Presos de ETA piden ayuda a IU Para acabar con la dispersión

Presos de la banda terrorista ETA, alineados con el sector «más duro entre los duros», han recurrido a Izquierda Unida de Andalucía (IU-CA), socio del PSOE en la Junta, para que presione al Ejecutivo de Rajoy e impulse campañas a favor de su reagrupamiento en cárceles del País Vasco y Navarra. En cartas remitidas hace pocas fechas a los responsables en Andalucía de IU, y también del PCE, Jaleo Andaluz y la Unión Sindical de Trabajadores, los etarras les agradecen la atención prestada hasta el momento.A la hora de recabar solidaridades en esa comunidad autónoma, los terroristas silencian que de las 857 personas que han asesinado durante medio siglo de genocidio 121, es decir, el 14,12 por ciento de las víctimas mortales, eran naturales de Andalucía, lo que convierte esta tierra en la tercera región más castigada, solo superada por Castilla y León y País Vasco.

Entre los firmantes de las misivas figuran el exdirigente de KAS/Ekin, Xabier Alegría, también conocido como el «Talibán de Lezo», que hace pocos meses fue designado por la cúpula como uno de los interlocutores de ETA en el frente de cárceles; el abogado Txema Matanzas, encargado de transmitir a los reclusos órdenes de la dirección; el «cicloterrorista» Ibai Beobide, detenido por la Guardia Civil en un control cuando intentaba reactivar una red de «comandos» en Guipúzcoa, y Germán Rubenach, vinculado en su día al «comando Nafarroa». Todos ellos, junto con otros dieciocho etarras, están recluidos en el centro penitenciario de Puerto de Santa María III, que acoge, al igual que otras cárceles andaluzas, a los más ortodoxos.

El mismo inductor
Las cartas son muy parecidas, de lo que se desprende que, pese a que cada una de ellas lleva firma diferente, han sido inspiradas por el mismo individuo, quizá Xabier Alegría en su condición de interlocutor. No se presentan como reclusos de ETA, sino como «miembros del colectivo de presos políticos vascos».

Es precisamente Alegría, junto con el también recluso etarra Dabid Gramont, quien rubrica la carta enviada, con fecha del pasado 3 de abril, «a la atención» de Izquierda Unida de Andalucía, socio de José Antonio Griñán en la Junta. «A ustedes, como agentes sociales y políticos que dinamizan esta tierra, Andalucía —dice—, quisiéramos exponerles un problema específico en el que, entendemos, su posicionamiento sí puede que sea más relevante, dado que nos encontramos presos y presas en una cárcel andaluza». En efecto, subraya, «se trata del problema de la dispersión carcelaria, del hecho de que estamos presos y presas a cientos de kilómetros de nuestra tierra, de nuestros domicilios familiares».

«Talibán de Lezo» intenta persuadir a IU exponiendo la mentira de que «la dispersión carcelaria no es legal», sino que se trata de «una decisión política tomada en su día contra colectivos como el nuestro». Ello «para conseguir una serie de objetivos políticos que, por otra parte, a la vista está, no han conseguido». Se jacta así de que la mayoría de los presos etarras no se han arrepentido, no han pedido perdón a sus víctimas; tampoco han colaborado con la Justicia ni en momento alguno han emplazado a ETA a disolverse.

El cese de ETA
El interlocutor etarra en el frente de cárceles intenta reforzar sus argumentos evocando el cese definitivo de la actividad terrorista anunciado por la banda en octubre de 2011. «Aún si cabe, en este momento es menos defendible la ilegal política de dispersión carcelaria: independientemente de cuál sea la valoración que cada uno haga de esta fuerte confrontación entre las realidades estatal española y nacional vasca (en alusión a cincuenta años de terrorismo etarra) es innegable que están abiertas nuevas vías para abordar viejos problemas y, en este horizonte, la dispersión carcelaria forma parte de las viejas vías».

