EL CORREO – 17/01/15
· La concesión de la libertad condicional al preso, condenado por los secuestros de Ortega Lara e Iglesias Zamora, resquebrajó los lazos entre el PP y las víctimas.
El etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga falleció ayer en su domicilio de Mondragón a consecuencia del cáncer terminal de hígado que padecía, que propició su libertad condicional el 30 de agosto de 2012, hace casi ya dos años y medio. La muerte del ex preso de ETA, condenado por los secuestros de José Antonio Ortega Lara y Julio Iglesias Zamora y por el asesinato de tres guardias civiles, avivó ayer el debate sobre la política penitenciaria del Gobierno central, al que Sortu hizo responsable del desenlace pese a que hace dos años que el terrorista no se sometía a ninguna resonancia ni prueba diagnóstica y hace más de uno que los médicos no le suministraban ningún tratamientos salvo los cuidados paliativos.
El ‘caso Bolinaga’ se cerró ayer definitivamente –solo dos días después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitase 29 años de prisión para él por el asesinato del agente Antonio Ramos en 1986– con la muerte del recluso, pero las consecuencias políticas de la tormenta que desató en su momento siguen vigentes todavía. El responsable del cautiverio más largo de la historia de ETA, el de Ortega Lara –cuyo paradero se negó a revelar cuando había sido ya detenido–, jamás se arrepintió de sus crímenes pero su puesta en libertad por razones legales y humanitarias abrió una grieta entre el Gobierno del PP y las víctimas del terrorismo, que no solo no se ha cerrado sino que se ha ahondado desde entonces.
No en vano, el próximo sábado la AVT ha convocado una manifestación para denunciar la «traición» del Ejecutivo a los damnificados, una impresión que se vio acentuada por la derogación de la ‘doctrina Parot’ y posterior excarcelación de varios sanguinarios etarras, y ayer mismo su presidenta, Ángeles Pedraza, recordó que la concesión del tercer grado, primero, y la libertad condicional, después, a Bolinaga supuso «un antes y un después» en la política penitenciaria del Gobierno y un «golpe bajo a la democracia».
Quienes entonces alzaron su voz contra la decisión de Prisiones de permitir su salida de la cárcel –con el argumento de que podía ser tratado de su dolencia en prisión– reaparecieron ayer para recordar el «profundo error» que supuso su excarcelación, en palabras del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja. Maite Pagazaurtundua, que perdió a su hermano a manos de ETA y hoy en UPyD, lamentó que el Gobierno cediera en 2012 al «miedo» y a las «presiones» y recordó que es importante «marcar límites» porque «esto no ha terminado».
Fue el eco retardado de la fenomenal polémica que se desató en agosto de 2012 en torno al estado de salud real del recluso, que, finalmente, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, resolvió a favor del preso enfermo, que había iniciado una huelga de hambre en el hospital Donostia. La presión de las víctimas fue en aumento y la Fiscalía se opuso a la resolución del magistrado pero la sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia confirmó en septiembre su libertad condicional, siempre que no se acercase al domicilio o lugar de trabajo de sus víctimas, no tomase parte en manifestaciones de enaltecimiento ni hiciese declaraciones que pudieran resultar ofensivas.
Bolinaga cumplió los requisitos, pero las fotografías que aparecieron en prensa del preso paseando en compañía de familiares y amigos levantaron ampollas entre las víctimas y la AVT llegó a presentar una querella contra Bolinaga y los allegados que participaron en su recibimiento en Mondragón. Desde hace tiempo, sus apariciones se habían reducido y, de hecho, fuentes sanitarias informaron ayer de que la recta final de su enfermedad ha resultado especialmente dura, porque la morfina no podía paliar ya los dolores y porque Bolinaga necesitó «asistencia psicológica» para afrontar la muerte y la «angustia vital» que su cercanía le provocaba.
Paz con justicia
Los partidos políticos coincidieron ayer en que no debe celebrarse el fallecimiento de nadie, pero aportaron distintos matices. El PP subrayó su respeto a las decisiones judiciales, en línea con el argumento que siempre sostuvo el ministro Jorge Fernández Díaz: impedir la excarcelación habría rozado la prevaricación. PSOE e IU pasaron también de puntillas sobre el asunto y el PNV consideró que el fallecimiento de Bolinaga demuestra que quienes dudaron de su enfermedad y de su puesta en libertad se equivocaron. Mucho más visceral fue la reacción de Sortu, que achacó la muerte a la política penitenciaria «criminal» del Gobierno. «El ansia de revancha y las políticas de venganza nunca servirán para conseguir la paz con justicia y la convivencia» que necesita Euskadi, subrayaron. Etxerat fue más allá y denunció la «persecución despiadada» contra él en los últimos dos años.
EL CORREO – 17/01/15