Pacto para que los corruptos de Unió no vayan a la cárcel

Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el 50% de la federación que gobierna en Cataluña, se benefició de 197.285 euros desviados de fondos públicos. Así consta en el acuerdo firmado ayer por la Fiscalía con la Abogacía del Estado, la Generalitat, los abogados de los cuatro principales procesados y el letrado del partido, para evitar el juicio por el caso Pallerols. Fuentes judiciales explicaron que el partido de Josep Antoni Duran consignó ayer mismo 300.000 euros de los 388.000 que se ha comprometido a pagar en nombre de los cuatro acusados y de la propia Unió, considerada responsable civil subsidiaria.

En este acuerdo de conformidad, el fiscal Fernando Rodríguez Rey rebajó las penas para el empresario Fidel Pallerols; el ex miembro del comité de gobierno de Unió Vicenç Gavaldà; su hermano Lluís Gavaldà, director general de Ocupación de la Generalitat a finales de los 90, y el empresario y también ex militante de UDC Santiago Vallvé, que también fue condenado en el caso Turisme. En un principio, el Ministerio Público reclamaba penas de entre siete y l1 años de cárcel para estos acusados, aunque finalmente Lluís Gavaldà se conformó con 18 meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos.

Pallerols y Vicenç Gavaldà serán condenados a siete meses de cárcel y a una multa por un delito continuado de fraude de subvenciones y otro de falsedad en documento mercantil. Vallvé está considerado como «cómplice» en estos dos delitos, por lo que deberá pagar una multa. Estos tres procesados aceptaron pagar unos 260.000 euros de multa entre los tres, aunque fuentes judiciales explicaron a este diario que Unió podría hacer frente al pago de una parte de esta cantidad.

Los cuatro acusados más Unió deberán abonar además 388.483 euros, que es la cantidad que la Generalitat reconoce como el perjuicio que sufrió por esta malversación. Ayer se abonó un pago de 300.000 euros, que se consignó en el juzgado, y en los próximos días se pagará la cantidad restante, así como los intereses legales. Con estas penas, ninguno de los futuros condenados deberá ingresar en la cárcel, ya que no llegan a los dos años que marca el Código Penal para entrar en ella, siempre y cuando se carezca de antecedentes.

En el pacto, el fiscal retiró la acusación contra la esposa de Pallerols, María Cruz Guerrero, y contra la número dos de Lluís Gavaldà en el Departamento de Trabajo, Dolors Llorens, tras considerar que sus papeles en la trama son «secundarios».

Para esta rebaja de pena y retirada de acusación, la Fiscalía tuvo en cuenta varias atenuantes, como los casi 13 años que han pasado desde el inicio del procedimiento o el dinero que habían devuelto los acusados previamente al juicio. Además, se destacó la «debilidad probatoria» de las acusaciones, ya que los hechos se remontan a mediados de los 90 y algunos testigos han fallecido.

Los acusados reconocieron que, entre 1994 y 1997, la Dirección General de Ocupación del Departamento de Trabajo, en manos de Unió, promovió varios programas de formación ocupacional, utilizando centros colaboradores. Tres de ellos estaban controlados por Pallerols y su esposa, que presuntamente se pusieron de acuerdo con los otros acusados para desviar parte del dinero recibido. De los casi nueve millones de euros que recibieron los centros de Pallerols, se calcula que la Generalitat sufrió una pérdida de más de 388.000 euros.

Los cargos públicos entregaban subvenciones «muy por encima» del coste de estos cursos y unos 200.000 euros sirvieron para pagar nóminas y comprar material en sedes de Unió, por lo que el partido será condenado como partícipe a título lucrativo, además de responsable civil.

Con este acuerdo, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, no deberá acudir a declarar como testigo. Poco después de estallar el asunto, en el año 2000, dijo que pensaba dimitir si se demostraba que su formación se había financiado ilegalmente.

Tras el acuerdo, el abogado de Vicenç Gavaldà, Manuel González Peeters, declaró que «el hastío de 15 años de pleito lleva a tomar decisiones inadecuadas», en relación a aceptar la conformidad.

También se retiraron los cargos contra otro ex empleado del Servicio Catalán de Ocupación, Jaume Pallerols, defendido por el letrado Enrique Cancelo, a quien la Generalitat acusaba de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos.

EL MUNDO 09/01/13