En particular, este pasado miércoles, Iglesias subió a la tribuna del Congreso para volver a atacar a los medios de comunicación. Lo hizo de un modo general, acusándolos de marcar la agenda y de constituir un contrapoder contra la acción del Ejecutivo sin poseer legitimidad alguna para ello. La voz de los medios, dijo, es la voz de sus dueños, y como esos dueños no han sido votados por nadie, entonces no están legitimados para expresarla. Solo aquellas personas que han recibido, de alguna manera, el aval democrático de la ciudadanía deberían poder influir sobre la agenda política: de ahí que Iglesias también propusiera implantar un control democrático (político) sobre los medios de comunicación e ir reemplazando la prensa privada por prensa estatal cuyo acceso, eso sí, fuera reglado por oposición y no por designación gubernamental (al menos en teoría, la práctica probablemente sería otra).

Pero lo que, en última instancia, se desprende de este discurso es que Pablo Iglesias está en contra de la libertad de prensa: es decir, que está en contra de la libertad para iniciar la creación de un medio de comunicación que pueda terminar volviéndose lo suficientemente influyente como para presionar a un poder político que, a su entender, debería ser el poder absolutamente soberano dentro de una comunidad. Desde el punto de vista de Iglesias, si algún periodista, periódico o grupo de comunicación termina convirtiéndose en un contrapoder efectivo del poder político (merced a su capacidad para influir sobre la opinión pública y, por tanto, para condicionar la acción del Gobierno), entonces su libertad de prensa debería quedar subyugada a la agenda del Ejecutivo porque los medios de comunicación no han sido electos ni directa ni indirectamente por los ciudadanos, mientras que el Ejecutivo sí lo ha sido.

A este respecto, claro, el error (o la manipulación) de Iglesias es doble. Por un lado, la legitimidad no solo se adquiere mediante el voto: las libertades individuales (como la libertad de prensa) son formas de legitimar todos aquellos comportamientos que se efectúen al amparo de esas libertades y que, claro, no violen las libertades de otros. Un medio de comunicación no necesita de una fuente externa de legitimidad (o aprobación) política para que su actividad, influyente o no influyente, sea legítima: su actividad es legítima por cuanto está actuando al amparo de la libertad de prensa.

Por otro, no es verdad que los medios de comunicación no sean escogidos directa o indirectamente por los ciudadanos: cada ciudadano escoge a través de qué medio desea informarse y no informarse, de modo que es a través de estas relaciones bilaterales y voluntarias como cada medio de comunicación es validado por sus lectores o espectadores. Por supuesto, uno podrá mostrar preocupación de que se constituyan monopolios mediáticos que restrinjan la libertad de elección de los ciudadanos; incluso defender que, en tales casos, el Estado intervenga para posibilitar la pluralidad informativa. Pero esa no es la crítica central que lanzó Iglesias desde el Parlamento: su crítica central es que los medios de comunicación, sean muchos o pocos en número, terminan actuando como contrapesos del poder político y eso, para Iglesias, es ilegítimo de raíz por su concepción absolutista del poder político sobre cualquier otra manifestación de poder social (incluyendo el ejercicio de las libertades individuales).

En definitiva, el discurso que hiló el líder de Podemos en sede parlamentaria es un discurso que socava de raíz la libertad de prensa: un discurso que reivindica la servidumbre de cada parte de la sociedad al poder político por ser este, falsamente, el representante de la voluntad soberana de la sociedad en su conjunto.