ABC 15/04/13
ENTREVISTA JUAN CALPARSORO, FISCAL SUPERIOR DEL PAÍS VASCO
Juan Calparsoro Fiscal Superior del País Vasco Afirma que si la Fiscalía no ha interpuesto una demanda contra Bildu «es porque entiende que todavía no existen argumentos suficientes»
A la Fiscalía vasca se le acumula el trabajo con miembros aforados de Bildu, que están bajo su competencia. A la causa abierta contra Laura Mintegi por justificar políticamente los crímenes de ETA –que «no está archivada» si bien entiende que su «inviolabilidad» es «plena»– se suma ahora la participación el viernes de parlamentarios en el entierro-homenaje a «Thierry» entre gritos a favor de la banda.
—¿Llamar «muertes políticas» a los asesinatos de ETA, como Mintegi, es un hecho constitutivo de delito?
—Hay que contextualizar. Mintegi interviene en un debate parlamentario, vierte unas opiniones que generan una sensación de alarma y agravio en sectores sociales. Pudo suponer una afrenta, humillación o agravio para las víctimas. Son aspectos valorativos, pero no lo he archivado todavía. Lo estamos estudiando con el fiscal general.
—¿Hasta dónde llega la inviolabilidad del parlamentario?
— En la medida en que es una representante política y habla en nombre de sus electores debe estar protegida frente a acciones penales de terceros, para garantizar precisamente su libertad de opinión y expresión en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Es este ámbito, la inviolabilidad tiene una aplicación plena, total.
—Cabe alguna sanción contra Sortu por patrocinar con su marca carteles con la foto de «Thierry»?
—Sí, claro. Otra cosa es que Sortu se desmarque de la utilización de su logo. El Supremo se pronunciará sobre si la exhibición de fotos de etarras es constitutiva del delito de enaltecimiento.
—¿Es partidario de iniciar un procedimiento contra Bildu/Sortu?
— Sé que la Fiscalía del Supremo y el fiscal general están estudiando constantemente, como es su obligación, las actuaciones de estas marcas. Estoy convencido de que si hasta ahora no han interpuesto una demanda es porque entienden que todavía no existen argumentos suficientes.
—¿La presencia de sus miembros en el entierro de «Thierry» es una prueba» más de su vínculo con ETA?
— Acudir a un entierro no es un delito, aunque sea de un terrorista. Salvo que hubieran emitido manifestaciones de apoyo al terrorismo. Pero parece que por su sola presencia es difícil achacar un delito. Habría que ver. En cualquier caso, se ve que no se ha producido esa ruptura, al menos total, de estos partidos con lo que ha significado el terrorismo. Pero esto es una consideración extrapenal.
—Si se tumbara la «doctrina Parot»…
— Habría que ver con qué argumentos y en qué términos la tumba y, sin duda alguna, tendríamos que aplicarla todos los jueces y fiscales de España.
—¿Es razonable que quien asesina una vez esté en prisión igual que el que asesina a 23 personas?
—Pues no. El tema es que las penas privativas de libertad tienen un límite de cumplimiento, actualmente 40 años, y en todos los Estados. Incluso por la propia biografía humana se establecen límites de cumplimiento. Otra cosa es que se entienda que el límite efectivo de quince años era muy reducido.
—Defiende una aplicación «flexible» de la Justicia ahora que ETA ya no mata. ¿Y aunque no se arrepentientan pueden no cumplir toda su pena?
— Las penas hay que cumplirlas, otra cosa es cómo. Los presos de ETA que no hayan mostrado arrepentimiento lógicamente deberían obtener menos beneficios que el que haya mostrado un rechazo a su actividad penal y haya pedido perdón expreso.
—¿La alarma social por violadores en serie es mayor que por los de ETA?
—Por todos. Lo que está claro es que hay unos delitos que generan más sensación de inseguridad, como pueden ser los asesinos por motivaciones diferentes al terrorismo u otros delitos gravísimos contra la libertad sexual. En este momento, afortunadamente, el riesgo de reincidencia de los miembros de ETA es bastante escaso. No digo que sea nulo.
—¿Debe exigirse el esclarecimiento de los 326 asesinatos aún sin resolver?
-Sí. Hay que esclarecerlos, aunque estén prescritos. Hay que buscar algún procedimiento, a través de alguna comisión de tipo político—administrativa, para poder seguir indagando y descubrir la verdad sobre quién y en qué circunstancias se cometieron los delitos. No habría que excluir la posibilidad de que los autores confiesen los hechos, aunque no pueda haber sentencia condenatoria.
—¿Le preocupa que ETA amenace con «consecuencias negativas»?
— Sí. El que subsista ETA aunque no esté ejerciendo acciones terroristas supone ya una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho.