El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, obtuvo su honorable cargo por la carambola del pacto, ya que ERC no fue el partido más votado en la última cita con las urnas. Es él, por lo tanto, quien tendría más que perder si el enésimo cisma entre los socios de la Generalitat desembocara en unas elecciones.

Por eso si se dedicó ayer, en la sesión extraordinaria de su Gobierno, a preguntar a los consejeros de Junts si conocían la propuesta de la moción de confianza que había realizado su portavoz en el Parlamento, fue porque pretendía forzar una división entre sus socios que le permitiera seguir gobernando, al menos, con una parte del equipo. Pero se encontró con un bloque monolítico que mantiene plantear una moción de confianza desde el propio Gobierno y optó, en una decisión que seguramente tendrá consecuencias, por cesar a su vicepresidente, Jordi Puignerò, de Junts.

Es el eterno y cansino pulso que mantienen los secesionistas, que pujan por el liderazgo cuando el independentismo atraviesa sus horas más bajas de movilización, como se pudo comprobar en la celebración de la última Diada. Pero no es un cisma cualquiera. Los recelos de Junts y el hartazgo de ERC hacen cada vez más inviable este desgobierno.

La cuestión de confianza planteada por el portavoz de Junts en sede parlamentaria fue un ultimátum sobrevenido tras la apuesta de Aragonès por recuperar la vía canadiense de un referéndum de autodeterminación a través de un «acuerdo de claridad». Es decir: un referéndum pactado con el Gobierno central. Eso significa la renuncia a la vía unilateral hacia la independencia. Justo lo que están intentando evitar los de Junts desde que ERC apostó por mantener una vía permanente con La Moncloa a través de su mesa de negociación.

Las desavenencias vienen de lejos. Y Junts, espoleado por la CUP, quiere esta vez escenificar su falta de confianza en Aragonès planteándole una iniciativa parlamentaria que socava su autoridad. Desde Junts, aunque con matices, han seguido tensando la cuerda para que ERC abandone la mesa de negociación con La Moncloa, ya que solo la conciben para abordar la autodeterminación y la amnistía. Pero Pere Aragonès no abandonará esa vía que, de momento, le está reportando jugosas contrapartidas. Desde los indultos a los condenados del ‘procés’, hasta el futuro cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional. El mismo tribunal que deberá avalar ese referéndum que se está cocinando en la trastienda de la negociación.

En la ‘desjudicialización’ de la política anda el juego. Que, en lenguaje independentista, significa que no se penalicen los delitos contra la Constitución y que la vulneración de sentencias se normalice como si tal cosa. Es el intercambio con Sánchez para darle su apoyo en el Congreso. Con la que está cayendo con la crisis energética y económica, y los gobernantes de Cataluña -la comunidad que más castiga a sus ciudadanos con los impuestos y que sigue liderando la pérdida de facturación empresarial- entretenidos con el referéndum. Esto no es gobernar.