El presidente dijo el martes en el Senado que su plan para atajar las subidas del precio de la luz era «riguroso, serio y solvente». Pues es una definición equivocada, pues no presentó allí un plan, sino solo un conjunto de medidas apresuradas y poco meditadas. Y lo digo así porque hasta hace pocas semanas el propio Gobierno negó que iba a hacer lo que, al final, ha hecho. En el caso de la energía, un plan tiene que tener una visión de futuro mucho más amplia que los escasos meses que van a estar vigentes las medidas aprobadas; y debe dirigirse a solucionar la raíz del problema, sus causas estructurales, con mayor énfasis que sus efectos coyunturales. Es decir, un plan serio tendría que haber diseñado cosas como el parque de generación óptimo para el futuro o un mecanismo de fijación de precios sostenible. Esto es, que incentivara la inversión y evitara movimientos bruscos como los actuales, no sujeto a modificaciones imprevistas, más o menos caprichosas y no simétricas. Ahora, con el precio del megavatio disparado cerca ya de los 200 euros, ha decidido recortar los beneficios de las eléctricas, que el Gobierno considera exagerados. ¿Pero se planteó aumentar sus beneficios cuando a primeros de año llegó a costar menos de un euro? Por supuesto que no.

Que el sistema necesita una reforma profunda me parece una evidencia. No solo por el problema planteado por la evolución de los precios, también por lo curioso de las decisiones adoptadas. ¿Se ha fijado en que las fuentes de generación perjudicadas, la hidroeléctrica y la nuclear, pertenecen, precisamente, al grupo de las menos contaminantes, a las que se les impone un castigo por no emitir CO2?

El principal problema de las medidas es que atentan contra la estabilidad del sistema y eso puede perjudicar a las inversiones, pues nadie puede desconocer -el Gobierno el que menos- que las empresas, en defensa de sus intereses, van a acomodar sus decisiones al nuevo marco. Y se carga la seguridad jurídica. Las inversiones energéticas, no solo las eléctricas, involucran y comprometen cantidades enormes de dinero y son muy rígidas, por eso necesitan periodos largos de maduración para recuperarse. Emborronar ese plazo puede llevar a su eliminación o a su traslado a otras latitudes. No están los tiempos para permitirnos la pérdida de esas cuantiosas inversiones que generan riqueza y empleos de calidad. Así que no podemos extrañarnos del titular del informe publicado ayer por un famoso banco de implantación mundial: ‘La incertidumbre del mercado es muy alta y dura, pero la del Gobierno lo es aún más’.

Una petición final. ¿No podríamos dejar de hablar solo de los precios del megavatio (eso interesa a las empresas) y hablar del precio del kilovatio, que es lo que concierne a los ciudadanos? ¿Se imagina el susto si cuando nos acercamos a la frutería nos dan el precio de la tonelada de melocotones en lugar del precio de un kilo, que es lo que vamos a comprar? Percibiríamos la realidad con mayor precisión.