Uno de los principales indicadores del deterioro de nuestro sistema constitucional es la irrelevancia en que ha caído el Parlamento. Al hecho de que su potestad legislativa se ha visto gravemente mermada por el uso abusivo del decreto ley por parte del Gobierno se suma la inutilización de sus mecanismos de control. En el Congreso de los Diputados no se debate ninguno de los grandes temas que afectan a nuestra política de seguridad y defensa. Esto quiere decir que el Ejecutivo, al que legítimamente le corresponde dirigir la política exterior y de defensa (artículo 97 de la Constitución), ejerce esa facultad sin control político. El Gobierno, mediante procedimientos espurios, ha conseguido, hasta ahora, que el Parlamento haya renunciado a fiscalizar la política exterior y a exigirle responsabilidades por ella. El Ejecutivo en este ámbito no rinde cuentas ante nadie.

Ninguna de las tres decisiones fundamentales en materia de seguridad y defensa adoptadas por el Gobierno de Sánchez durante el último año ha pasado por las Cortes. En primer lugar, el compromiso adquirido en el seno de la Alianza Atlántica de incrementar nuestro presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB no se recoge en el proyecto de ley de Presupuestos. El Gobierno recurre a ampliaciones extraordinarias de crédito y evita así el debate parlamentario.

En segundo lugar, el pacto alcanzado con el Gobierno de Estados Unidos para aumentar su presencia militar en España, en la base de Rota, con dos nuevos destructores -parte del escudo antimisiles de la Alianza, se sumarán a los cuatro ya instalados allí desde 2014 y 2015- se ha formalizado como un acto administrativo de desarrollo del Convenio de defensa bilateral y se ha evitado una modificación formal del mismo. Se elude así el debate y votación en las Cortes, a las que la Constitución atribuye la facultad de autorizar al Gobierno para suscribir tratados de naturaleza militar (artículo 94). Aunque jurídicamente es posible entender que el acuerdo no requiere modificar el Convenio, lo que es inaceptable es que su contenido no se debata en el Parlamento.

En tercer lugar, una de las decisiones más relevantes para el futuro de la guerra de Ucrania, como es el envío de carros de combate Leopard 2, tampoco ha sido objeto del imprescindible debate en el Congreso de los Diputados.

Se trata de tres decisiones muy acertadas que traducen el pleno compromiso de España con la defensa de Europa, con la alianza con EE UU y con el respaldo a Ucrania frente a la criminal agresión rusa. Pero que sean acertadas no exime en modo alguno al Gobierno de su obligación de explicarlas y de rendir cuentas ante el Parlamento. Los ciudadanos tenemos derecho a saber la opinión de nuestros representantes sobre unas medidas que tendrán importantes consecuencias.

En países como Alemania, el Parlamento ha debatido el envío de armas a Ucrania. Los partidos políticos han tenido que retratarse, motivar sus posiciones y explicar las consecuencias de las mismas. No es sorprendente que la extrema izquierda germana (La Izquierda) y la extrema derecha (Alternativa para Alemania) hayan coincidido en su oposición a ayudar a Ucrania. A diferencia de los alemanes, los españoles no sabemos con claridad cuál es la posición de nuestros representantes. La elusión del debate político sobre estas cuestiones en el Congreso es inaceptable en un sistema democrático parlamentario.

Con todo, el rechazo del Gobierno a exponer sus posiciones en política exterior y de defensa no obedece en modo alguno al riesgo de quedar en minoría. Al contrario, el Gobierno sabe que la inmensa mayoría de los diputados respalda su política exterior y de defensa comprometida con Europa, Ucrania y la Alianza Atlántica. Si cualquiera de esas decisiones se sometiera a votación, lograría una mayoría muy holgada. Cualquier debate sobre la política exterior y de defensa de nuestro país pondrá de manifiesto que el PSOE y el PP comparten afortunadamente la misma posición. Esto es, que en la cuestión política más relevante a la que se enfrenta todo gobierno europeo (el compromiso y la ayuda política, económica y militar a Ucrania), el PSOE tiene el pleno respaldo del primer partido de la oposición. Ahora bien, el Gobierno se enfrentaría a una situación que pondría de manifiesto que la verdadera oposición a sus políticas está en el propio Consejo de Ministros y en las fuerzas en las que se sostiene.

En definitiva, el Ejecutivo se niega a debatir y a votar sus medidas en política exterior y de defensa, por un lado, para no desvelar sus profundas contradicciones internas; y, por otro, para evitar mostrar su plena coincidencia con el Partido Popular. En este contexto, resulta muy positivo que exista una política de Estado compartida por PP y PSOE, pero es inaceptable que no se debata en el Parlamento.