Este Gobierno practica con deleite y soltura la antigua técnica del globo sonda. Ya sabe, eso de lanzar una idea, en general molesta o quizás peregrina, y esperar a ver como le sienta al respetable. Esta misma semana hemos tenido un buen ejemplo que, sorprendentemente, ha pasado bastaste desapercibido. Me refiero a la noticia de que el ministro Escrivá «acepta subir las pensiones máximas» a partir de la segunda mitad del año 2022. ¡Vaya por Dios! ¿Le habrá dado al ministro un ataque súbito de misericordia, precisamente con el colectivo más afortunado? Como ésa no puede ser la idea, dado que todo el gabinete está perfectamente vacunado contra ella, no hay más remedio que continuar leyendo.

Lo que está detrás de la idea es una propuesta simultánea de subida de las cotizaciones, tras proceder a su destope actual. Ya sabe que a partir de un determinado nivel de salario, las cotizaciones a la Seguridad Social no aumentan aunque lo hagan los sueldos, como tampoco lo hacen las pensiones a percibir en el futuro. La base máxima de cotización se sitúa hoy en los 4.070 euros al mes -eso supone una renta bruta anual de 48.850 euros- mientras que los perceptores de la pensión máxima reciben 2.707 euros al mes.

A mi la idea me parece muy inconveniente en sus dos sentidos. Ni deberíamos subir las cotizaciones, ni nuestra principal preocupación debería ser el aumento de las pensiones máximas. Las cotizaciones sociales son, en definitiva, un impuesto al trabajo. Por cada euro que percibe el trabajador, el coste total se eleva a 1,69 euros, entre las cotizaciones a la Seguridad Social (0,41 euros), el IRPF (0,20 euros) y las aportaciones del empleado (0,08 euros).

Aumentar ese coste supondría un grave freno a la creación de empleo, justo ahora que lo necesitamos en cantidades oceánicas. Y por otro lado, las pensiones máximas son muy generosas, dado el nivel de nuestra economía y el calamitoso estado financiero de nuestro sistema de pensiones. No podemos obviar lo inconveniente de una situación como la actual, en donde la pensión máxima se sitúa muy por encima de las cotizaciones que aportan los escasos nuevos cotizantes e incluso es bastante más elevada que la media de los sueldos que perciben quienes tienen la surte de incorporarse al mundo del trabajo.

Por el contrario, reducir este coste supondría un incentivo claro para la recuperación económica, al facilitar el empleo y empujar a las exportaciones. Como le he comentado alguna vez, tras el ajuste fiscal que todos los países europeos realizan en sus fronteras, los productos exportados se libran del IVA pero no de las cotizaciones sociales. De tal manera que aquellos países que financian el sistema más por la vía de los impuestos indirectos y menos por la de las cotizaciones sociales, resultan más competitivos en los mercados internacionales. En resumen, no hay que subir las cotizaciones porque lastran el empleo, ni hay que aumentar las pensiones máximas, porque ya son suficientemente generosas en nuestro entorno económico y en la situación actual.

Apunte sobre la Hacienda foral vizcaína

La relación de poder entre la Administración y los administrados es muy asimétrica, con claro desequilibrio a favor de la primera. Se ve bien en el caso de los fallos aparecidos en las declaraciones de la renta de la Hacienda vizcaína, con declaraciones positivas de personas fallecidas hace décadas, residentes fuera del territorio desde hace años o graves problemas de acceso al sistema. Tanto el diputado general como el de Hacienda reconocieron los errores, que el segundo calificó de puntuales, aunque hayan afectado a 30.000 declaraciones, que son un montón de ‘puntos’. ¿Podría calcular alguien el coste de las multas y recargos en los que hubiesen incurrido los contribuyentes si hubieran sido ellos quienes se hubiesen retrasado y equivocado? ¿Se conformaría Hacienda con sus disculpas sinceras? Creo que no. ¿Usted?