ABC 19/07/15
EDITORIAL
TRAS los comicios del pasado 24 de mayo, ABC ya señaló en esta misma página que el resultado más dramático de aquella jornada fue el registrado en Navarra, tierra irredenta y «madre de la patria vasca» en el imaginario nacionalista. Las convulsiones sufridas por los dos grandes partidos y la cita electoral de este otoño han contribuido a pasar por alto la gravedad de lo sucedido en las instituciones forales, pero la realidad sigue ahí: la ikurriña que ondeó en el balcón consistorial de Pamplona la víspera de San Fermín fue solo un aviso de alcance municipal.
La formación del nuevo Gobierno regional –liderado por la nacionalista Uxue Barkos y apoyado en un pacto en el que participan la extrema izquierda de Podemos y los proetarras de Bildu– va a dejar en manos de fuerzas antisistema una de las comunidades más prósperas de España, cuya Hacienda Foral cuenta con unos recursos financieros que superan en un 70 por ciento la media del resto de España. Sin embargo, lo más grave, por siniestro, es la designación de una representante de Bildu para hacerse cargo de la cartera de Interior del nuevo Ejecutivo regional y dirigir la política policial navarra, una decisión que solo puede compararse con la del PNV cuando permitió que Josu Ternera presidiera la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco. Ni siquiera ETA, en sus peores delirios de grandeza, habría soñado con llegar tan lejos.
Ante este desafío, solo cabe exigir a Barkos que dé marcha atrás en un nombramiento que, de hacerse efectivo, obliga al Gobierno central a bloquear de inmediato al acceso a las bases de datos de la lucha antiterrorista. El Ejecutivo ha de estar vigilante ante cualquier deslealtad, y también dispuesto a aplicar la ley y retirar las competencias de seguridad a una comunidad cuyo plan no es otro que entregar una fuerza armada a una proetarra.