados lo crean, incluso podrán convencer a algún perezoso mental de que, en este país, se imputa a altos cargos por tomar dos cafés, enviar un ‘mail’ o aceptar inocentes regalos, si se es socialista. Poco más. ¿Pero vale la pena poner en cuestión la credibilidad y el buen nombre de nuestras instituciones? ¿Van a ser tan irresponsables de sacrificar la honorabilidad del sistema judicial solo porque creen que esto les da la razón de algún modo? Porque, de hacerlo, los primeros perjudicados serían precisamente ellos, aquellos bajo cuyo mandato (ya ocho años de aquel advenimiento para, precisamente, acabar con la corrupción) se habría producido tal degradación de la instituciones.

Tal vez deberían darle una vueltecita en el tan prolífico semillero de ideas geniales: no se puede defender al mismo tiempo, estando en el poder, que existe ‘lawfare’ y que no se es responsable de ello, ya sea por acción o por omisión. Así, si existe ‘lawfare’, el Gobierno es responsable de que eso ocurra y, con ello, de que la democracia en este país fuese francamente mejorable. Y, si no existe ‘lawfare’, deberían dejar de agitar el espantajo, por responsabilidad democrática. No se puede estar a ‘lawfare’ y a probidad del cargo. Todo a la vez, no se puede. Ya lo siento.