En otro momento, el mismo individuo recurre al argumento de que la dispersión supone un castigo, no solo para los presos de la banda asesina, sino también para sus familiares que deben hacer desembolsos millonarios y recorrer semanalmente cientos o miles de kilómetros, como si fueran los únicos que de encuentran en esta situación.

«Hasta no desactivar esta ruleta rusa, el riesgo se perpetúa cada semana», afirma «Talibán de Lezo». También en este punto se confirma que, aun pidiendo apoyo a terceros, no hay en los presos etarras un atisbo de arrepentimiento por su pasado criminal. «Somos nosotros quienes cumplimos penas de cárcel, como consecuencia de nuestra decisión, análisis y compromiso, no nuestros familiares, que no tomaron estas decisiones». Es decir, para Xabier Alegría, las 857 personas asesinadas en estos años, los miles de heridos, las decenas de miles de familiares destrozados, los 200.000 vascos y navarros desplazados son fruto de «nuestro análisis y compromiso».

Los etarras piden también la implicación de IU y otros grupos de izquierdas de Andalucía para abordar «otras problemáticas relacionadas con nuestro colectivo». Y citan la exigencia de libertad de los reclusos con enfermedades y la liquidación de la doctrina Parot. Aunque, a renglón seguido, parecen dejar estos objetivos para futuras cartas, ya que «en esta comunicación, al menos, quisiéramos situarnos en la mencionada dispersión carcelaria».

Un calco
El «abogado» Txema Matanzas firma la carta enviada al PCE de Andalucía, con fecha de 31 de marzo, que es prácticamente calco de la que tiene como destino IU. Sin embargo, en un punto especifica más, al pedir a los comunistas que hagan «alguna reflexión pública sobre la dispersión» o «incorporar vuestra posición a la línea político-institucional de vuestra formación», que en el caso de Andalucía afectaría a la propia Junta y a algunos ayuntamientos, donde está presente IU. Tras quedar a «vuestra disposición», Matanzas explica a los dirigentes del PCE que «lo deseable es que se contribuyera, entre todos, a impulsar en la sociedad una reflexión acerca de lo inadecuado de la actual situación». Tras agradecerles «la atención que me habéis prestado hasta ahora», el preso etarra termina la carta «deseándoos éxito en vuestros propósitos y cometidos y en torno a los cuales, como os podéis imaginar, los puntos de coincidencia entre vuestras posiciones y las nuestras son múltiples».
Con los mismos deseos de éxito se despide el pistolero Germán Rubenach en la carta enviada a los dirigentes de Unión Sindical de Trabajadores y Enseñantes de Andalucía (Ustea), del pasado 27 de marzo. El resto es prácticamente similar al contenido de las otras misivas. Por ejemplo, cuando se queja de que «nosotros y nosotras no somos andaluces, pero estamos en una cárcel ubicada en Andalucía». Una reflexión que los etarras no se hacían cuando estaban en libertad, ya que asesinaban en Andalucía, Galicia, Castilla y León, Aragón… y, salvo alguna excepción, no son andaluces, gallegos, castellano-leoneses, aragoneses…

Derechos humanos
También apelan a los sentimientos de IU, PCE y Ustea cuando reiteran que la dispersión vulnera los derechos humanos; otra reflexión que tampoco se plantearon cuando campaban a tiro limpio asesinando, en un alto porcentaje, a trabajadores de Andalucía.
Gerán Rubenach asesinó en 1990 a un sargento de la Guardia Civil durante un tiroteo con el Instituto Armado. Murieron sus dos compañeros de comando y Rubenach fue acusado de matar a uno de ellos como parte de un pacto para no caer en manos de las Fuerzas de Seguridad. Él resultó herido grave al dispararse en la cabeza.
Igual, prácticamente, es la carta enviada el pasado 1 de abril a Nación Andaluza-Jaleo Andaluz por el «cicloterrorista» Ibai Beobide, detenido hace tres años cuando se desplazaba en una bicicleta en la localidad guipuzcoana de Villabona. Gracias a su captura, la Guardia Civil frustró el plan que le había asignado la dirección de la banda para montar una trama de «comandos» en Guipúzcoa.