EL CORREO 06/05/14
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
La detención durante unos días del líder del Sinn Féin, Gerry Adams, para investigar su presunta implicación en un asesinato de 1972 ha generado tensiones políticas en el Ulster y ha puesto de manifiesto que el modelo de paz de aquella región, tan elogiado por estos pagos, tiene sin resolver cuestiones tan importantes como la aplicación de la justicia a los casos pendientes del pasado. Llama la atención que, dieciséis años después de la firma de los acuerdos de Viernes Santo, se hable de que el «proceso de paz» de Irlanda pueda estar en peligro por la detención de Adams.
Los conflictos en Irlanda del Norte sobre la forma de aplicar la justicia en los casos pendientes –se estima que unos 1.800 asesinatos están todavía sin aclarar– vienen manifestándose desde hace tiempo. La Policía norirlandesa (PSNI) creó en 2005 un equipo encargado de las investigaciones históricas, cuyo trabajo dejó a las familias de las víctimas «vergonzosamente defraudadas», según un balance efectuado por Amnistía Internacional en 2013. El mismo año en que se creó ese equipo, el Gobierno de Londres quiso aprobar una ley que evitaría juzgar a terroristas con asuntos pendientes, pero se topó con el rechazo de unionistas y republicanos.
El pasado año, la Fiscalía de Irlanda del Norte volvió a proponer que se dejaran de investigar los asesinatos del pasado. Hace apenas dos meses se planteó una nueva crisis cuando se descubrió que el Gobierno de Londres había dado cartas a terroristas del IRA diciendo que no estaban buscados, a pesar de que en algunos casos sí lo estaban. Las cartas eran admitidas como salvoconductos por la Fiscalía, lo que para los unionistas constituía una amnistía encubierta.
El ‘caso Adams’ ha sido presentado por sus partidarios como un dilema entre paz o justicia de forma que si se elige la aplicación de la ley se pone en peligro la paz y si se quiera ésta hay que renunciar a la acción de la justicia. Es un dilema interesado para buscar la impunidad propia, porque ese planteamiento seguro que los defensores del líder del Sinn Féin no lo aplican, por ejemplo, en el caso de las muertes del ‘Domingo Sangriento’ provocadas por las tropas británicas.
Una actitud similar mantiene la izquierda abertzale en el País Vasco, que protesta cada vez que se detiene, se juzga o se encarcela a alguien por actividades terroristas de ETA y acusa al Gobierno de «agredir al proceso de paz». Desde 2012, los herederos de Batasuna vienen defendiendo la aplicación de una justicia transicional «sin vencedores ni vencidos», convirtiendo ese modelo de justicia, pensado para situaciones de crisis en las que los instrumentos ordinarios de justicia están desbordados y no tienen capacidad de funcionar, en un mecanismo para garantizar la impunidad penal de los miembros de ETA.
Lo que está ocurriendo en Irlanda del Norte demuestra, precisamente, lo contrario de lo que pretende la izquierda abertzale; que es muy difícil alcanzar la paz renunciando a la justicia y que las sociedades actuales no aceptan con facilidad una disyuntiva de esa naturaleza.