Ignacio Camacho-ABC

Es difícil encontrar una institución, de la Corona hacia abajo, que Sánchez no haya sometido a deterioro o maltrato

Sonaba raro. Excusatio non petita. Una nota, en domingo, de la Abogacía del Estado, un organismo general y razonablemente mudo -como así debe ser-, en reivindicación de su autonomía profesional a propósito del informe preceptivo sobre la inmunidad de Junqueras. Si dicho informe, que será público hoy, se pronunciase en contra de los deseos del Gobierno, no explícitos pero de público conocimiento tras la petición abierta de Esquerra Republicana, la aclaración no hacía ninguna falta: se desprendería del propio pronunciamiento. La defensa de la honorabilidad del cuerpo jurídico sólo podía tener sentido en la medida en que su criterio se aleje del de la Fiscalía y coincida con el «gesto» reclamado por ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La digna apelación a la trayectoria corporativa -«desde 1881», como el turrón más caro el mundo que estos días enriquece la despensa de las familias con posibles- sugería una clara interpretación preventiva. Algo así como «el dictamen sale a gusto del cliente pero porque entendemos que es la consideración más conforme a Derecho, y sólo por eso».

Pero en política no hay casualidades. A media tarde, la cadena Ser informaba -con la firma de Nieves Goicoechea, periodista solvente con fuentes bien acreditadas- de que los republicanos catalanes daban el visto bueno a la investidura «tras conocer los planteamientos» de los letrados. Palabras medidas para indicar que el Gobierno había filtrado el contenido esencial, aunque tal vez no el tenor literal del documento. ABC también tiene fuentes, y lo confirmaron. Para Edmundo Bal, el abogado del Estado que pidió la excedencia por discrepancias sobre la acusación de sedición en el juicio del procés, la filtración podría constituir un delito. En cualquier caso, el consejo directivo que con tanto énfasis había reclamado su dignidad profesional ha sufrido casi en el acto una humillación clamorosa, un menoscabo objetivo.

Nada nuevo, por otra parte. Si algo caracteriza al sanchismo es su desdén por el conjunto de procedimientos y formas que regulan el mecanismo democrático. Es difícil encontrar una institución, de la Corona hacia abajo, que no haya sufrido agravio, deterioro, vejación o maltrato. La Abogacía ya lo había comprobado pero ahora le ha tocado, además, convertirse por las buenas o por las malas en moneda de cambio. O en algo peor: en instrumento de un chantaje negociado -¡¡desde la cárcel!!- por un sedicioso convicto y condenado.

Si el rescate place a los chantajistas, en la noche de Reyes el presidente tendrá su regalo. Y los españoles, un Gobierno que antes de formarse ha demostrado su voluntad de someter la acción de la Justicia a su mando, que ha convertido el engaño en método y ha hecho de la anomalía un hábito rutinario. Al final de la legislatura habrá que hacer recuento de las estructuras constitucionales que queden a salvo.