Una semana después de prohibir el botellón, el Gobierno vasco toma una nueva decisión: prohibir el botellón. Prohibirlo sin usar el verbo ‘prohibir’ porque el derecho de reunión es fundamental y entre nosotros no es ya el amor, sino la teoría constitucional, lo que está en el aire.

De ese modo, en el decreto del 7 de julio del lehendakari «se determina el deber» de no formar parte de encuentros que representen aglomeraciones de personas y en el decreto que entró ayer en vigor «se determina la imposibilidad de permanencia» en grupos de no convivientes entre las doce de la noche y las seis de la mañana. Cuando la semana próxima el Gobierno vasco dé un paso adelante y prohíba de nuevo el botellón, el Boletín Oficial puede parecer ya escrito por Edmund Husserl: «Se establece la determinación recomendable de la imposibilidad…»

Por si no bastase con las instrucciones abstractas, la responsabilidad de evitar ‘los litros’ el Gobierno se la lanza a los ayuntamientos. Pero no es fácil precintar todos los parques en Vitoria. Y además estamos en julio y los botellones se desplazan también a zonas de veraneo en las que los alcaldes puede que no tengan ni policía municipal y se ven tradicionalmente sobrepasados a la hora de controlar el aparcamiento si hace sol. Como para tener que encargarse del orden público, del nihilismo adolescente y de la situación sanitaria del país.

Si poner normas que no se sabe cómo se van a cumplir es una invitación a la ineficacia, todo tiene además un extra absurdo: antes de la pandemia, el botellón ya era un problema multable al amparo de un montón de ordenanzas y leyes de adicciones o de seguridad ciudadana. Prohibir lo que estaba prohibido parece puro teatro pandémico y genera confusión. Intuyéndolo, el lehendakari explicó ayer lo que se pretende: «Planteamos que se tome como prohibición».

O sea, que es el ciudadano quien debe asumir la certeza coercitiva. Ahora que en el Bachillerato se estila más lo de la argumentación y el debate, no debería serles difícil a los jóvenes convencer a los guardias de que, al asumir ellos la prohibición antes de haberla infringido, lo que van a hacer en correspondencia es asumir igualmente la sanción y multarse a sí mismos, pero después.

El lehendakari se ausentó ayer del homenaje de Estado a los sanitarios y a las víctimas del covid. Santiago Abascal también lo hizo. Por supuesto, no tiene nada que ver. Urkullu sí representa a todos los ciudadanos de una comunidad autónoma. Lo mejor fue sin embargo el motivo del lehendakari para no ir a Madrid: la situación pandémica hace al parecer «mucho más oportuno limitar al máximo cualquier desplazamiento». Bueno, al máximo. Sin mirarlo mucho, el alcalde de Bilbao se desplazó el miércoles a Madrid para firmar un soterramiento en el Ministerio de Transportes y el consejero de Cultura del Gobierno vasco tiene hoy en su agenda un desplazamiento a Girona para asistir a un ballet en el festival de Peralada. El razonamiento del lehendakari sugiere además una tentación perversa e innecesaria: comprobar cómo la clase gobernante limita al máximo sus desplazamientos también durante las vacaciones.

El Govern formaliza ante el Comité Olímpico Español su candidatura para los Juegos de Invierno de 2030. Tras el proyecto, un tripartito inédito: Esquerra, Junts y PSC. A los comunes la idea les espanta por razones ecológicas. Y a la CUP por el lado de la libertad. Con razón. Es raro que, en medio de la lucha heroica por la independencia, un pueblo indómito pare para pedirle al opresor la organización de unos Juegos Olímpicos. Y Puigdemont, que igual se hace belga. Debe de estar Eduardo Mendoza encargándose al fin de Cataluña, la verdad.